Cádiz Laica denuncia que se destinen recursos públicos «a la conservación de patrimonio de uso privado»

Tanto el equipo de gobierno como el PSOE de Chiclana pretenden el uso de recursos públicos para mantenimiento de patrimonio de la Iglesia Católica

Cádiz Laica, una asociación que se formó en el año 2001 para reivindicar el carácter laico del Estado, ha emitido un comunicado en relación a la nota de prensa publicada el pasado 14 de mayo, en la que el PSOE anuncia que presentará al próximo pleno del Ayuntamiento de Chiclana una moción para facilitar las actuaciones oportunas para la conservación de la Ermita de Santa Ana, la parroquia de San Juan Bautista o la capilla del Santo Cristo y la respuesta, en el mismo sentido, por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento.

Esta entidad quiere hacer público que “desde la defensa de la independencia entre la religión y el Estado, denunciamos que se pretendan destinar recursos públicos a la conservación de patrimonio de uso privado”.

Los propietarios de bienes de valor histórico-arquitectónico “son los responsables de su conservación”. La administración pública “es responsable de velar de su cumplimiento, si es necesario expropiando los edificios históricos descuidados o, como poco, acordando con los propietarios un retorno para todos los ciudadanos, equivalente al gasto, horario de visitas distinto del de cultos, cesión de parte de la propiedad, cesión de otras propiedades…”.

“Consideramos, además –agrega esta asociación-, que en la situación de crisis actual, especialmente en Chiclana, existen necesidades más urgentes que atender por el Ayuntamiento, como son la atención a los parados, desahuciados, fomento de empleo, servicios sociales, etc.”.

El objetivo principal de Cádiz Laica es, desde el respeto a la libertad personal de conciencia, la efectiva separación del Estado de las religiones, la eliminación de privilegios jurídicos, políticos, simbólicos, económicos y tributarios de entidades organizadas de cualquier naturaleza, ya sean religiosas o no.

Promueve el fin de la financiación de las religiones por el Estado, el fin de las exenciones fiscales, la eliminación de los símbolos religiosos en instituciones públicas y centros educativos así como la eliminación de la asignatura de religión en la Educación Pública.

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