Pretende dar las claves para la inminente reforma de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, y sobre la que Caamaño avanzó algunas novedades.
“La libertad de conciencia no puede ser una excusa permanente para desobedecer la ley”. Así de tajante se mostró esta mañana el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, durante la apertura del curso “La pluralidad religiosa en la sociedad española contemporánea. Cuestiones a debate”, que organiza la Fundación Pluralismo y Convivencia en El Escorial. Un curso que pretende dar las claves para la inminente reforma de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, y sobre la que Caamaño avanzó algunas novedades.
En su interlocución, el titular de Justicia comenzó incidiendo en “la necesidad de replantearnos, 30 años después y a la vista de la situación real, hacia dónde camina el pluralismo religioso”. En opinión de Caamaño, “la sociedad española ha cambiado muchísimo, también en lo tocante a la libertad religiosa y al modo de practicar su libertad en este sentido”. Y, con pautas distintas, “debe operar un marco legal acorde a estos cambios”. Y eso pretende ser la futura Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia que prepara el Ejecutivo socialista.
Una normativa que, sin cerrar las puertas a la libertad religiosa, sí marque el camino a seguir, sin tener únicamente en cuenta, como sucedía hasta la fecha, a la confesión mayoritaria (la católica). “También la libertad religiosa tiene que tener límites”, adujo Caamaño, explicando que “no por ser una religión, le está a todo el mundo todo permitido”. En opinión del ministro, la libertad religiosa debe moverse “dentro de los límites de una sociedad democrática, y ajustarse a la lógica de esta sociedad”.
Tras recordar que la solución acordada en la Constitución de 1978 “fue muy acertada”, porque “apostó por un Estado laico, que no por un Estado laicista, donde no hay una religión estatal y donde España apuesta por la neutralidad, aun teniendo en cuenta la presencia y el arraigo de la Iglesia católica en España”, tal y como aparece registrado en el artículo 16 de la Carta Magna.
Pese a ello, y tras glosar el papel llevado a cabo por la Ley de 1980, el titular de Justicia indicó que “la ley no dice nada sobre la religión y los espacios públicos, la defensa, la educación… y por eso queremos reformarla”. La Ley de 1980 “ha dado sus frutos, pero se ha quedado atrás en el tiempo”, indicó el ministro, quien apuntó que la legislación “respondía a la lógica de una sociedad que no es la de hoy, ya que desconoce las legislaciones autonómicas, el pluralismo de la sociedad de hoy, que el fenómeno religioso no se queda en las Religiones del Libro sino en otras manifestaciones más diversas y complejas”.
La sociedad española actual es mucho más compleja desde el punto de vista religioso. Así, explicó Caamaño, “hay religiones sin dioses, sin libros, sin oraciones… ¿Eso es o no una religión? ¿Es religión o empresa? Todos estos distingos tenemos que abordarlos. Y no podemos dejar que sólo lo hagan los jueces”.
¿Por qué ahora? En este sentido, el ministro de Justicia ofreció toda una serie de datos, que conforman una nueva realidad, en la que la confesión católica ya no es la única. Así, pese a que un 73,5 % de los españoles se declaran católicos, sólo un 27,7 se manifiesta practicante; por un 14,5 no creyente y un 9,6 indiferente. El resto se distribuye, más o menos, del siguiente modo. Un millón y medio de evangélicos, 1,2 millones de musulmanes, 600.000 ortodoxos, 100.000 Testigos de Jehová… “Toda esta realidad –añadió el ministro- nos sitúa ante una sociedad cada vez más secularizada, y también donde el ámbito de la espiritualidad va extendiéndose con diversidad”.
En cuanto a los grupos religiosos registrados, vemos 14.873 entidades, pertenecientes a 20 grandes religiones o confesiones. La gran mayoría (12.213) son entidades católicas, pero también encontramos 7 iglesias ortodoxas, 12 denominaciones protestantes (2.346 entidades inscritas), 697 comunidades musulmanas, 21 judías, 46 budistas y un menor número de Testigos, Mormones, sij, etc… Una imagen de diversidad, con manifestaciones organizativas asentadas que, en opinión de Caamaño, “reclaman un plano de igualdad, porque están en sociedad, pagan impuestos…”.
¿Cómo se plasma esta reforma? En muchos aspectos, que van desde el establecimiento de lugares de culto –no sólo de culto católico- dentro de la planificación urbanística, en función de necesidades de población; en los enterramientos; en la escuela, la sanidad o las prisiones; y también en los funerales de Estado. Algo que ya se ha ido haciendo desde 1992, con la firma de los acuerdos de Cooperación con otras confesiones distintas a la católica, pero que ahora “es necesario trasladar la experiencia a ley, regularla y establecer criterios válidos para todos”.
Y también, como fenómeno emergente, regular la identificación de determinadas prácticas religiosas a las normas legales de nuestro país. “Sin negar el fenómenos religioso –apuntó Caamaño-, sí es necesario un proceso de adaptación de algunas prácticas religiosas, prohibiendo aquellas que sean contrarias al orden público”.
Para atender estas necesidades, “es necesario hacer una nueva ley de libertad religiosa, que dé respuesta a estos 30 años de evolución en la sociedad española, y que asuma la realidad de hoy, que no es la de 1980”, asumió el ministro. Y no sólo en lo religioso. “Hay que regular la libertad religiosa, pero también la de conciencia”. Puesto que, y esta es la gran novedad que presentará la futura normativa, “la libertad de conciencia no puede ser una excusa permanente para desobedecer la ley. Sin ley no hay convivencia. Para que exista, deben tener derechos y obligaciones vinculadas”.
Pero, además, y esto puede que resulte polémico, resulta necesario establecer pautas mínimas de convivencia en algunos ambientes. Caamaño relató algunos: “la Religión en las escuelas: Cada vez hay una mayor demanda para que puedan ser educados de una forma mucho más diversa de la que hoy se ofrece”. El papel de los ministros del culto en los hospitales: “habrá que establecer pautas, guías de interpretación”. En el Ejército: “se mezclan fenómenos, como el de denominar a la Virgen de los Desamparados capitana general del Ejército…”. En las cárceles: “Quién puede o no entrar, o estar acreditado como pastor, imán o sacerdote…”
También, cómo no, en los funerales de Estado. “Deberíamos fijar cuál es el poder de los papeles públicos ante el fenómeno religioso. Hay mucho arrastre histórico. Cuando preparamos un funeral de Estado, nos encontramos con que hay militares que profesan religiones distintas, y ya no podemos solventarlo con un tipo determinado. Habrá que tomar alguna pauta, aunque después siempre habrá la lógica de cada caso”.
Finalmente, el ministro llamó a una modificación de la Ley de 1980 “que cuente con el mayor consenso posible, y que nos dé pautas para que podamos ordenar nuestra convivencia en materia religiosa, atendiendo a esta realidad y pluralidad”. Y que tenga en cuenta, también, las legislaciones autonómicas y municipales, de modo que lo referente a la libertad religiosa y de conciencia pueda ser arbitrado con un mínimo marco de igualdad sea donde sea. Un duro trabajo el que espera a los legisladores.
