La parálisis del Gobierno u el empuje de parlamentarios religiosos impulsan leyes retrógradas relacionaddas con la familia, el aborto o a la posesión de armas
Esta semana, la Suprema Corte de Justicia mexicana ha abierto la puerta para legalizar el consumo de marihuana; hace unos días,Colombia aprobó la adopción para las parejas homosexuales. El 22 de octubre, Chile celebró su primera unión homosexual. América Latina avanza hacia conquistas sociales cada vez más abiertamente. Brasil, por el contrario, hundido en una crisis política y económicaque se retroalimenta periódicamente, desanda el camino y retrocede en esas mismas conquistas sociales a paso ligero a base de proyectos de ley impulsados por la parte más ultraconservadora del Congreso. El Gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), anulado, incapaz ya de por sí de sacar adelante sus propias medidas de ajuste, asiste inoperante al giro.
Un ejemplo: el Parlamento brasileño aprobó la semana pasada poner en marcha un proyecto de ley, que aún deberá ser aprobado por la Cámara, que restringe los derechos de las mujeres violadas a la hora de abortar o que, al menos, se los dificulta. La iniciativa, que aún debe ser aprobada por el Senado, ha sido elaborada por el conjunto de diputados evangélicos comandados por el ultraconservador miembro de la iglesia evangélica –y acusado de corrupción por la Fiscalía- Eduardo Cunha, presidente de la Cámara. En la acutalidad, el aborto es legal en Brasil en casos de violación, si el embarazo acarrea riesgos para la mujer o en casos de malformaciones cerebrales del feto. Y una mujer violada en Brasil puede acudir a un ambulatorio donde, tras pasar una serie de entrevistas, los médicos le proporcionan o bien la píldora del día después si aún está a tiempo o, si ya está embarazada, le prescriben el aborto. Todo esto (incluido el acceso a la píldora del día después en los centros públicos de salud) se va a complicar con esta ley, que prevé, entre otras cosas, que esa misma mujer deberá pasar antes por una comisaría y denunciar el hecho, además de someterse a un examen médico.
El giro retrógado brasileño no acaba aquí. Otro grupo de parlamentarios aprobó esta semana pasada otro proyecto de Ley que da poderes a las iglesias católica e evangélica para acudir al Tribunal Supremo e impugnar leyes consideradas, según ellas, inconstitucionales. O, más específicamente “que interfieran directa o indirectamente en el sistema religioso o en el culto”. Hasta ahora estas prerrogativas estaban reservadas, entre otras instituciones, a la presidencia dela República, y al Congreso y al Senado. La iniciativa corrió de parte también de los activos e inevitables diputados evangélicos, de partidos diferentes unidos bajo un credo común y una común tendencia ultraconservadora. Son 75 en una Cámara de 513 diputados. Parecen pocos, pero sólo lo parecen, ya que el Parlamento brasileño es, por su propia naturaleza, una Cámara hiper-fragmentada en la que abundan las alianzas y contra alianzas de partidos minoritarios e ínfimos. El PT, la formación del Gobierno, por ejemplo, sólo cuenta con 64 diputados.
Además, estos parlamentarios evangélicos no están solos en esta cruzada regresiva y militante. Forman parte de un grupo más amplio, de más de dos centenares de diputados, denominados la “Triple BBB”, por Boi, (Buey en portugués), Bala y Biblia. Son parlamentarios que representan los intereses, respectivamente, de los terratenientes y ganaderos proclives a la desforestación de las tierras vírgenes para que sirvan de pasto, a los lobbies de empresas de seguridad y de las empresas de armas y a los que –a su juicio- deben velar por la moral religiosa de la sociedad. Los primeros han conseguido desbloquear recientemente un viejo proyecto de ley paralizado desde 2000 que, de hecho, restringe las tierras destinadas a los indios. Por su parte, los diputados de la Bancada de la Bala, siguen tramitando una ley para liberalizar las armas que, de aprobarse –y tiene muchas posibilidades de que lo haga- permitirá que profesionales tan variopintos como camioneros, taxistas y diputados, entre otros, puedan llevar pistolas por la calle sin mucha complicación burocrática, con un permiso menos restrictivo que el que se emplea para sacarse el carné de conducir. Los diputados evangélicos, en un reverso sintomático de lo que ocurre actualmente en los países latinoamericanos, han puesto en marcha un proyecto de Ley que tiene por objeto restituir exclusivamente a las uniones compuestas por un hombre y una mujer la categoría legal de matrimonio. Con esto tratan de que los matrimonios de personas homosexuales, actualmente legales en Brasil, dejen de tener derechos en materia de herencias, custodia de los hijos o a la hora de compartir los seguros sanitarios.
Detrás de todo este giro ultra-conservados, como elemento aglutinante, se encuentra el polémico presidente del Congreso, Eduardo Cunha, acusado por la Fiscalía de regentar cuentas millonarias en Suiza alimentadas de sobornos provenientes del pozo sin fondo de corrupción que durante unos años fue la petrolera pública Petrobras. Cunha necesita a todos estos parlamentarios más o menos afines para no verse descabalgado de un poder que se le cuartea cada día, no perder su condición de aforado y no acabar en un tribunal o con los huesos en la cárcel.
Cunha ha negado siempre –incluso en una solemne comisión parlamentaria- tener cuentas en Suiza. Ahora, tras las evidencias incontestables aportadas por la Fiscalía, afirma, en una sorprendente y algo surrealista entrevista publicada el sábado a Folha de S. Paulo,que las citadas cuentas están a su nombre pero pertenecen a un “trust”, del que él es sólo “usufructuario en vida”. Y añade que nunca se enteró de que una de esas cuentas recibió en 2012 un jugoso ingreso de 1,3 millones de francos suizos (1.200.000 euros) procedente de uno de los implicados en la trama de Petrobras.
