Bolsonaro aumenta la influencia del poderoso lobby conservador de los juristas evangélicos

Creada hace siete años, la Asociación de Juristas Evangélicos, Anajure, ha actuado junto a los tres poderes del Estado para garantizar sus «valores cristianos»

«Con todo respeto al Tribunal Supremo Federal, yo pregunto: ¿hay algún evangélico entre los once ministros del Supremo? ¿Cristiano declarado? No me venga la prensa a decir que yo quiero mezclar la justicia con la religión. Todos nosotros tenemos una religión o no la tenemos. Y respetamos, uno tiene que respetar al otro. ¿Acaso no es hora de que tengamos un ministro evangélico en el Tribunal Supremo Federal?», afirmó el presidente Jair Bolsonaro el día 31 de mayo durante un evento en la congregación Madureira de la iglesia Asamblea de Dios.

La declaración de Bolsonaro, motivada por la reciente criminalización de la homofobia por parte del Tribunal Supremo, fue recibida con aplausos por los presentes. El mismo día, la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure) emitió una nota pública en la misma línea que la intervención de Bolsonaro: «La Anajure entiende, en consonancia con el presidente Bolsonaro, que en los últimos años se ha dado un creciente y preocupante activismo judicial por parte del Tribunal Supremo, especialmente acerca de cuestiones morales de impacto social», señala el comunicado.

En el documento la asociación aclara que no pretende que una persona de fe protestante se convierta en miembro de la cúpula del sistema judicial «para poder influir en el mismo por su condición de religioso».

Sin embargo, afirma que ansía que el Tribunal Supremo y demás órganos de la cúpula del Poder Judicial «tengan jueces que respeten y se rijan por la Constitución Federal, profesen o no una religión», para que no se adhieran a lo que la asociación llama una ola de «activismo judicial poco democrática».

El apoyo evangélico fue decisivo para la elección de Bolsonaro. Algo que no ocurría desde los comicios de 1989, hubo una adhesión histórica de la base evangélica en torno a una única candidatura. Como ocurrió en países como Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Perú y México, diferentes denominaciones religiosas dejaron de lado sus diferencias para reunir fuerza política en torno a un mismo candidato.

Todos comparten objetivos: combatir el avance de derechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, impedir leyes a favor del aborto, ampliar la presencia de la enseñanza religiosa y combatir la enseñanza de la «ideología de género» en las escuelas.

La aproximación de Bolsonaro —que se hizo bautizar en las aguas del Río Jordán por un pastor de la Asamblea de Dios en 2016— a los grupos evangélicos desde antes de las elecciones se refleja también en el nuevo Gobierno. Los líderes evangélicos influyeron, entre otros, en la elección del ministro de Educación, un profesor, filósofo y teólogo favorable al proyecto Escuela sin Partido, que impediría la educación sexual y discusiones políticas en las escuelas.

Para encabezar el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, el presidente escogió a Damares Alves, una pastora contraria al aborto. En su ministerio la mayoría de los secretarios de la cartera son evangélicos o católicos militantes y actúan en la promoción de las pautas «cristianas», en la lucha contra el aborto y contra los derechos de la comunidad LGTBI.

Aunque la participación política de líderes evangélicos no es un fenómeno único del gobierno de Bolsonaro, en Brasil es uno de los países donde está más extendido. El Frente Parlamentario Evangélico, compuesto por políticos de múltiples partidos que actúan de forma organizada en la Cámara de Diputados y en el Senado, se creó en 2003. El número de miembros y su influencia han aumentado progresivamente desde entonces.

En los últimos comicios, exceptuando la elección de 2006, la bancada evangélica presentó un crecimiento medio del 20%. Después de un crecimiento no muy notable en 2014, registró un aumento de un poco más del 10% en los comicios de 2018. La actuación del grupo también ha variado a lo largo de los años, pasando de base de apoyo a los gobiernos de Lula y Dilma al voto compacto favorable al impeachment a la expresidenta.

La Anajure, que hoy cuenta con cerca de 700 miembros, fue fundada en 2012 en la Cámara de Diputados de Brasilia por un grupo de juristas evangélicos. Entre ellos estaba la ministra Damares Alves, que fue homenajeada en la ocasión por los «más de 20 años de actuación a favor de causas cristianas, del derecho a la vida y de la familia».

Entre los objetivos de la Anajure está «defender las libertades civiles fundamentales» y «constituirse como una entidad de auxilio y defensa administrativa y jurisdiccional de las iglesias y denominaciones evangélicas, especialmente en los casos de violación de los derechos fundamentales de libertad religiosa y de expresión».

La asociación también nació con el fin de «constituirse como un foro nacional de discusión sobre el ordenamiento jurídico brasileño, sobre los proyectos de ley en trámite y sobre las propuestas de políticas públicas gubernamentales, especialmente en lo referente a los deberes y derechos humanos fundamentales».

En este sentido, la organización ha actuado de forma incisiva en las cámaras legislativas, colaborando en proyectos de ley, impidiendo votaciones, participando en audiencias en el Tribunal Supremo —principalmente en procesos como la despenalización del aborto y la criminalización de la homofobia— y ganándose aliados poderosos en el gobierno de Bolsonaro.

Aliados en el Congreso y en el Ejecutivo

En la Cámara de Diputados, la Anajure es miembro fundador especial del Frente Parlamentario Mixto de Libertad Religiosa, Refugiados y Ayuda Humanitaria, fundado en 2015 por requerimiento del entonces diputado federal Leonardo Quintão. En aquel momento, Quintão y el diputado Roberto de Lucena invirtieron 500.000 reales (111.000 euros) de sus asignaciones individuales en el Presupuesto de la Unión para crear el frente.

En la actualidad, el Frente Parlamentario Mixto de Libertad Religiosa, Refugiados y Ayuda Humanitaria está presidido por Lucena y tiene como director ejecutivo a Uziel Santana, presidente de la Anajure. De acuerdo con su texto de presentación, el frente tiene como uno de sus objetivos «insertar a Brasil en el contexto internacional de libertad religiosa».

En 2015, los juristas de Anajure participaron en la creación, de nuevo junto al diputado Leonardo Quintão, del Proyecto de Ley (PL) 1.219/15, que establecía el Estatuto Jurídico de la Libertad Religiosa en Brasil. La ley discurre sobre las diferentes formas de libertad religiosa que deben ser respetadas por el Estado. En el único párrafo del Artículo 7, el texto señala que «la colaboración de interés público con organizaciones religiosas, realizada en la forma de la ley, no configura discriminación o privilegio».

El Artículo 27 prohíbe «al Estado y sus poderes públicos imponer limitaciones al ejercicio de la libertad religiosa de las comunidades indígenas». En audiencia pública al respecto del proyecto y a otros anexos, representantes de la Anajure expresaron preocupación sobre la supuesta inhibición de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de la presencia misionera cristiana en comunidades indígenas.

El PL 1.219/15 acabó siendo retirado por el propio autor, pero otros tres proyectos que se habían anexado antes, continúan en trámite. El primero pretende excluir de los crímenes de difamación e injuria «la opinión de un profesor o ministro religioso en ejercicio de la enseñanza o ministerio religioso».

El segundo garantiza la libertad religiosa, asegurando que «la divulgación en la esfera pública o privada de ideas contrarias a un determinado comportamiento social o a una creencia profesada por determinado grupo, religioso o no, hechas sin incitación a la violencia, no constituye ilícito civil ni penal». El tercero pretende «prohibir la intervención estatal en la organización religiosa».

En junio de 2015, la Anajure emitió una nota técnica en la que presentaba fundamentos jurídicos directivos para que la Fiscalía juzgara al Ministerio de Educación por incluir las llamadas «ideologías deconstruccionistas o ideología de género en los documentos destinados a la elaboración de los planes de educación estatales y municipales». Al parecer, la Anajure buscaba también servir como base jurídica para que diputados estatales y concejales presentaran proyectos de ley sobre el tema.

El documento sostiene también que «el objetivo de incluir en los planes de educación una ideología de género es promover un distanciamiento entre padres e hijos», y concluye afirmando que la inclusión de la ideología de género en la educación brasileña representa «una clara violación de la dignidad humana del niño y del adolescente».

La Anajure ha actuado también en el Senado Federal. A principios de junio los juristas evangélicos se pusieron de acuerdo con la senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) y consiguieron suspender la votación del Proyecto de ley del senador Weverton (PDT-MA), sobre la criminalización de la homofobia.

En una nota de prensa publicada en su página web, la asociación asegura estar trabajando «junto a los parlamentarios para demostrar la importancia de resguardar la libertad religiosa y de credo». El presidente de la asociación, Uziel Santana, ha viajado a Brasilia para coordinarse con parlamentarios y sumar apoyos».

De cara a la reforma de la seguridad social, la asociación creó la Comisión de Derecho de las Iglesias y sus Entidades y de los Ministros de Confesión Religiosa, «teniendo en cuenta los derechos e intereses de las iglesias, de sus entidades y de los ministros religiosos pertenecientes al segmento evangélico y que están apoyados por la Anajure».

El objetivo del grupo es la «elaboración de un estudio y una nota técnica sobre la reforma de la seguridad social y sus consecuencias para las iglesias, sus entidades y sus ministros, considerando la necesidad de actualizar las normas para que se adecuen a las necesidades de la religión».

Los documentos formulados por la comisión deberán ser entregados al Congreso «a fin de participar en las discusiones a través de parlamentarios sensibles a los temas propuestos», señala la asociación en una nota.

En el Ejecutivo, la asociación también ha aumentado sus lazos. En mayo, los ministros Sérgio Moro y Damares Alves participaron juntos en el sexto Congreso Internacional sobre Libertades Civiles Fundamentales de la Anajure, que hasta entonces nunca había contado con la presencia de un ministro de Estado.

El resultado del congreso fue positivo para Moro: su propuesta de medidas contra el crimen —entre los que se incluye excluir de ilícito a policías en servicio— recibió el apoyo de la Anajure. El presidente de la asociación, Uziel Santana, le entregó una nota oficial firmada por más de 700 juristas, entre los que están los directores, coordinadores y asociados. Por su parte, Damares Alves, una de las fundadoras de la Anajure, afirmó que su gestión «va a trabajar mucho en la defensa de todos los templos» y que «todos tienen derecho al culto y a la libertad religiosa en esa nación».

Sérgio Moro, ministro de Justicia, recibe una carta de apoyo a su prropuesta de lucha contra el crimen por parte de la Asociación de Juristas Evangélicos.
Sérgio Moro, ministro de Justicia, recibe una carta de apoyo a su prropuesta de lucha contra el crimen por parte de la Asociación de Juristas Evangélicos. AGÊNCIA PÚBLICA

La Anajure aprovechó la ocasión para entregar a la ministra el texto base del cuarto Plan Nacional de Derechos Humanos, desarrollado por una comisión escogida por la asociación a solicitud de la propia ministra. El ministerio está actualmente analizando el texto.

Pautas morales en el Tribunal Supremo

En el  poder Judicial, la Anajure participa con frecuencia en audiencias públicas del Tribunal Supremo. Especialmente en aquellas que tocan temas de las llamadas «pautas morales». En el caso de Incumplimiento de Precepto Fundamental  número 442, propuesta por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que versaba sobre la despenalización del aborto, la asociación publicó una nota contraria al proyecto y dirigió su consejo, como amicus curiae —amigo de la corte—, a la ministra Rosa Weber, relatora responsable.

La asociación defendió que, además del crimen contra el derecho a la vida, «la despenalización del aborto también afecta directamente a la libertad religiosa y la laicidad brasileña». La Anajure tiene como aliada a la organización no gubernamental Brasil Sin Aborto.

Durante el juicio de la Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión número 26, que discutía si había o no omisión legislativa para la criminalización de la homofobia, la Anajure declaró su apoyo de manera oral. También en la condición de amicus curiae, la asociación hizo la defensa contraria a la acción, elevando, entre otros argumentos, «la falta de definición de las formas de homofobia y transfobia y el conflicto con la libertad religiosa».

Academia Anajure y la formación de su cosmovisión

La cosmovisión «son las gafas a través de las cuales nuestra mente percibe toda la realidad». Así la definió Mauro Meister, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Brasil en São Paulo, durante una entrevista concedida a la Agência Pública a mediados de marzo.

Meister es profesor de Antiguo Testamento en el Centro de Postgrado Andrew Jumper de la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Desde hace dos años participa en la Academia Anajure, un programa de entrenamiento creado en 2017, que tiene como objetivo enseñar a estudiantes recién graduados en Derecho la relación entre la ley bíblica y la contemporánea.

El evento se realiza en formato de internado. Este año, 50 seleccionados han participado en la formación durante una semana en el mes de julio en un campamento en el interior de São Paulo. Para la inscripción, además del currículo, de una carta de motivación y de la recomendación de un profesor, los interesados deben enviar una carta de recomendación escrita por un pastor, un ministro u otro líder espiritual.

Meister es miembro del consejo consultivo de la Anajure y ayuda a los juristas evangélicos a «pensar y reflexionar» sobre el trabajo jurídico con una «visión cristiana». Los conferenciantes de la academia son, en su mayoría, miembros de la Anajure. Por ahí han pasado pastores, profesores universitarios, teólogos y hasta incluso procuradores y jueces de los tribunales de apelación.

Valmir Nascimento, abogado y uno de los creadores de la academia, justifica la aplicación de su cosmovisión con el argumento de que, un cristiano lo es en todos los lugares y esferas. «Es muy común que una persona religiosa, hasta incluso dentro del cristianismo, crea que hay una separación entre la vida religiosa y la vida pública como profesional o como estudiante», explicaba.

«Desde una perspectiva de la cosmovisión del cristianismo, nosotros no hacemos esa separación. Nosotros vemos a la persona de manera integral, completa. En ese sentido, de la fe que se profesa en la Iglesia necesita extraer principios para aplicar en la esfera pública también», señalaba a la Agência Pública.

Nascimento es autor del libro ‘El cristiano y la universidad’, una guía para la defensa y el anuncio de la cosmovisión cristiana en el ambiente universitario. En el primer capítulo, la obra compara la universidad con un campo de batalla que no debe ser evitado por los cristianos. «Debemos prepararnos para entrar en el combate y así, como el apóstol Pablo, decimos al término de la graduación que libramos la batalla correcta y guardamos la fe».

Contactada varias veces por correo y por teléfono, la Anajure no ha respondido a Agência Pública.

Información elaborada con la participación de Anna Beatriz Anjos, Ethel Rudnitzki y Julia Dolce.

Este reportaje es parte del proyecto ‘Transnacionales de la Fe’, una colaboración entre 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de investigación de Columbia Journalism Investigation, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Colaboran: Agência Pública (Brasil); El País (Uruguay); Ciper (Chile); El Surti (Paraguay); Armando.info (Venezuela); El Tiempo (Colombia); La Voz de Guanacaste y Semanario Universidad (Costa Rica); El Faro (El Salvador); Nómada y Plaza Pública (Guatemala); Contracorriente (Honduras); el Centro de Investigación de Puerto Rico; Mexicanos contra la Corrupción (México); y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Clip.

Traducido por Diajanida Hernández

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