De firmar escrituras a oficiar bodas y divorcios. Los notarios, depositarios en exclusiva de la fe pública tras duras oposiciones que garantizan un empleo para toda la vida, padecen la crisis del ladrillo. Ya no tienen los despachos a rebosar de firmantes de dueños de nuevos pisos con su consiguiente hipoteca; tampoco tienen que decir aquello de "ustedes se arreglan y yo vuelvo en un rato" antes de que fluyan los billetes de 500 euros. Con el mercado inmobiliario por los suelos y sus despachos silenciosos, el ministro de Justicia les propone una nueva tarea: encargarse de bodas y divorcios, previo pago eso sí. Y los notarios, encantados. Un nuevo nicho de mercado para ellos. Para los jueces, un alivio de la carga de trabajo, plantea Ruiz-Gallardón. ¿Todos contentos? No, ni mucho menos. Un PP tan partidario de la familia plantea un divorcio que previsiblemente sería aún más rápido que el exprés, que tanto criticaron.
A muchos les pone de los pelos de punta la boda en la notaría. En primer lugar, porque sería mucho más cara que ante el juez -es prácticamente gratuita- o ante el concejal -la tarifa varía en función del Ayuntamiento-. Sí, probablemente permitiría elegir fecha al gusto, aunque está por ver que los notarios dejaran tirar arroz en sus, a menudo rutilantes, oficinas. ¿Bodas para ricos y para pobres? Bodas privatizadas, en cualquier caso, fuera de las dependencias públicas. La ironía sería que las parejas firmaran lo que algunos demógrafos llaman "la boda de verdad", esto es la hipoteca, al tiempo que se casaran. A lo mejor los notarios hacían rebaja en este dos por uno.
Con todo, si la iniciativa sale adelante, los notarios deben ser conscientes de que las bodas también estén en crisis: bajan año a año. La hasta ahora única competidora para casar -la Iglesia católica- ve como se reducen los enlaces religiosos, por debajo ya de los civiles. Pero aumentará la libertad de elección tan del gusto del PP: uno se podrá casar por lo civil, por lo religioso o por lo notarial.
Otra polémica es que los fedatarios vayan a poder, además divorciar, una práctica que aumenta a mayor ritmo que las bodas. El matrimonio como contrato, el divorcio como disolución de este. Aunque la idea del ministro es que solo actúen en los casos en que la ruptura sea por mutuo acuerdo, el problema se plantea cuando hay hijos. Numerosos expertos defienden que es imprescindible la tutela pública -por ejemplo, la supervisión del fiscal- para proteger los derechos de los niños. En la ruptura ante notario, se perdería. El fedatario anularía la boda, sí. Pero no la hipoteca, que une más que el matrimonio.
La previsible agilización de las rupturas de la vía notarial choca con los palos en la rueda que pusieron los populares a la agilización del divorcio acordara en la legislatura anterior. Aquí, los grandes defensores de la familia tradicional hacen el sorpasso a los socialistas. La contrarreforma popular en estos ámbitos apunta más a la procreación: límites al aborto y previsibles trabas a la píldora del día después.
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