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Blázquez se desmarca del boicoteo a Educación para la Ciudadanía

El presidente de los obispos defiende a los colegios católicos contrarios a la objeción

El boicoteo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía encontró ayer un obstáculo inesperado. El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, se desmarcó de las posturas más radicales que han sostenido los obispos y apoyó a la influyente patronal de los colegios católicos, que siempre ha rechazado la objeción de conciencia en sus centros. Blázquez recordó que la Iglesia nunca ha apostado oficialmente por el boicoteo. También el PP rebajó el tono que ha mantenido en la polémica. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, admitió a regañadientes que la asignatura se impartirá. Al margen de este debate, los padres se enfrentan a la cuesta de septiembre ante el inicio del curso la semana que viene.

 

La batalla contra la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía empieza a provocar fracturas en el seno de la Conferencia Episcopal. Ayer, su presidente, el obispo de Bilbao Ricardo Blázquez, salió en defensa de la patronal de los colegios concertados católicos FERE, severamente reprendida durante los últimos meses por algunos obispos por rechazar la objeción de conciencia en sus centros.

 

La FERE "siempre ha querido actuar en comunión eclesial" y con la responsabilidad que tiene, confiada por los padres, "y así vienen actuando", dijo Blázquez. Y recordó que la Iglesia no se ha decantado por ningún mecanismo de reacción a la asignatura: "Eso lo tendrán que decidir los padres". "Después un obispo puede decir más cosas, otro puede decir menos, esto, lo otro, bajo su específica responsabilidad", precisó Blázquez.

 

Apenas una semana antes de que comience el curso, estas declaraciones contradicen el discurso que ha trascendido hasta ahora desde la jerarquía católica: "Colaborar con la implantación de la nueva asignatura es colaborar con el mal", llegó a decir Antonio Cañizares, vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Las palabras de Blázquez ayer suponen un alejamiento de las posturas más combativas contra la asignatura (de obispos, como Cañizares o de la confederación católica de padres, cuyo presidente es nombrado por la Conferencia Episcopal). Desde hace meses desde estos ámbitos se incita a los padres para que impidan a los alumnos cursar esta asignatura obligatoria (objeción de conciencia o desobediencia civil, según quien lo nombre), ya que la consideran una herramienta de "adoctrinamiento" político. La materia se comenzará a impartir la próxima semana en siete comunidades autónomas en 3º de la ESO. Y el próximo curso, en el resto.

 

Una postura más flexible

Aunque siguió manteniendo su rechazo a la asignatura, el apoyo de Blázquez a la FERE es un espaldarazo a la postura de quienes, frente al boicoteo, prefieren la implantación de la nueva materia incluida en la ley, eso sí, adaptada al ideario católico. De esa manera, se formarán "buenos cristianos y buenos ciudadanos", ha dicho en alguna ocasión el secretario general de la patronal, Manuel de Castro.

 

El pasado mes de mayo, la patronal mandó a sus colegios una circular advirtiéndoles del riesgo "real" de perder las subvenciones públicas si no se impartía la asignatura. La carta les costó un buen rapapolvo. Los obispos les recriminaron entonces que no podían "impedir o dificultar" a los padres tomar esa determinación. Y también se mostraron en contra de la adaptación de la materia a los postulados de la Iglesia. "Si fuera posible adaptar sus contenidos a la doctrina católica, esta enseñanza mantendría igualmente su condición de formación de la conciencia moral impuesta por el Estado a todos los padres, al margen de su elección", sostenían los obispos.

 

Y ahora Blázquez matiza: "Muchos interpretaron que esta decisión, cuyo objetivo es evitar la objeción de conciencia, privaba a los padres de un derecho", pero los colegios católicos "siempre han actuado en comunión eclesial" y la patronal "da un servicio impagable" a la sociedad, recordó el presidente de la Conferencia Episcopal.

 

El responsable de la FERE, Manuel de Castro, estaba ayer contento por estas declaraciones de Blázquez, que interpretó como una "reacción lógica" a los ataques recibidos en los últimos meses, "para poner las cosas en su sitio". De Castro insistió en que todo este tiempo han recibido el apoyo del presidente de los obispos, pero agradece "que lo haga público", añadió. Además, De Castro siempre ha dicho que toda la polémica responde a la proximidad de las elecciones.

 

Desde la aprobación de la nueva ley educativa en marzo de 2006, que contempla la introducción de esta asignatura como obligatoria en un curso de primaria y otro de secundaria, la confederación de padres católicos han cargado con todas sus fuerzas contra la materia. Este agosto amenazaron con manifestarse en otoño, una protesta para la que nunca han contado con el apoyo de los centros católicos, los que tienen la mayor capacidad de convocatoria, como han demostrado en otras ocasiones.

 

Recursos en tribunales

Tanto los padres católicos como los obispos creen que la asignatura es una intromisión del Gobierno en la educación moral de los hijos, que toca aspectos que sólo corresponden a las familias, como los nuevos modelos de convivencia o la educación afectivosexual. Además de la campaña animando a la objeción, han presentado recursos en los tribunales que aún no tienen respuesta.

 

Blázquez aseguró ayer que los padres tienen derecho a "reaccionar" por cauces "legítimos y democráticos", pero recordó que la Conferencia Episcopal "no se ha decantado por ningún mecanismo de reacción" concreto. Aunque ningún documento oficial de la Conferencia ha defendido explícitamente el boicoteo, desde los púlpitos no han cejado en su campaña contra la asignatura. Cañizares llegó a decir que los padres que objeten estarán trabajando por el "bien común". Pero el Ministerio de Educación ya ha advertido de que esta materia, que se imparte en la mayoría de los países europeos, es obligatoria y no ir a clase impediría la obtención del título.

 

La confederación de padres católicos, Concapa, ha sido uno de los más fervientes defensores del boicoteo. Ayer, Luis Carbonel, su presidente, insistió en que "la objeción" es una de las "muchas opciones" que le están dando a los padres y en que nunca han criticado a la FERE por su postura ante la asignatura: "Ellos creen que la objeción no debe plantearse en los centros y nosotros que sí".

 

Para todos los gustos

Un vistazo a los libros de texto de Educación para la Ciudadanía permite ver que dentro de los contenidos mínimos marcados por el Gobierno cabe un amplio abanico ideológico. Algunos manuales incluso recogen la visión más tradicional de la Iglesia católica sobre aspectos como la familia, el aborto o los matrimonios homosexuales, que rechazan por completo. Otros defienden una sexualidad libre, dan información exhaustiva de los métodos anticonceptivos y critican a la Iglesia por condenar las uniones gays.El Ministerio de Educación aceptó desde el principio la petición de los colegios católicos de adaptar los contenidos a su ideario, algo que, como se puede comprobar, también han hecho las editoriales. Los manuales no son revisados a priori para ver si sus contenidos se adaptan a la ley. Una vez publicados, la Administración, si encuentra algo que no se adapta a la norma, pide rectificación o, directamente, la retirada. Pero no hay censura previa.

 

Aguirre dice que en Madrid se impartirá "lo mínimo" posible

La Iglesia templa posiciones y el PP también. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dice ahora que en las aulas madrileñas se impartirá la nueva asignatura, pero poco. "Vamos a dar la mínima Educación para la Ciudadanía que la ley nos permita", dijo Aguirre en la cadena Cope, porque esta materia "no es otra cosa que adoctrinamiento". La presidenta madrileña prometió hace unas semanas a los padres que los que objetaran a esta asignatura podrían sustituirla por actividades de voluntariado. El líder de su partido, Mariano Rajoy, le recordó que es una materia obligatoria y que hay que cumplir la ley.

 

Ayer respondieron a Aguirre PSOE e IU. El secretario general de los socialistas, Tomás Gómez, la acusó de criticar la asignatura por abundar en la "confrontación permanente" con el Gobierno de Zapatero. También la secretaria de Educación de IU en la comunidad, Eulalia Vaquero, tachó la postura de Aguirre de "estrategia electoral".

 

Otros líderes populares arremetieron ayer contra la asignatura. La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, dijo que era una asignatura "propia del fascismo". Le replicó el consejero de Educación de esa comunidad, José Valverde, que con esa declaración insultaba a una larga lista de países europeos donde se imparte esta materia, entre ellos, Francia, Noruega, Reino Unido, Austria o Suecia. En Andalucía, el líder popular Javier Arenas pidió al presidente Chaves que retire el decreto que ha elaborado la Junta para desarrollar esta asignatura si quiere consenso.

 

Sensatez

Educación para la Ciudadanía comienza a impartirse este curso en siete comunidades, una de ellas, Extremadura. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, dijo ayer que "no hay nadie con sensatez que pueda rechazar" los contenidos de esta materia. "No hay nada en ellos que no sea bueno trasladárselo a los chicos y chicas". Y añadió: "La postura del PP es más una pose que una posición firme".

 

Y en Cataluña, donde también arranca este curso la asignatura, habló el responsable de Educación, Ernest Maragall, para decir que "no hay problema sobre la aplicación de esta materia" en su comunidad. Ni siquiera, aseguró, había hablado de ello con el presidente catalán, José Montilla.

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