Todas las dudas que podía tener sobre mi voto en el referéndum del Estatuto andaluz se han despejado tras leer los argumentos en contra utilizados por los obispos de las diócesis de Andalucía.
Estos han vuelto a demonizar una norma aprobada tanto en el Parlamento autonómico como en el nacional con un amplísimo consenso. Amparados en el derecho fundamental a la libertad de expresión, los obispos han pretendido una vez más interferir en el debate político y condicionar el posicionamiento de la ciudadanía. Y lo han hecho con valoraciones que distan mucho del contenido real del Estatuto y olvidando en sus apreciaciones el programa de profunda transformación social que implica el Estatuto. Un programa que, traducido en el lenguaje político y jurídico del siglo XXI, bien podría ser la expresión de unas bienaventuranzas que la cúpula católica olvida con más frecuencia de la debida.
La declaración de los obispos andaluces es una muestra más de que la jerarquía católica parece no haber entendiendo las reglas del juego y mucho menos ha asumido la posición que les corresponde en un Estado aconfesional. Una situación favorecida en gran parte por unos poderes públicos, incluidos los progresistas que ahora nos gobiernan, que han renunciado al objetivo de construir una sociedad laica y que han seguido amparando una posición privilegiada de la Iglesia católica. Esta, a pesar de que su público ha descendido notablemente y de que sus recomendaciones cada vez tienen menos peso en la ciudadanía, aún pretende ser una especie de voz moral de la sociedad española. Una voz reaccionaria e incapaz de asumir la diversidad y el pluralismo, fundamentos de un sistema que a los dirigentes eclesiásticos se les sigue atragantando. Así lo demuestra el que una vez más han vuelto a poner el grito en el cielo por las previsiones del Estatuto sobre la protección de las diversas modalidades de familia que contempla la legislación civil o por la equiparación de las parejas no casadas con aquellas otras que opten por otro tipo de convivencia. Una vez más los obispos nos alertan del peligro que encierra tener garantizado el derecho a vivir con dignidad el proceso de nuestra muerte o de los riesgos que para su hegemonía puede suponer afirmar que la enseñanza pública ha de ser laica. Ello, junto al olvido de la cultura cristiana como elemento clave en la formación de la identidad andaluza, ha desatado la cólera de la jerarquía que aún no ha entendido que un Estado constitucional ha de ofrecer reglas y principios para articular la convivencia de distintos "planes de vida". Que las leyes de un Estado democrático en ningún caso deben responder a los criterios morales de un sector de la ciudadanía. Que, por encima de las opciones e identidades personales, deben estar los valores constitucionales sin los cuales sería imposible el ejercicio de las libertades, entre ellas la religiosa.
Pero es que por encima de tales debates, que deberían ya estar superados en una sociedad democrática madura, hay algo que contrarresta con rotundidad el posicionamiento de los obispos. Unos obispos que, si hubieran leído con atención el articulado del nuevo Estatuto sin las lentes deformantes de sus poltronas de terciopelo, hubieran descubierto que la nueva norma contiene un proyecto radical en materia de justicia social, de bienestar y de corrección de desequilibrios. Una apuesta más que suficiente para apoyar un Estatuto que nos reconcilia con la capacidad transformadora de la política y con la esperanza de un espacio público construido sobre una concepción progresiva de la igualdad y de los derechos. Un programa que mucho tiene que ver con el sermón de la montaña que con frecuencia los jerarcas olvidan en sus púlpitos y que exigirá el esfuerzo de todos, incluidos los obispos, para conseguir que la distancia entre la democracia avanzada que propone el Estatuto y la que vivimos todos los días sea cada vez menor. Un horizonte que, por sí solo, es razón más que suficiente para apoyar un Estatuto que supone un salto cualitativo en el autogobierno y en nuestra dignidad.
