La frase no deja de tener cierta gracia. Es una buena ocurrencia: a más becarios, menos sicarios. Pero nada más.
Fuera del gracejo o el juego de palabras, la oferta presidencial de darles a los muchachos sin escuela privada la posibilidad de ingresar a tan anhelada ubicación a mediante créditos “blandos”, significa también el fomento del negocio particular de la educación.
Los créditos a los “clientes” de las escuelas privadas solamente favorecen, financieramente, a los dueños de las escuelas, los cuales son en muchísimos casos (el Asunción, por no ir más lejos) miembros de asociaciones religiosas por no decir de la Iglesia católica.
El negocio educativo en manos del clero es una de las más hondas aspiraciones de la derecha mexicana, la cual se ve favorecida, una vez más, de manera indirecta, tanto como lo fue con las recientes modificaciones constitucionales y a la ley religiosa mediante las cuales podrán salir a la calle con sotanas, cálices, altares portátiles y demás utensilios para la celebración de ceremonias de todo tipo.
Todo esto sucede en los tiempos de la preparación de la vista de Benito XVI (en español) quien ha sido habilitado como promotor electoral en el Bajío.
Pero más allá de la presencia de los curas en el sistema privado escolar, cuyo crecimiento según datos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa ha sido explosivo durante los dos gobiernos recientes (307 instituciones de educación superior, 55 por ciento más de la creadas en la década anterior), esta medida se hermana con una anterior también criticada por especialistas en asuntos pedagógicos: la deducibilidad fiscal para quienes gasten en educación privada.
Como todos recordamos, en febrero del año pasado se anunció la deducibilidad de gastos educativos familiares o propios por el equivalente al monto del costo comparado de la educación pública.
En aquella ocasión, algunos expertos en educación y algunos sindicalistas del SNTE opinaron sobre esta medida. La calificaron de electorera y clasista, además de gravosa, para el gobierno en general, pues 13 mil millones de pesos cuyo destino podría ser el fortalecimiento de las instituciones públicas se verá mermado de las arcas nacionales.
En estas condiciones, el sistema privado ha recibido un segundo estímulo económico.
Manuel Gil Antón, investigador de El Colegio de México, se muestra extrañado por esta paradoja: el gobierno, cuyo mayor capital es el pensamiento de un ex rector universitario (Manuel Gómez Morín), es el principal promotor de la agonía de la educación pública, privada, laica y gratuita.
“Lo que no se puede entender —dice— es cómo el gobierno del partido cuyo fundador, Manuel Gómez Morín, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahora cierre el circuito al beneficiar a la escuela privada, primero con la exención de impuestos en educación básica y bachillerato, y ahora con recursos a la educación superior”.
