Los números marean. Barcelona dejó de ingresar 927.700 euros en 2015 por las exenciones aplicadas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia Católica, ha detallado el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, este martes en la comisión municipal de Economía y Hacienda.
Lo ha dicho al debatir una propuesta de la CUP para instar al Gobierno de Ada Colaua elaborar un censo de las propiedades de la Iglesia Católica, que se ha aprobado tras votarse nominalmente a petición de Pisarello, que ha advertido posiciones dispares entre CDC, Unió -integradas en CiU- y ERC y CUP: “Pediremos voto nominal para ver si el viaje a la república catalana laica tiene los compañeros de viaje”.
Han votado a favor los tres concejales de la comisión del Gobierno de BComú, y los de ERC, PSC y la CUP, sumando seis votos, mientras que se han abstenido los dos de C’s y los de CiU Jaume Ciurana (CDC) y Raimond Blasi (no adscrito) -con cuatro-, y han votado en contra el del PP y la única concejal de Unió, Sònia Recasens, con dos votos.
Pisarello ha avisado de que el censo aprobado no puede hacerse público, ya que los datos que provienen de padrones fiscales no son públicos y se destinan únicamente a usos tributarios, y ha resaltado que los ayuntamientos no tienen total autonomía en materia tributaria para decidir exenciones y beneficios fiscales, que en este caso se regulan por normativa estatal.
