El anuncio del Gobierno de que está preparando una lista de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica desde 1998 ha provocado un aluvión de reacciones y noticias, generando una gran controversia y un baile de cifras que hace difícil cuantificar a ciencia cierta cuantos bienes en España están en poder de las diócesis.
La propia Conferencia Episcopal (CEE) ha reconocido que “no dispone de un registro de bienes inmuebles de la Iglesia”. Así lo aseguró recientemente el vicesecretario económico de la institución, Fernando Giménez Barriocanal, quien también se atrevió a cifrar los bienes inscritos entre 30.000 ó 40.000, mientras algunos colectivos laicistas llegan a hablar de 60.000 y hasta de 100.000.
LA “AMNISTÍA REGISTRAL” DE RAJOY
Que podemos hablar de miles no hay ninguna duda. La Iglesia empezó a registrar bienes en 1946 al amparo de la Ley Hipotecaria del régimen franquista. Cincuenta años después volvió a ampararse en la legislación (artículo 206 de la Ley Hipotecaria) cuando el Gobierno de Aznar reforma la ley en 1998 que dio barra libre a la Iglesia para registrar a su nombre Bienes de Interés Cultura (BIC), entre ellos la mayoría de las catedrales españolas. Bajo el Gobierno de Rajoy, una nueva reforma, en junio de 2015, frenó la posibilidad de que la Iglesia siguiera registrando propiedades como suyas sin que lo acreditara, pero esto no hizo revertir la situación, sino que en la práctica dio como resultado lo que Europa Laica califica de “amnistía registral”, reprobada incluso por el Tribunal Europeo de Estrasburgo.
Es precisamente el periodo que comprende de 1998 a 2015 lo que está revisando el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero colectivos como Coordinadora Recuperando piden ir más atrás y declarar nulas todas las inmatriculaciones desde la dictadura. Así lo subraya Jorge García, portavoz adjunto de dicha coordinadora y presidente de MHUEL de Aragon (Movimiento hacia un Estado Laico), una de las asociaciones integrantes. Este activista espera que el anuncio del Gobierno no se quede en “una declaración de intenciones” y que al menos se revisen los registros desde 1978. Si bien, el Ejecutivo podría encontrarse con un escollo legal, la figura jurídica de la usucapión por la que, si han pasado 30 años sin que se haya producido reclamación alguna sobre la propiedad, el bien queda definitivamente en manos del que lo registró, “salvo los bienes públicos que no son usucapibles”, afirma Jorge García.
MÁS DE 3.000 BIC EN MANOS DE LA IGLESIA
Según el análisis realizado por Enrique Ruiz del Rosal (miembro Europa Laica y del Observatorio del Laicismo) de la memoria anual de actividades 2016 realizada por la propia Conferencia Episcopal, el episcopado declara que existen 3.168 inmuebles de interés cultural (BIC) pertenecientes o relacionados con la Iglesia Católica (1.086 solo en Navarra), de los cuales 22 están declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad. El mantenimiento de dicho patrimonio artístico le cuesta a las arcas del Estado en torno a los 600 millones de euros anuales, entre las administraciones central, autonómica y local, según declara la propia CEE.
Según recuerda Europa Laica, la Constitución de 1978 (artículos 46 y 149. 28º) atribuye al poder político la competencia exclusiva en relación con la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental sí como la garantía de su conservación.
En una respuesta por escrito de junio pasado al senador de Compromís Carles Mulet, el Gobierno alude al artículo 132.1 de la Carta Magna que “consagra los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público”, por el cual “queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica”, señala.
El punto más caliente de las inmatriculaciones de BIC son las Catedrales. En España hay 88 y 96 conjuntos catedralicios, según los datos recalados por el informe referido que subraya que estos bienes “son mantenidos y conservados por los poderes públicos, no por motivos religiosos, sino por naturaleza histórico-artística”, mientras que la Iglesia “oculta” qué ingresos generan al propio episcopado y cuál es el régimen de dichos ingresos.
Pues bien, el Gobierno pretende recuperar las inmatriculaciones presuntamente ilegítimas realizadas en los casi 20 últimos años. A la pregunta de cuántas catedrales españolas están en propiedad de la Iglesia, Jorge García responde que “prácticamente todas”. Entre ellas se encontrarían la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la SEO de Zaragoza, la de Jaén, la de Palma de Mallorca, la de Burgos, la de León, la de Santiago de Compostela, la de Astorga, la de San Sebastián, la de Bilbao, la de Jaca, etc., etc., para lo que la Iglesia solo ha tenido que pagar alrededor de 30 euros de tasa del registro.
LA MAYOR PROPIETARIA DESPUÉS DEL ESTADO
El caso más sonado en las últimas semanas ha sido el de la Mezquita de Córdoba, inmatriculada en 2006. En el informe elaborado por la comisión de expertos y firmado, entre otros, por el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, se afirma que, desde su primera construcción, en época andalusí, respondió a un “proyecto de carácter estatal”. La Iglesia no tiene ningún título de propiedad, por lo que su registro como “Santa Iglesia Catedral”, señala la Comisión, “es irregular”.
La reforma de una ley (en alusión a la de 1998) “no puede tener una validez jurídica superior a la de un principio constitucional básico”, recuerda y afirma que la Iglesia “no es propietaria del conjunto de la Mezquita-Catedral”. Los expertos aseguran que el Ayuntamiento de Córdoba “tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación” presentando un recurso de inconstitucionalidad. La Comisión también advierte de que aceptar que la Mezquita es propiedad de la Iglesia significa en la práctica que lo es de un Estado distinto al español, el Estado Vaticano, que podría como propietario “vender libremente el bien”.
Y es que, como se viene denunciando desde hace años desde distintos colectivos en defensa de la laicidad, el Vaticano es el segundo mayor propietario después del Estado español. Además de iglesias, monasterios, abadías, conventos, capillas, ermitas y santuarios, la IC es propietaria de museos, colegios, fincas, cementerios, residencias, hospitales, pisos, garajes, guarderías, editoriales, aparcamientos, campos de fútbol, frontones, huertas, almacenes, pueblos en ruinas, plazas, parques y hasta la cima de una montaña, el monte Oiz, en Bizkaia.
