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Ayuntamientos piden apoyo al Gobierno ante las inmatriculaciones de la Iglesia

Convocan una Asamblea para el 6 de abril en Burlada. Consideran que una Diócesis “atrincherada en un muro de silencio” está creando “alarma social” en los pueblos

Dieciséis ayuntamientos que forman parte de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro se van a dirigir a todas las entidades locales para que suscriban acuerdos contra las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia católica y acudan a una asamblea general que tendrá lugar el 6 de abril en la Casa de Cultura de Burlada. En el acuerdo propuesto se demanda el apoyo del Gobierno de Navarra en un asunto que crea "alarma social", ofreciendo a los pueblos información jurídica e histórica sobre el origen y derechos de su patrimonio. También piden al Ejecutivo de UPN que informe de todas las inversiones realizadas con dinero público en el arreglo, mejora y sostenimiento del patrimonio inmatriculado por la Diócesis y apoyo explícito a quienes intenten recuperarlo.

La Plataforma en Defensa del Patrimonio nació en 2007 al descubrirse casualmente que el Arzobispado estaba inmatriculando a su nombre bienes de los pueblos acogiéndose a una modificación de la Ley Hipotecaria franquista realizada en 1998 por el Gobierno de Aznar. Por una vía "privilegiada" y con un coste "irrisorio" de entre 20 y 30 euros, la Iglesia ha registrado a su nombre hasta 1.087 bienes: iglesias, ermitas, casas y terrenos que, según la Plataforma, "sigue vendiendo, alquilando y cobrando entradas", aunque en muchos casos se trata de edificios en mal estado que es "incapaz de mantener en pie".

Ahora, cuando la Plataforma agrupa ya a 150 entidades locales, los ayuntamientos quieren impulsar la protesta, teniendo en cuenta que la Diócesis se ha "atrincherado en un muro de silencio". Asimismo, consideran que la unidad hará posible una mejor defensa de los intereses de los pueblos, a pesar de que hasta ahora algunos ayuntamientos y concejos han conseguido "victorias parciales" en los tribunales "muy satisfactorias para los vecinos". La Plataforma considera que, al margen de las dificultades legales y económicas de los pueblos para hacer frente al Arzobispado, uno de sus mayores logros es "la batalla de la opinión pública", donde se felicitan por que el asunto haya trascendido a los grandes medios de comunicación, incluso nacionales, y a la mayoría de los grupos políticos. El Parlamento de Navarra acordó en junio solicitar la derogación de la Ley Hipotecaria e instar al Gobierno a realizar un inventario del patrimonio total afectado y el problema se ha abordado también en el Senado.

Los convocantes van a remitir también a todos los ayuntamientos una ficha para que detallen la relación de inmuebles a nombre de la Iglesia católica de cada pueblo que aparentemente presentan estado de ruina total o parcial.

Juan Mari Barriola (Leitza), Garbiñe Elizegi (Baztan), Unai Lako (Aoiz), Mariví Sevilla (Lodosa), Iñaki Iriarte (Lerga), Txiki Iriarte (Irurtzun) y Peio Gastearena (Villava), ayer en la presentación. (oskar montero)

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