El Arzobispado tiene en Avilés 60 propiedades, que incluyen templos edificios, locales, viviendas y terrenos
Avilés se convirtió el pasado 25 de mayo en el primer ayuntamiento asturiano que aprobó cobrar el IBI a la Iglesia. La decisión está adoptada, pero no se puede aplicar si el Gobierno del Estado no modifica dos leyes, la de Haciendas Locales y la del Mecenazgo. En todo caso, el Ayuntamiento ya ha recibido la información que maneja el Catastro sobre las propiedades que podrían ser objeto de cobro de este impuesto. El Arzobispado de Oviedo tiene en la ciudad 60 templos, edificios, viviendas, locales y terrenos. Suman un valor catastral de 14,5 millones de euros y, de tener que abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles -la contribución- por todos, tendría que pagar al Ayuntamiento un total de 124.089 euros.
De los 60 edificios que suma la Iglesia Católica en la ciudad, 21 de ellos están destinados a usos religiosos. Su valor catastral sumaría 3.997.500 euros. Por ellos, la cuota anual del Impuesto de Bienes Inmuebles ascendería a 34.138 euros. Los 39 restantes tienen usos muy distintos, desde residenciales, como las viviendas de los diferentes párrocos del municipio, hasta comerciales, culturales, almacenes, oficinas o beneficencia, como por ejemplo el asilo de San Cristóbal.
Seis de esos inmuebles son propiedad de la Diócesis conjuntamente con congregaciones como las de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados Teresa de Jornet, la Hija de la Caridad de San Vicente de Paul y Ángel de la Guarda Provincial Nuestra Señora de Covadonga Ciudad de Avilés. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, los seis edificios que se podrían englobar en esta situación tendrían un valor catastral de 8,6 millones y el Arzobispado tendría que pagar por ellos una contribución de 73.814 euros.
Los 33 restantes suman un valor catastral menor, concretamente de 1,8 millones de euros. El IBI sería de 16.136 euros. Con todo, en caso de que la Iglesia Católica dejara de esta exenta del pago de este impuesto, tendría que hacer anualmente un desembolso de 124.089 euros por sus propiedades en Avilés. Si, como se está señalando últimamente se eliminara de esta decisión a los edificios con destino al culto de esa obligación de pago, la cifra se reduciría a 90.000 euros. Pero todavía podría ser más baja si tampoco se incluyesen aquellos que tienen usos de beneficiencia o sociales, quedándose incluso por debajo de los 16.000 euros la contribución anual.
En el conjunto de España, la Iglesia cuenta con unos cien mil inmuebles, de los que prácticamente la mitad están dedicados al culto. Según calcula España Laica, tendría que pagar entre 2 y 3,5 millones de euros anuales por estos edificios. La Ley de las Haciendas Locales estipula que la Iglesia está exenta de pagar el IBI en virtud de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979. La Ley de Mecenazgo también le afecta, ya que contempla la exención de todas las instituciones de tipo social. Por tanto, para que el Ayuntamiento de Avilés, y los del resto de España, puedan cobrar este IBI, el Estado debería de modificar estas leyes, algo que hasta el momento el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Parlamento, ha negado que vaya a hacer
Igualdad
El pasado 25 de mayo, el Ayuntamiento aprobó la moción presentada por Izquierda Unida con la que se insta al Gobierno central a modificar estas normas, de forma que los arzobispados comiencen a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. Fue el primero de Asturias que lo hizo, pero vendrán otros más, ya que IU y PSOE suman mayoría en varios de ellos. El Partido Popular y Foro han votado en contra de esta decisión.
En el resto de España también se están produciendo acuerdos similares, incluso en algunos ayuntamientos como los de Alcalá de Henares y Amoeiro han decidido cobrar el impuesto sobre las propiedades que no se mencionan explícitamente en los Acuerdos del Estado y la Santa Sede, como los locales que la iglesia alquila o los que no utiliza para ningún fin.
De momento en el Ayuntamiento de Avilés no existe este planteamiento, pero sí la intención de analizar de forma más profunda la situación de cada uno de los inmuebles, viviendas, locales y fincas de la iglesia. «En algunos incluso puede haber volumen de negocio», señalaba la concejala de Hacienda, Ana Concejo.
Para la edil, «aunque el debate se haya abierto en este momento de crisis económica en el que los ayuntamientos necesitamos ingresos, detrás de este planteamiento está claro que subyacen diversas cuestiones, entre ellas la de igualdad».
La concejala socialista comparte que no se deba pagar por las iglesias o por las instalaciones que están destinadas a usos sociales, «pero tiene otras propiedades de las que se lucra y no paga los impuestos debidos», apuntó. Por eso para ella sería necesario que el Parlamento apruebe una nueva normativa que «encuentre un punto intermedio de equilibrio, porque hay que diferenciar culto y acción social de esas otras propiedad que tienen otros usos».
Labor social
El debate abierto el pasado mes de mayo ha seguido distintos derroteros. Incluso desde algunos sectores de la Iglesia Católica se llegó a advertir que de tener que hacer frente al pago de este impuesto se verían obligados a reducirlo de otras acciones sociales, incluso se señaló directamente a Cáritas. Este fue precisamente uno de los argumentos que esgrimió el Partido Popular para votar en contra de la moción.
Sin embargo, la concejala de Hacienda, la socialista Ana Concejo, recordaba que «una parte importante de los ingresos de la Iglesia llegan a través de la financiación pública, a través del Impuesto de la Renta y otras ayudas». Según el cálculo que hace Izquierda Unida, cada año ingresa 9.000 millones procedentes del Estado. Concejo recordó estas cifras y consideró que «lo mejor es que todos paguen y que luego sean las administraciones las que redistribuyan esos ingresos para destinar los que sean necesarios a la acción social».
Según los datos del Catastro, en Avilés, a los 21 espacios destinados al culto se suman 18 que tienen uso residencial en puntos tan dispares del municipio como las céntricas calles de José Cueto o José Manuel Pedregal, o los barrios de El Pozón, Versalles o San Cristóbal, entre otros.
Otros de sus inmuebles tienen usos comerciales. En esta situación se encuentran cuatro que están en las calles Covadonga, Ería de Corros, Santa Rita y Managua. Mientras que en La Carriona, Versalles y La Magdalena dispone de locales que tienen declarado el uso de almacén-estacionamiento.
El Arzobispado dispone también de suelo sin edificar en algunos puntos del concejo como El Pozón, San Cristóbal o Valliniello. La casa de Eladio Muñiz o Josefina Balsera, en la calle de La Cámara y unida a la iglesia de Santo Tomás, está declarada como de uso cultural.
