La Sala II del Tribunal Supremo ha aumentado de 18 a 21 meses de prisión la pena a Antonio Maté Rico, el sacerdote jubilado de Gumiel del Mercado que el año pasado fue declarado culpable por la Audiencia Provincial de Burgos por apropiarse indebidamente de 43.000 euros (unos 14.000 ya devueltos) correspondientes a la Fundación Padre Cristóbal Figuero, que presidía y tiene su sede en la localidad gomellana.
El Alto Tribunal ha absuelto a Ana Isabel Zabalza Adave, que era su pareja sentimental y secretaria de la institución, que inicialmente también fue condenada a cuatro meses de prisión al ser considerada cómplice al considerar que no hay datos suficientes para su condena en los hechos probados.
La sentencia estima el recurso de la Fiscalía, al entender que al ser continuado un delito para el que se prevé una pena de seis meses a tres años de prisión debe imponerse la mitad superior. Por ello eleva la condena al religioso que realizó los cargos por la citada cantidad contra una cuenta de la fundación mientras la presidió (2009-2011) para atender gastos de él y su pareja, sin comunicar ni aportar al patronato jusfificación.
La mayoría de los cargos fueron efectuados cuando ambos se fueron a vivir a Utrera (Sevilla) a una finca que había dejado en herencia a la fundación el también sacerdote gomellano Cristóbal Figuero del Campo.Un traslado que, según su versión, hicieron para realizar los trámites con los que dar cumplimiento al testamento, pero que no quedó acreditado como tampoco los gastos de viajes, de la tramitación de la herencia, de la realización de obras en la finca y de las peonadas a las que atribuyeron los cargos.
El tesorero y el vicepresidente de la institución ignoraron lo que ocurría hasta que el condenado les presentó en agosto de 2011 las cuentas del año anterior. Fue entonces cuando el tesorero pidió a Caja de Burgos los extractos y se descubrió el dinero que faltaba.
El Supremo estimado también el recurso de la pareja del cura porque resulta insuficiente para condenarla la «escueta» descripción de los hechos probados: «Siendo todo conocido por la acusada, Ana Isabel, sin que ésta, en su condición de secretaria de la fundación, pusiesen objeción a ello, ni tampoco en conocimiento de los demás miembros de la misma».
Para el Alto Tribunal «el mero conocimiento de los hechos no supone contribución alguna a su comisión, en tanto que si lo que la Audiencia le atribuye es la participación mediante una comisión por omisión, prevista en el artículo 11 del Código Penal, semejante atribución de responsabilidad hubiere requerido una suficiente explicación, que en este caso es del todo inexistente, por parte del Tribunal ‘a quo’ acerca de la obligada ‘posición de garante’ que pudiere ostentar en relación con los actos realizados por el presidente de la Fundación, lo que, por otra parte, hubiera debido conducir, caso de existir tal obligación en los términos necesarios para ello, a una implicación propia de la autoría, no de la complicidad».
Residencia fallida
La Fundación Padre Cristóbal Figuero se constituyó en marzo de 2004 promovida por el desaparecido sacerdote gomellano homónimo que tras ejercer la misión durante tres lustros en Perú y trabajar durante 25 años en diferentes apostolados en Estados Unidos, entre ellos como capellán de prisiones federales, desde 1995 fijó su residencia en Sevilla donde ejerció como capellán de la fuerza aérea norteamericana de la base de Morón.
El patronato, en el que se integraron otros hijos de la localidad ribereña, se creó con una dotación inicial de 30.000 euros y un único fin: la creación de una residencia de ancianos. La fundación logró la donación de una finca de 8.200 m2 a la entrada de Gumiel de Mercado de María Luis Dávila y Jalón, hija del general Dávila, y redactó el proyecto para un centro asistencial de 60 plazas cuyo presupuesto rondaba los dos millones de euros. En junio de 2007 celebró una cena benéfica en Aranda para recaudar fondos y Caja de Burgos le concedió 25.000 euros de ayuda.
Un año más tarde tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra pero el padre Cristóbal Figuero, que aseguraba contar con el compromiso de financiación de la Junta de Castilla y León y otras donaciones, fallecía el 13 de agosto de 2008. Le sustituyó en la presidencia Antonio Maté Rico y no se ha sabido más de la iniciativa.
