Mientras un autobús recorre las principales capitales europeas sembrando la más que razonable duda sobre la existencia de Dios, en Sevilla destacados representantes del Estado se arrodillan ante altos dignatarios de la Iglesia católica.
El pasado sábado, la jerarquía católica organizó una multitudinaria toma de posesión de Juan José Asenjo como nuevo arzobispo coadjutor de Sevilla. El acto tuvo lugar en la catedral. El ayuntamiento de izquierda interrumpió el funcionamiento de algunos servicios públicos. Varios cardenales (con los ultraconservadores Rouco y Cañizares a la cabeza), el nuncio, obispos, canónigos, capellanes, arciprestes, centenares de sacerdotes de a pie y tres mil fieles, según la organización, asistieron a la ceremonia religiosa.
En los primeros bancos tomó asiento una nutrida representación del poder civil: el presidente del Congreso, José Bono; el vicepresidente de la Junta, José Griñan; la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo; los alcaldes de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y de Córdoba, Rosa Aguilar (IU); el delegado del Gobierno socialista central, López Garzón; diputados y concejales varios, socialistas y populares; representantes del poder judicial; generales del Ejército; jefes de la policía regional y provincial; dirigentes de la patronal.
Como decía un clásico, estaba lo más granao de cada casa. Perdón: no hubo representación de Izquierda Unida, socio en el gobierno de Sevilla (salvo la citada Rosa Aguilar, amiga del nuevo arzobispo, a quien abrazó en el acto).
La Constitución garantiza "la libertad ideológica, religiosa y de culto" de todos los españoles. También señala que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". Una vez más, se plantea la vieja cuestión de la presencia apabullante y excesiva de los representantes de un Estado aconfesional (que debería ser laico) en un acto religioso. En este caso, como casi siempre, un acto religioso católico.
El debate sobre la separación real de la Iglesia católica y el Estado sigue abierto. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ofrecía en diciembre este dato: uno de cada cinco españoles es ateo o no creyente. La quinta parte de la población. Más de ocho millones de españoles que no quieren que los poderes públicos elegidos democráticamente apoyen a ninguna religión en concreto.
El presidente de la Unión de Ateos y Librepensadores (UAL), Albert Riba, me comentaba estos días que no hay nada que objetar a que esas mismas personas acudan a título personal a la presentación oficial de monseñor Asenjo. Pero "las autoridades y representantes públicos deben abstenerse como tales de asistir a cultos religiosos", sostiene el sociólogo catalán Riba, fundador de Ateus de Catalunya. Aunque admite una presencia mínima, si son invitados a esos actos. Presencia que otros ateos más radicales rechazan de plano.
La UAL ha importado a España una idea que surgió hace unos meses en Gran Bretaña: el autobús ateo (www.busateo.org), que pasea por distintas capitales europeas el lema Probablemente no hay dios. Deja de preocuparte y disfruta de la vida. Su presencia en las calles de Barcelona ha agitado el debate religioso. En dos semanas, más de 200 andaluces han contactado con la UAL, que ya cuenta con medio millar de simpatizantes en esta comunidad. Dentro de pocas semanas, el autobús ateo recorrerá las principales calles de Málaga y Sevilla. El ayuntamiento malagueño ya ha dado el visto bueno y se espera también una respuesta positiva de Monteseirín.
El autobús ateo debe ser la excusa para debatir si los espacios públicos pueden ser ocupados por todos o solo por unos cuantos. Una paradoja: mientras que la Iglesia católica toma la ciudad de Sevilla varias veces al año, los musulmanes siguen sin un lugar donde construir su mezquita.
Eso no es lo que reza la Constitución.
