En Europa y particularmente en España “la presión que las confesiones religiosas ejercen sobre los poderes públicos hacen que la noción de libertad de conciencia se deslice hacia la limitación de derechos, con la llamada ‘libertad religiosa’, un concepto surgido de la Reforma protestante que ahora comparte y utiliza la Iglesia católica”. Así lo expuso en entrevista con Libela el filósofo Juan Francisco González Barón, miembro fundador (marzo de 2001) de la asociación Europa Laica y presidente de la misma.
En la España actual existe una profunda reflexión sobre la laicidad. ¿Sobre qué ejes se sitúa dicha reflexión?
Para empezar, en España “laicidad” y “laicismo” son términos con significaciones muy diferentes, tal y como éstas se han ido estableciendo y consensuando desde la Constitución de 1978 a través de los medios de comunicación. Eso hace que exista una tremenda confusión generalizada con respecto a la interpretación de los derechos fundamentales.
Por “laicidad” se suele entender el avance hacia una sociedad plurirreligiosa, donde diferentes confesiones (catolicismo, protestantatismo, islamismo, judaísmo…) se reparten los privilegios de un reconocimiento oficial que hasta el momento monopolizaba la Iglesia católica. Es la línea defendida por teólogos más o menos disidentes, identificados con la teología de la liberación, como Juan José Tamayo. Es también la línea programática del Partido Socialista ahora en el poder, iniciada a partir de la década de 1990 por sus teóricos como Gregorio Peces-Barba, Dionisio Llamazares o Victorino Mayoral.
Desde asociaciones como “Europa Laica”, que se integran en el movimiento laicista, consideramos que la “laicidad”, entendida como un tratamiento igualitario a todas las confesiones religiosas, excluye del disfrute de los derechos positivos tanto a los no creyentes como a los creyentes que no se identifican con las doctrinas políticas de los líderes clericales (aunque en encuestas de opinión se declaren “católicos”, “cristianos” o “musulmanes”).
El “laicismo” defiende la libertad de conciencia frente a la llamada “libertad religiosa”. Al término “conciencia” le otorgamos un doble significado, como “conciencia moral” y como “consciencia”, es decir, como reflexión, como capacidad de pensamiento. Pensamos que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 18, establece la igualdad incuestionable, en el ámbito político y jurídico, entre las convicciones religiosas y las no religiosas. Esta interpretación está avalada por la propia Asamblea de las Naciones Unidas:
Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981. |
En ella se insiste hasta la saciedad en la igualdad entre religión y convicciones de tipo no religioso.
Por este motivo, tal como lo expresamos en el Plan de Acciones y Campañas,(1) pensamos que, desde el Artículo 16 de la Constitución, desde los Acuerdos Concordatarios y desde la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, todo nuestro desarrollo legislativo en materia de libertad de conciencia es un auténtico fraude.
El debate actual que ha trascendido al ámbito internacional a través de los medios de comunicación confunde estas dos posiciones. Cosas tan obvias para quienes defendemos la autonomía del ser humano, como es su derecho a buscar la felicidad donde crea poder hallarla, lo que ha dado lugar al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, ha provocado el escándalo en los medios clericales y en la derecha tradicional española, acostumbrados a gobernar las vidas privadas de todos los ciudadanos. Sin duda, conquistas de este tipo, como hace años lo fueron el matrimonio civil y el divorcio, avanzan hacia la secularización. Pero hay un fuerte estancamiento (y en algunos aspectos un gran retroceso) en lo que se refiere al laicismo como antes lo hemos definido: el pleno reconocimiento político y jurídico de la libertad de conciencia.
¿Cuáles son las lecciones que ha dejado la reciente polémica sobre la enseñanza religiosa en la escuela pública? ¿Dicha enseñanza tiende a ser más doctrinaria que histórica?
Fundamentalmente, la ignorancia o la mala fe de nuestros poderes públicos (personalmente, no encuentro otra explicación). Si reconocemos la igualdad entre convicciones religiosas y convicciones no religiosas, tal como queda establecido en los textos internacionales arriba citados (con los que la Constitución española se compromete en su artículo 10.2), es obvio que un deísta, un agnóstico o un ateo tendría tanto derecho a reclamar la educación de sus hijos en sus creencias particulares, en el seno de la escuela sostenida con fondos públicos, como un católico, un protestante o un musulmán. Es evidente que atender todas estas demandas particulares sería imposible, por lo que atender sólo algunas (las religiosas) y, en la práctica, casi de manera exclusiva la opción católica, es un privilegio inadmisible que despoja de derechos a todos los demás. Aquí se sigue hablando de ese fraude sin fundamento llamado “libertad religiosa”.
Jerarquías de Iglesias como la católica (y en parte la musulmana) han desplegado una campaña mundial para exigir lo que denominan “pluralidad de la enseñanza” para insertar sus creencias en la escuela pública ¿Es eso compatible con los principios de la razón y de la ciencia?
Fe y razón son cosas distintas y antagónicas que, sin embargo, a veces conviven en un mismo individuo. Para el laicismo el problema no es ese (o sólo lo es en el plano filosófico, pero no en el político y jurídico): las convicciones más absurdas, siempre que su ejercicio sea compatible con la convivencia en una sociedad democrática, son perfectamente legítimas. El problema es que todas las convicciones son legítimas, y si yo me invento un dios personal y un catecismo privado tengo tanto derecho como el obispo o el imán a reclamar la enseñanza de éstos en la escuela pública. La única salida viable, que no vulnera derechos, es que estas enseñanzas se realicen en ámbitos privados como la parroquia, la sinagoga, la mezquita, el club de ateos…
Desde la perspectiva europea ¿cuáles factores obstaculizan y cuáles favorecen el desarrollo de sociedades seculares y los Estados laicos?
La mayor parte de estados europeos son en uno u otro grado confesionales. El caso de España no es único, y la presión que las confesiones religiosas ejercen sobre los poderes públicos hacen que la noción de libertad de conciencia se deslice hacia esa limitación de derechos que es la llamada libertad religiosa, un concepto surgido de la Reforma protestante que ahora comparte y utiliza la Iglesia católica. Por otra parte, en Europa, como en España, existe un fuerte movimiento social consciente de que las religiones (la actual conflagración a que se pretende conducirnos entre cristiandad e islam) son el mayor obstáculo a las soluciones pacíficas y a la consecución de sociedades democráticas.
¿Cómo observan desde España el desarrollo de la laicidad en Iberoamérica y, particularmente, en América Latina?
Nos llegan, cada vez más, alentadoras noticias desde países como México, Venezuela, Chile, Argentina…, sobre el surgimiento de organizaciones laicistas, pero son esporádicas y no nos permiten, por el momento, hacernos una idea clara sobre el grado de arraigo que estas tendencias pueden alcanzar.
¿De qué manera el Estado debe gestionar la pluralidad de creencias?
Creo que a esta pregunta tan amplia puede responder mejor lo que planteamos en nuestro Plan de Acciones y Campañas, en lo que a España se refiere.
Finalmente, ¿qué papel atribuye a las sociedades y sus organizaciones en la profundización del Estado laico?
El movimiento laicista y la noción misma de democracia y de derechos fundamentales no tienen ningún futuro, frente a la fuerte ofensiva de las grandes religiones y de las políticas imperialistas, si sus defensores no son capaces de organizarse para ejercer una presión igual o superior sobre los poderes públicos a la que ejercen las tendencias involucionistas y antidemocráticas.
