El fraile mexicano, teólogo feminista y fundador de Católicas por el Derecho a Decidir, Julián Cruzalta, comparte con Soy la experiencia de su país, donde Iglesia y Estado no se tocan entre sí desde hace 160 años.
¿Qué opina sobre el reclamo que va surgiendo en algunos países que pide separar Iglesia de Estado?
-Es un tema importantísimo porque la función del Estado es garantizar derechos y libertades, entre ellas la libertad religiosa, pero no es función del Estado dar catecismos religiosos. Un Estado no es neutral en asuntos éticos, tiene su propia ética, la ética pública. Y cuando un Estado asume una ética religiosa no respeta la pluralidad de sus ciudadanos. Estado e Iglesia tienen ámbitos diferentes, misiones diferentes. Así que la separación entre una y otro es muy sana. En México llevamos 160 años de separación (e incluimos la definición de Estado Laico en la Constitución hace unos cinco años) y nos ha ido muy bien: las iglesias siguen con su función, que es propagar su ética pero no con la fuerza del Estado.
Pero esto implica una sociedad con mentalidad laica…
El problema es cuando se quiere imponer una sola visión ética con la mano del Estado. Los templos se llenan, pero la gente, como ha crecido con una concepción de Estado laico no ve con buenos ojos que la iglesia intervenga en asuntos de política pública. Son muchas generaciones educadas con esta concepción. Esto no significa que fuera de la ley puedan existir lazos entre políticos y obispos, intercambio de favores. Los gobernantes van en busca del apoyo de los obispos porque en México el 80 por ciento de la gente es católica, y los obispos se benefician de eso. Eso también pasa. Pero la ilegalidad le da otro marco. En México por ejemplo no se les puede dar ningún tipo de subvención a las iglesias.
¿De dónde sacan las iglesias el dinero cuando están separadas del Estado?
-Se mantienen con los donativos de sus feligreses, como cualquier entidad privada. Incluso, en el caso de México, los templos son propiedad del Estado, sean de la religión que sean. La iglesia no compra los templos, sino que existe una relación de cooperación entre fieles e iglesia. Así que los templos están como en comodato. El Estado nunca les quita el templo, pero nadie los puede vender. La gente de México es muy religiosa,…
Sí. Pero está muy clara la separación y está claro que eso no implica combatir a los cultos. Mientras que las leyes garanticen la libertad de culto (como está garantizada también en Argentina) no hay ningún problema. Se cree que el Estado laico es antirreligioso y esa es una mala interpretación. Es un Estado de derecho y garantiza los derechos de las personas, incluidos los derechos de los feligreses. Sólo que el Estado no asume tareas como dar catecismo religioso. El Estado moderno es plural y diverso. Uno de los grandes problemas de la Iglesia Católica es que no han entendido la cuestión de la sexualidad. La siguen viendo solamente de un modo reproductivo y esta postura es una de las razones, no la única, que explica que se perpetúen discriminaciones contra homosexuales y que en gran parte de América Latina se siga penalizando el aborto.
¿Cuándo se unieron Estado e Iglesia?
-En América Latina desde la Colonia, lógicamente, por asuntos de construcción de poder. Pero ya en el mundo moderno se va haciendo evidente que tienen naturalezas y funciones distintas y no deben estar unidos. Es una herencia muy fuerte que traemos. La iglesia católica está acostumbrada a estar unida con el poder desde la época del Imperio Romano, con Constantino. Trae una larga experiencia de apoyarse en el poder. A lo largo de la historia en distintos países en diferentes momentos se fue dando la separación. Incluso diría que esta relación con el poder civil le ha hecho mucho daño a la Iglesia Católica, porque se acostumbró a imponer su ética con la fuerza del Estado cuando su función es convencer a la gente. Las religiones se proponen, no se imponen. Y no le gusta nada perder esta relación tan fuerte con el Estado. Pone una fuertísima resistencia siempre. No ha cedido nunca esta relación, sino que se la han ido quitando a medida que los Estados van entendiendo que tienen otra función.
