Asociación Pi y Margall por la educación pública laica

II Encuentro por la Laicidad en España. Barcelona 2002

La idea de esta comunicación es presentar las acciones que la asociación ha venido realizando desde del encuentro del verano pasado, con vistas a la consecución de los objetivos por la que se fundó y que tiene como foco de referencia la denuncia y anulación de los acuerdos entre España y el Vaticano como condición necesaria para la exclusión de la asignatura de Religión de la Educación Pública. Aún interesándonos por los aspectos teóricos y fundacionales de la laicidad ( cuyo ejemplo fue el I Encuentro realizado en Motril), creemos que es oportuno, aún más en vistas del nuevo tratamiento que de la asignatura de Religión se da en la “ Ley de la Calidad del Sistema Educativo”, articular una propuesta de acción concreta como la creación de una plataforma estatal con un plan de trabajo claramente definido para que sea discutida en el encuentro de Barcelona.

Al concluir el Primer Encuentro Por la Laicidad en España, la asociación elabora un documento base que, tras un proceso de debate, acabó convirtiéndose en el Manifiesto de Motril. La idea de este manifiesto era retomar algunas de las conclusiones que se habían presentado en el encuentro, impulsar un debate sobre el estado de la cuestión en la que se encuentra la laicidad en España e indicar algunas líneas de acción que estuviesen encaminadas a hacer realidad nuestro objetivo último: la reafirmación del carácter laico del Estado y de sus instituciones

La Asociación Pi y Margall nace, básicamente, como una asociación que pretende defender los derechos que asisten, por un lado, a los padres y madres que no desean que sus hijos cursen materias de contenido religioso, y, por otro, a los alumnos y alumnas que no cursan este tipo de materias. Consideramos que una parte importante de estos derechos están ya recogidos en la propia ley que regula el sistema educativo. Partiendo de este supuesto, y dado que la asociación surge por la preocupación ante estos problemas de un grupo de padres y madres que tienen a sus hijos e hijas matriculados en un colegio público, desde la asociación se iniciaron una serie de acciones encaminadas a que se retirasen los símbolos religiosos del Colegio Público Virgen de la Cabeza. Al margen de las peticiones por escrito presentadas ante la dirección del centro, la Asociación decidió enviar una consulta al Defensor del Pueblo Andaluz. De la contestación, como era de esperar ambigua, que en su día nos diera el Defensor del Pueblo consideramos que los siguientes apartados podrían ser usados para defender nuestros objetivos:

«Así, hemos señalado que la existencia de símbolos religiosos en un centro docente público es acorde al texto constitucional, desde el momento en que no son impuestos a aquellos que profesan creencias o confesiones diferentes a la simbolizada. Ahora bien, ¿puede seguir sosteniéndose esta ausencia de coacción o de imposición cuando el símbolo está colocado en un lugar –las aulas– a las que necesariamente han de acudir todos los alumnos para recibir enseñanza?

Parece que la respuesta a esta pregunta deber ser negativa. En efecto, la colocación de un símbolo religioso en la pared de un aula impregna de su significado a cuantas personas se encuentran en el citado aula, sin permitir diferenciación alguna para las personas que profesen diferentes confesiones o creencias de la simbolizada. Obligando, por tanto, a éstas personas a soportar su identificación necesaria con un símbolo que entienden no representan su creencia religiosa.

Abundando en esta apreciación, hemos de señalar que estaríamos ante un ejercicio ilegítimo de las facultades positivas que conforman el derecho a la libertad religiosa, por parte de los miembros de una determinada confesión religiosa, desde el momento en que, en su ejercicio, están vulnerando el contenido esencial del ámbito negativo de las facultades de este derecho fundamental de las demás personas.

Podría decirse que dicha vulneración se evitaría si se permitiera a los miembros de otras confesiones o creencias colocar en la misma aula sus propios símbolos religiosos. Sin embargo, dicha solución, si bien acorde con el principio de no discriminación que constituye otro de los límites del derecho a la libertad religiosa, podría llevarnos a una situación práctica difícilmente sostenible, con las aulas escolares repletas de simbología religiosa de diverso origen, a la vez que supondría una vulneración, de imposible solución, del principio de no discriminación respecto de las personas cuya creencia religiosa consista precisamente en la ausencia de la misma, los cuales únicamente pueden ver garantizado su derecho a la libertad religiosa con la ausencia total de simbología confesional.

En consecuencia, parece claro que la única forma de garantizar el respeto de todos los aspectos que inciden en la determinación del derecho a la libertad religiosa, pasa por la eliminación de toda simbología religiosa en los Centros docentes públicos que no se encuentre en los lugares específicamente habilitados al efecto, o que no sea colocada especialmente para la impartición de la formación religiosa, siempre que, en este caso, se retire una vez terminada la docencia, cuando en el mismo aula haya de impartirse otra disciplina académica. […]

A modo de conclusión de esta reflexión, podemos destacar las siguientes consideraciones:

– La existencia de símbolos religiosos en los centros docentes públicos no vulnera el derecho a la libertad religiosa de las personas de distinta confesión, en la medida en que los mismos se encuentren situados en los lugares especialmente destinados al culto o la enseñanza religiosa, o se coloquen en lugares que individualicen a su portador: pupitres, carteras, carpetas, prendas de vestir, etc.

– Los símbolos religiosos colocados en aulas donde se imparta enseñanza de asistencia obligatoria, en Centros docentes públicos, puede vulnerar el derecho a la libertad religiosa de las personas y, por tanto, deben ser retirados cuando así lo solicite alguno de los que se consideren afectados.»

Con este informe del Defensor, nos dirigimos de nuevo a la dirección del Centro Escolar exigiendo la inmediata retirada de los símbolos religiosos de aulas, biblioteca y otros espacios de uso compartido. Dado que la respuesta del Defensor del Pueblo no era del todo concluyente, ni posee carácter vinculante, el director se dirigió a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Granada para que ésta se manifestara. La Delegada de Educación, a su vez, elevó la consulta directamente a la Consejería de Educación, manifestándose finalmente esta Consejería a través del Director General de Planificación Educativa quien, en escrito remitido, a través de la Delegación Provincial de Granada al director del Colegio Público Virgen de la Cabeza, sostiene que la decisión acerca de los símbolos religiosos debe de ser adoptada en el seno del Consejo Escolar del centro. La propia Consejera de Educación, Cándida Martínez, en una reunión celebrada con los directores de los colegios públicos de Motril, ratifica las palabras de su Director General e insiste en que sea el Consejo Escolar quien decida en este caso.

Sin embargo, el Consejo Escolar del Colegio, creemos que con buen criterio, opta por no tomar decisión alguna al respecto, entendiendo que no se encuentran entre sus competencias decidir sobre un asunto que afecta a un derecho constitucional como es la libertad de conciencia, como se recoge en el propio informe del Defensor del Pueblo.

Nosotros interpretamos la solución propuesta por la Consejería de Educación como la constatación de una falta de voluntad política para afrontar el problema; además, consideramos que esta “solución” es incompatible con lo manifestado por el Defensor del Pueblo. Para nosotros, la presencia de símbolos de contenido religioso en los centros de enseñanza de titularidad pública debe estar regulada en una ley que, como tal, ordene esta materia en todos los centros. Evidentemente, la única forma de garantizar el derecho de aquellas personas que han decidido llevar una vida al margen del fenómeno religioso, además de evitar conflictos y situaciones absurdas en los centros de enseñanza, pasa por la retirada de los símbolos religiosos.

En este estado de cosas surge en el seno de la asociación un intenso debate sobre la estrategia a seguir. De un lado, cabe la posibilidad de llevar una línea de acción más directa, aprovechando el interés que en los medios de comunicación suscita este tipo de cuestiones. Y de otro, se plantea la necesidad de iniciar contactos con fuerzas políticas, evidentemente con aquellas que tradicionalmente se consideran o se autodenominan de izquierdas, que puedan asumir una parte central de nuestros planteamientos y, llegado el momento, ponerlos en práctica.

Los distintos acontecimientos que han sucedido en éste país en torno al papel que la Iglesia juega en la educación, permitieron que el debate se enmarcara en un contexto más amplio, de manera que, si bien la situación en el centro no es la que quisiéramos, puesto que los símbolos religiosos siguen expuestos en algunas dependencias del centro, sí consideramos positivo el hecho de que nuestras acciones pudieran contribuir, de alguna manera, a reactivar un debate mucho más profundo y genérico sobre la intromisión de la Iglesia en el sistema educativo.

El debate que se mantiene en la asociación es intenso, rico y, en algunos momentos, como es menester en estos casos, se desarrolla con cierta fogosidad. En él se cuestiona la viabilidad, en términos de rentabilidad política para la asociación, y el coste emocional, especialmente para los padres y madres que tienen a sus hijos e hijas en el centro, que supone mantener o aumentar la tensión que se había generado al denunciar la situación que se dada en el colegio. La decisión que se adopta es la de iniciar una serie de contactos con autoridades políticas, intentando a la vez, y siempre dentro de nuestras posibilidades, mantener vivo el estado de la cuestión participando en foros, debates y emitiendo comunicados en la prensa. Fruto de estos contactos es la reunión que se tiene en el Parlamento Andaluz con Doña Aurora Atocha, Portavoz Parlamentaria del Grupo Socialista en la Comisión de Educación y con Don Manuel García Albarral, parlamentario motrileño de P.S.O.E. Hay que decir que en la asociación siempre fuimos conscientes de que no cabía esperar grandes resultados de este tipo de reuniones, y con este talante nos presentamos en Sevilla. En la reunión que se mantiene con la Portavoz de Grupo Socialista, habría que destacar la actitud receptiva, incluso de afinidad con nuestras propuestas. Se nos manifiesta la posibilidad de constituir un grupo de trabajo en el que se abordarían los problemas que planteamos, y en el que, junto a técnicos de la Consejería, estarían algún representante de nuestra Asociación. Aún no hemos tenido noticia alguna de la creación de esa supuesta comisión o grupo de trabajo y tampoco se nos ha invitado a foro de debate alguno.

Se acuerda también estudiar el inicio de acciones legales ante la Fiscalía –y así se anuncia públicamente en rueda de prensa–, ya que consideramos que la Consejería de Educación y Ciencia, al inhibirse en este asunto, puede estar consintiendo la vulneración del derecho a la libertad de conciencia de los alumnos, por no atender el requerimiento hecho por un grupo de padres, aun conociendo el contenido del informe del Defensor del Pueblo, que, en efecto, reconoce que “estaríamos ante un ejercicio ilegítimo de las facultades positivas que conforman el derecho a la libertad religiosa”.

En esta misma línea de actuación, la Asociación ha decidido enviar una queja al Defensor del Pueblo Andaluz. En dicha queja, se presentan los motivos razonados que nos llevan a no compartir el contenido del informe que en su día emitió dicha Institución, y al que ya hemos hecho referencia. Además, manifestamos nuestro descontento ante el hecho de que ni desde la dirección centro C.P. Virgen de la Cabeza, ni desde la Consejería de Educación se nos ha dado respuesta alguna a nuestras peticiones.

Durante el mes de abril, coincidiendo con el plazo de preinscripción en los centros educativos, nuestro trabajo se centra en llevar a cabo una campaña en los centros escolares destinada a los padres y madres para informarles de las condiciones que rigen la enseñanza de la signatura de religión y de las alternativas que la propia ley que regula esta materia establece para aquellos alumnos que no deseen cursar esta asignatura. También colaboramos con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Motril en la confección de un folleto en defensa de la Escuela Pública bajo el lema “Escuela Pública, Escuela de Tod@s”, donde se hacía hincapié en el carácter aconfesional que debe caracterizar a la escuela pública.

Propuesta para el encuentro de Barcelona

La asociación Pi y Margall propone la creación de una plataforma estatal que se plantee la consecución de un objetivo claro y preciso. Ese objetivo podría ser iniciar una campaña a favor de la retirada de los planes educativos de la asignatura de religión o la denuncia y la exigencia de revisión (anulación) de los acuerdos entre España y la Santa Sede.

Para que esta plataforma sea eficaz proponemos el siguiente plan de trabajo:

1)      Si se decide apoyar la idea de una Plataforma estatal, determinar el objetivo preciso que se propone alcanzar. La Asociación Pi y Margall considera que el contenido entorno al cual se debe articular la plataforma debería de ser la denuncia de los actuales acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, ya que, cualquier intento de reformar las actuales condiciones en las que se imparte la asignatura de religión en los centros públicos, choca frontalmente con dichos acuerdos.

2)      Para la conseguir la mayor eficacia posible en este plan de acción, una asociación debería asumir las tareas de coordinación de la plataforma. La idea sería la de centralizar el trabajo a través de una organización o asociación para que ésta realizara las tareas de coordinación y de difusión de las actividades a desarrollar y de los logros obtenidos.

3)      Realizar un listado de organizaciones que se sumarían o darían su apoyo a la plataforma y hacerlo público, así como recoger firmas y adhesiones de personajes que tuviesen relevancia política, intelectual o institucional.

4)      Diseñar un plan de trabajo con objetivos claros y secuenciar los pasos a seguir (recogida de firmas, reunir fondos, realizar los contactos necesarios para analizar la situación jurídica o legal del objetivo que nos planteamos, campaña de difusión en los medios de comunicación, creación de una página web de la plataforma que sirva para mantenernos informados y para difundir nuestro proyecto…

5)      Cada una de las asociaciones que apoye la plataforma debe comprometerse a realizar acciones concretas y a informar a la coordinadora del proceso que está siguiendo y de los logros obtenidos.

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