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Así ya no hacen falta enemigos

Mucho más responsable es quien permite, avala y costea los privilegios que quien de ellos se beneficia.

Recibí el otro día la invitación por parte de un canal de televisión con sede en Madrid para participar telefónicamente en un debate sobre la existencia de capillas religiosas en la universidad pública. Mientras escuchaba el debate antes de que me dieran entrada pude percatarme una vez más de hasta qué punto la derechona y la ultraderechona hispánicas han anegado el mundo de los medios de comunicación: los contertulios predicaban improperios contra la oleada de ofensas y persecución religiosa que presuntamente asuelan España por culpa de la política laica del Gobierno socialista.

INTENTÉ CLARIFICAR, entre otras cosas, que el laicismo no pretende ir en contra de la religión o de las creencias, pues solo revindica que los espacios comunes pertenezcan a todos por igual, sin discriminación o privilegio alguno, que nuestros representantes públicos respeten el principio constitucional de la aconfesionalidad de las instituciones del Estado, de tal forma que podamos ejercer nuestro derecho a la libertad de conciencia (dentro de la que se enmarca la libertad religiosa) en plena igualdad de condiciones. Fue inútil. Aquellos predicadores de la España una, grande y católica esgrimieron exclusivamente el anecdotario de las estudiantes que se pusieron en toples tras irrumpir en la capilla católica existente en el campus de Somosaguas de la Complutense de Madrid o la "procesión atea" que ha organizado para el Jueves Santo un grupo de organizaciones, principalmente la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores.

Enseguida saqué la conclusión de que con esos amigos no se necesitan enemigos: la mejor publicidad a favor de la Conferencia Episcopal Española, las organizaciones ultracatólicas como Hazte Oír o el enorme piélago de poderes fácticos políticos y económicos ultraconservadores es que unas muchachas denuncien en topless la homofobia y el machismo de la Iglesia Católica dentro de una capilla católica universitaria (por mucho que esa capilla no deba existir en un lugar institucional público) o que para mostrar su disconformidad con el cúmulo de procesiones católicas de esta semana algunos organicen otras procesiones paralelas y análogas. En ese río revuelto, grupos y organizaciones neo y ultraconservadoras pretenden crear malintencionadamente la confusión de identificar el movimiento laicista con lo que ellos llaman "laicismo radical", o el ateísmo con el laicismo, según ellos de tinte antirreligioso, anticatólico y anticlerical. De paso, por culpa de unos cuantos actos en los que no brilla precisamente la mesura, se ven injustamente puestos en entredicho años de trabajo y de racionalidad en nuestra sociedad por parte del laicismo. La provocación innecesaria o desacertada de algunos es interpretada así como abierta hostilidad contra la religión o las creencias religiosas.

Sin duda, un laicista no puede estar de acuerdo con los privilegios económicos, políticos, sociales y simbólicos que la iglesia católica detenta en detrimento de la igualdad y la libertad constitucionales, sino que, por el contrario, reivindica la derogación del Concordato y los acuerdos entre el Estado español y el Estado del Vaticano sobre los que se basan tales privilegios, y se opone a la pretensión por parte de cualquier confesión de imponer sus códigos morales e ideológicos o a la presencia de símbolos, celebraciones, calendarios y ritos confesionales en el ámbito de las instituciones públicas y a cargo del presupuesto público. Pero lo que tampoco puede y debe olvidar un laicista es que mucho más responsable es quien permite, avala y costea esos privilegios (el Gobierno y el Congreso) que quien de ellos se beneficia (las iglesias).

CON MOTIVO de la visita de Joseph Ratzinger a Santiago y Barcelona el año pasado, hubo intentos de mandarle algunos libros que cuestionaban la religión como protesta por lo que costaba ese viaje a los españoles, pero yo recomendé que más bien se enviase un ejemplar de la Constitución a nuestros gobernantes, que deciden y ordenan destinar ese dinero público a un asunto privado confesional. Y esa misma responsabilidad cae sobre nuestros gobernantes y congresistas, que por intereses espurios y electoralistas mantienen la enseñanza de la Religión en la escuela pública, el Concordato y los acuerdos con el Vaticano, o los privilegios económicos, fiscales, educacionales e institucionales a favor de la iglesia católica. A raíz de aquella visita hubo una fuerte campaña para que Ratzinger nos devolviera el dinero, pero pocos acertaron a exigir al pagador (los gobiernos central y autonómicos respectivos) que no destinase fondos públicos a distintos eventos privados confesionales.

Laico no equivale a ateo, y viceversa. Ateo no equivale a antirreligioso y viceversa. La procesión laica más palmaria y efectiva son los catorce millones de desplazamientos de esta semana por las carreteras hacia la playa y la montaña. Lo realmente criticable en las procesiones católicas es la presencia de nuestros alcaldes, ediles, gobernantes, congresistas y representantes en las mismas en calidad de sus cargos, así como la presencia e intervención, a veces rayando lo histriónico, de la policía municipal, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas o la Legión en tales actos católicos.

Profesor de Filosofía

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