Francisco desbloquea el caso tras reunirse con el denunciante, que espera una respuesta desde hace 15 años, un ejemplo de cómo la burocracia de la Iglesia frena la voluntad de limpieza del Pontífice
El papa Francisco ha tenido que intervenir personalmente para que tanto el Vaticano como la Iglesia española se muevan y se procese canónicamente a un cura de Toledo acusado de pederastia, Pedro Rodríguez Ramos: lo ha hecho porque han pasado 15 años desde que el denunciante informó a la diócesis manchega, casi cuatro desde que este obispado por fin lo comunicó a la Santa Sede y dos desde que el propio afectado lo denunció directamente en Roma, en el Dicasterio de Doctrina de la Fe, órgano disciplinario vaticano. Sin embargo, este exseminarista aún no había obtenido ninguna respuesta. Al final solo ha logrado mover el caso tras ver al Papa en persona varias veces y manteniendo contacto regularmente con él. Lo mismo ocurrió en 2022 con el caso del colegio Gaztelueta del Opus Dei en Leioa, Bizkaia, que Francisco ordenó reabrir tras reunirse con la víctima en diciembre de 2023. Doctrina de la Fe había cerrado el caso en 2015, aunque el acusado luego fue condenado en firme por el Supremo.