Los primeros fallos contra la Iglesia y la reclamación del Congreso de la devolución de los bienes inscritos sin justificación animan la reivindicación de una reforma legal
El Gobierno incumple el plazo de seis meses dado por el Congreso para hacer un listado de bienes.
Las inmatriculaciones se han convertido en un campo de batalla. Una batalla legal, política y social que se libra en los tribunales, en el Congreso y en los espacios de opinión pública. Hasta ahora la Iglesia va ganando. La inmensa mayoría de las decenas de miles de bienes inmatriculados durante décadas le pertenecen sin que quienes cuestionan su apropiación hayan llegado ni tan siquiera a plantear un litigio. Pero su posición se agrieta. El Congreso de los Diputados ha tomado partido a favor de la recuperación de los bienes inmatriculados sin justificación acreditada durante los últimos 20 años, si bien es cierto que lo ha hecho mediante una proposición no de ley (PNL) no vinculante, que el Gobierno ha desatendido. Los continuos litigios abiertos por ayuntamientos comienzan a deparar sentencias favorables, aunque con mayor importancia cualitativa que cuantitativa. El listado de ayuntamientos abiertamente favorables a plantar cara a la Iglesia para recuperar bienes inmatriculados no para de crecer. Y es ahora, aprovechando ese caldo de cultivo, cuando el movimiento laico ha decidido lanzar una ofensiva para lograr (esta vez sí) cambiar las tornas.
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Sólo entre Navarra y el País Vasco –las dos comunidades donde hay listados y por donde comenzó a destaparse el escándalo–, la Iglesia ha admitido más de 1.500 inmatriculaciones, lo que hace verosímil la estimación de 20.000 para el conjunto del España que maneja la asociación Europa Laica.
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