Así es la auditoría a la Iglesia: el Tribunal de Cuentas investiga las exenciones fiscales y comprueba los controles del Gobierno

InfoLibre accede al documento que guía la fiscalización del Tribunal de Cuentas, que prevé tener elaborado un anteproyecto este mes

La auditoría incluye los beneficios tributarios y el control del Estado sobre el dinero público, pero quedan fuera las ayudas de autonomías –incluidos los conciertos–, diputaciones y ayuntamientos

Pocas veces una auditoría del Tribunal de Cuentas ha suscitado tanta expectación. El inicial rechazo del órgano público de control a fiscalizar a la Iglesia católica, desvelado por este periódico en enero de 2017, abrió un intenso debate sobre la necesidad de estrechar la supervisión de la institución religiosa, generosamente regada de fondos públicos pero sin obligaciones de transparencia acordes a su estatus. Un ejemplo: el Gobierno ni siquiera fiscaliza la memoria anual de justificación de los fondos de la casilla de la Iglesia. Finalmente, en medio de un clima de creciente exigencia política y social, el Tribunal de Cuentas aprobó a finales de 2017 realizar la primera fiscalización de la Iglesia y el resto de confesiones religiosas con apoyo público estable. Fue un compromiso histórico.

Casi dos años después, los trabajos no han terminado, desatando todo tipo de especulaciones. Hasta ahora tampoco se dado a conocer el alcance exacto de la investigación. Pero eso no significa que la institución no haya avanzado discretamente y que el ámbito de estudio no haya quedado delimitado por el órgano responsable. El Tribunal de Cuentas ha perfilado las características esenciales del informe en un documento de directrices técnicas que guía toda la auditoría en marcha a la institución privada más influyente de la historia de España.

InfoLibre ha tenido acceso a ese documento. Estas son todas las claves de una auditoría que incluirá las exenciones fiscales de las que se beneficia la Iglesia y que comprobará los controles que lleva a cabo la Administración General del Estado sobre la memoria anual con la que los obispos justifican el dinero ingresado vía IRPF.

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