Las primeras versiones sobre abuso sexual a menores por parte del sacerdote Cristian Gramlich salieron a la luz en 2004. La Iglesia comenzó a investigarlo en 2012 y al año siguiente lo instó a abandonar la diócesis de San Isidro. Pero continuó ejerciendo en San Martín, hasta ahora.
“La Santa Sede ha decretado la dimisión (pérdida del estado clerical) del presbítero Cristian Gramlich, quedando privado de todo ejercicio del ministerio sacerdotal. En nombre de la comunidad diocesana de San Isidro, y de modo especial de sus Obispos y sacerdotes, expresamos el pedido de perdón a quienes han sido afectados por estas conductas”, dice el comunicado de prensa del Obispado de San Isidro, difundido ayer, dos semanas después de la medida. El mismo texto consigna que monseñor Oscar Ojea recibió las primeras denuncias en 2012, aunque las versiones sobre abuso circulaban desde 2004 –algunos incluso sitúan las primeras en los ’90-, cuando el entonces obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, trasladó a Gramlich del colegio Marín para nombrarlo párroco de Santa Rita, en Boulogne, iglesia que tiene a su cargo el colegio Juan XXIII. Durante más de una década y con las denuncias ya conocidas, siguió en contacto con chicos y adolescentes.
El colegio Juan XXIII también emitió un mensaje dirigido a las familias de esa escuela, el 17 de noviembre pasado, anunciando que la Iglesia decidió la dimisión de Gramlich. “Esta noticia nos entristece y conmueve profundamente como comunidad educativa y parroquial”, dice el texto, que no hace referencia a los abusos pero señala que “de esta manera ha concluido el proceso iniciado hace 4 años de público conocimiento”.
La comunicad de la parroquia Santa Rita de Boulogne se enteró de las últimas noticias el domingo pasado, cuando se leyó allí el mensaje del obispado en el que se informa sobre la decisión de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe -órgano del Vaticano encargado de este tipo de casos-, refrendada por el Papa Francisco. Según informó el diario La Nación, la noticia causó estupor entre los feligreses: muchos conocían las versiones sobre presuntos abusos a menores, pero descreían de ellas.
Aunque los rumores circulaban por lo menos desde 2004, la investigación eclesial empezó a principios de 2012, a poco de asumir el obispado de San Isidro monseñor Ojea. Mientas se desarrollaba una investigación preliminar, Ojea apartó a Gramlich de la parroquia y el colegio. En mayo de 2013 a partir de los testimonios de las víctimas y otros elementos de prueba, Ojea dispuso medidas cautelares hasta tanto se arribara a la resolución definitiva. Esas disposiciones autorizaban a Gramlich a seguir ejerciendo el sacerdocio de forma acotada -podía celebrar todos los sacramentos excepto el de la confesión-, pero fuera de la diócesis de San Isidro, donde tampoco podía vivir. Sin embargo, no tuvo problema para seguir ejerciendo el sacerdocio en distintas parroquias y desde comienzos de 2014 vivía y trabajaba en la del Espíritu Santo, en la diócesis de San Martín, no demasiado lejos del distrito donde estallaron las denuncias.
Gramlich, hoy de 58 años, apeló aquella primera decisión de Ojea y la Santa Sede elaboró un dictamen a fines de 2014 que también fue apelado por el acusado. Dos años después, la sanción acaba de ser confirmada. Pero el abusador no está siendo investigado judicialmente: las víctimas optaron sólo por la justicia eclesiástica, según indicó también el matutino. En declaraciones a ese medio, Ojea expresó que “al ser informadas las víctimas sobre el último dictamen de la Santa Sede sintieron que fueron escuchadas y que esto tenía un valor reparador de aquello que habían denunciado un tiempo atrás”. El cura, libre.
El caso de Gramlich es el segundo escándalo por abuso de curas a menores en Zona Norte en los últimos años. La misma sanción, la más dura que puede aplicar la Iglesia, fue aplicada al sacerdote José Mercau, de Tigre, en noviembre de 2014. Mercau y Gramlich fueron ordenados en la diócesis de San Isidro, ambos el 14 de Diciembre de 1984.
A diferencia del caso de Gramlich, Mercau sí fue investigado y condenado por la Justicia. Ejercía el destino pastoral asignado por el obispo Jorge Casaretto en la parroquia “San Juan Bosco” de Tigre y fue ahí donde abusó de varios menores y fue condenado a prisión por lo que confesó: 4 casos de corrupción de menores y 2 hechos de abuso sexual agravado. Los hechos fueron denunciados en 2005 y, luego de 6 años, el sacerdote recibió la condena por “delitos de abuso sexual y corrupción de menores”. Fue condenado a 14 años, pero en marzo de 2014 el Tribunal Oral Criminal 7 de San Isidro lo dejó en libertad, lo que causó indignación en la organización Madres del Dolor y en toda la comunidad.
