Argentina: Solicitan que en el Código Civil se eliminen los privilegios de la Iglesia

La Coalición Argentina por un Estado Laico (Cael)  solicitó a legisladores de la república que tratan la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación que eliminen los privilegios de la Iglesia Católica Argentina, informó a AIM el integrante del movimiento nacional, Alejandro Nasif Salum, quien apuntó: “Esperamos que la reforma del Código Civil sea el comienzo para empezar a desandar el camino de décadas de avance del clericalismo y empezar a construir un Estado verdaderamente laico que nos represente a todas y todos”.

La pugna por un Estado Laico enfrenta a los iluministas contra los oscurantistas, en el país las masas subordinadas al miedo a la muerte y desesperadas por la impotencia que les genera el capitalismo se alistan en las religiones y se congregan en los templos para pedir soluciones a sus conflictos en vez de exigírselo al Estado, que es quien naturaliza la violencia del capitalismo y quien debería resolver los problemas generados por su propio autoritarismo. Lo que los feligreses de la Iglesia Católica ignoran o quieren ignorar es que esa institución es la principal evasora de impuestos, ya que el Estado la exime de pagar al fisco. El debate se abrió en España, donde la Iglesia Católica está rematando sus edificios por evadir impuestos, sin embargo en Argentina recién se arrojó el problema a le esfera pública por organizaciones civiles que se manifestaron en contra de los privilegios de esa institución privada.

Entre las organizaciones nacionales se encuentra la Cael, que exigió al Congreso “que se elimine el carácter público de la iglesia, porque es un privilegio que no guarda relación con lo que marca la Constitución”, dijo a esta Agencia Nasif Salum.

El militante social, recordó que el carácter público junto a jubilaciones pagadas por el Estado y ayudas financieras fueron, en su mayoría, logrados por esa institución en gobierno de factos.

En el proyecto de ley que la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner envió al Congreso “hay avances en muchas materias, inclusos algunos con los rituales de la Iglesia Católica que tuvo mucho que ver con las cuestiones civiles en la legislación del país, pero hay un punto que tiene que se mantiene que considera a la Iglesia Católica como persona jurídica de carácter público y esto debe ser derogado”, apuntó.

El privilegio “está en franca contradicción con los principios de igualdad ante la ley y libertad de culto y conciencia plasmados en nuestra Constitución y en los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la misma. Cabe destacar que tal prerrogativa no deriva directamente del artículo  2 de la Constitución Nacional y es de hecho de origen relativamente reciente ya que surge de una modificación introducida por “ley” del dictador Juan  Onganía en el año 1968”, especifica el documento que emitió Cael.

En Entre Ríos

En el artículo del periodista Jorge Riani de Paraná, se denunció que si la Iglesia Católica pagara impuestos, sería el mejor contribuyente de Entre Ríos. El mapa eclesiástico está dividido en tres diócesis: Paraná, Concordia y Gualeguaychú, donde se asientan 118 parroquias, con 281 sacerdotes. Sin embargo, en los registros inmobiliarios, la Iglesia tiene 995 propiedades en toda la provincia. El Arzobispado de Paraná es dueño de 573 propiedades; el Obispado de Concordia, de 250, y el de Gualeguaychú de 168 inmuebles. Allí se incluyen templos, casas, terrenos, locales comerciales y campos. Uno de los campos más grandes de la Iglesia se sitúa en la zona de Crucesitas, Departamento Nogoyá, donde se siembra soja. La Curia no hace la siembra directamente sino que arrienda el campo a agricultores. Los bienes de la Iglesia abarcan también vehículos. En la provincia hay 217 rodados –entre autos, combis y colectivos– para 282 curas, que también están exceptuados de pagar el correspondiente impuesto.

Además, advirtió lo que las Organizaciones Civiles locales vienen denunciando, que los obispos jubilados cobran haberes que hoy alcanzan los 16.000 pesos mensuales. También, advirtió que el Estado entrerriano paga decenas y decenas de sueldos para sacerdotes católicos que desempeñan su actividad pastoral en espacios públicos.

Por ejemplo, los curas que atienden en hospitales, cárceles y otros espacios estatales, cobran. Eso sin contar las escuelas y colegios privados que conforman una red de entidades paralelas que constituye el 25 por ciento del total de los cargos que solventa el erario público en materia de educación: de los 324.640 alumnos, 82.748 van a escuelas religiosas y allí aporta sus fondos el Estado entrerriano.

La transferencia de fondos provinciales a las escuelas religiosas constituye el mayor ingreso con destino a la Iglesia.

La institución eclesiástica no paga ningún impuesto. Ni nacionales, ni provinciales, ni tasas municipales.

En el Código Fiscal de Entre Ríos, que establece todo tipo de disposiciones tributarias en la provincia, se fijan los objetos afectados al pago de impuestos: bienes inmobilarios, automotores y sellos (que cobra sobre actos y contratos). La Iglesia no paga ninguno de los tres.

Aunque en el texto queda debidamente expresado que se exceptúa del pago de tributos a “inmuebles de las instituciones religiosas reconocidas cuando fueren destinados al cumplimiento de sus fines específicos”, la Iglesia no tributa en muchos de ellos aún cuando comercie con esos espacios.

A principios de año, la Iglesia Adventista del Plata intentó acogerse a los beneficios que prevé el Código Fiscal, pero una oportuna observación de la entidad recaudadora del Gobierno distinguió aquellos bienes –inmuebles y autos– destinados a fines específicos del culto de los que estaban afectados al Sanatorio Adventista o la fábrica de alimentos de naturales marca Granix, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y a éstos últimos le emitió boletas de cobro de impuestos.

Pero no se midió con el mismo criterio a la Iglesia Católica, en cuya órbita gira la abadía que los monjes benedictinos poseen en Victoria. En una de las colinas de la bellísima ciudad de Victoria, los monjes explotan un tambo, fabrican licor, elaboran miel y jaleas, dulce de leche y quesos con las exenciones de las que goza la bimilenaria institución de Roma en nuestra provincia.

El dinero que el Estado argentino y el entrerriano aportan al clero es incalculable. No hay un estudio detallado. Cuando se indaga en los cuadros presupuestarios, los cargos creados para sacerdotes se licuan con los de empleados estatales, policías, docentes o cualquier otro agente público, por decir sólo un rubro que absorbe fondos públicos desde la Iglesia.

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