El 6 de marzo el convenio fue presentado en el Congreso, con rezos incluidos. Imagen: Carolina Camps
El funcionario del ministerio de Salud y Desarrollo Social que había firmado el convenio para el 0800 antiderechos aseguró que la rescisión del acuerdo –cuya existencia hizo pública PáginaI12– ya fue oficializada. “Ayer se comunicó por mail y hoy por carta formal”, detalló en diálogo con este diario Gabriel Castelli, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), en referencia al documento por el cual el Estado nacional otorgaba más de 1.300.000 pesos a la entidad evangélica Fundación Vida en Familia para la puesta en marcha una línea telefónica de la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable”. La cláusula de rescisión estipula que, una vez comunicada por el ministerio la baja del acuerdo, corren 30 días para que la revocación se haga efectiva.
Durante la presentación del convenio realizada en el Congreso (y sobre la que informó este diario), las organizaciones evangélicas involucradas habían anunciado que la línea se pondría en marcha el 1 de abril. “Hace veinte días, un mes” el Estado ya había desembolsado el 50 por ciento del monto total acordado, por lo que aunque el acuerdo haya sido revocado el 0800 antiderechos se podría poner en marcha subvencionado por el Estado al menos durante quince días, dijo el funcionario. “Con esa plata tienen la libertad de hacer lo que quieren. Si quieren sacar la línea, lo van a hacer. Pero tienen que rendir cuentas de lo que hacen con estos fondos”, señaló Castelli. Según el acuerdo, los fondos públicos iban a destinarse a pagar salarios a dos telefonistas que atendieran el 0800.
“El convenio era explícito acerca de lo que se podía hacer. Pero no van a gastar en sueldos de un mes lo que se había estipulado para doce meses. Yo confío en la buena fe de la organización (la Fundación Vida en Familia, FVF), que va a ser lo que corresponda de acuerdo a derecho”, dijo Castelli.
El convenio enmarcaba las actividades de la “Red” en el Plan nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que –como informan online el ministerio de Salud y Desarrollo Social y el de Educación– tiene entre sus objetivos “fortalecer políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción legal del embarazo según el marco normativo vigente”. Sin embargo, el texto firmado con el Estado por Evelyn Rodríguez y su marido, Alfredo Weber, en nombre de la FVF, estipulaba que la “Red” brindaría a las jóvenes información solamente acerca de dos opciones: “criar a su hijo” o “darlo en adopción”. De allí que la revocación se sustentó en la negativa de las entidades a informar a las jóvenes que se contactaran con el 0800 acerca de la interrupción legal del embarazo.
Una alta fuente del ministerio explicó a este diario que la gestión puso el foco sobre el convenio luego del evento que las entidades evangélicas y la diputada Carmen Polledo protagonizaron el 6 de marzo en el Congreso para presentarlo. “A raíz de la presentación salta la alerta de que no estaban cumpliendo la cláusula, y se va más a fondo y se pide la adhesión a todos los términos” del lineamiento de abordaje de niñas y adolescentes víctimas de abuso, aseguró la fuente.
Castelli ratificó que el pedido de reconfirmación de que la “Red” seguiría los lineamientos de Plan ENIA se hizo luego de la presentación en el Salón de Pasos Perdidos. “Se hizo después de que hicieron público el acto en el Congreso. Nosotros firmamos convenios con todos los credos por diferentes motivos. Tenemos varios con Caritas también”, explicó el funcionario, que supo presidir esa entidad, así como Loma Negra y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas entre otras.
Como informó este diario, la Sennaf entonces requirió a la Fundación Vida en Familia que ratificaran el compromiso de informar sobre ILE. La semana pasada, “les pedimos que ratificasen la adhesión a los lineamientos sobre prevención de abuso sexual, la denuncia de los abusos y el asesoramiento a adolescentes acerca del artículo 85 del Código Penal. Contestaron que como habían firmado en representación de una red de entidades, no podían garantizar eso en nombre de todas las demás organizaciones. Yo valoro la honestidad que tuvieron de plantearlo. Por esa respuesta dijimos ‘si no ratifican esto, no podemos avanzar en el convenio. Punto final. Eso también fue la semana pasada. Frente a la negativa de ellos, se envió la rescisión. Ayer se comunicó por mail y hoy por carta formal”, amplió el secretario Castelli.
