Monseñor Sergio Buenanueva, coordinador del Consejo pastoral de protección de menores y adultos vulnerables, brindó una entrevista al diario La Nación en el marco de la investigación que llevó a cabo dicho medio por las 63 denuncias contra religiosos acusados de abusos en los últimos 20 años. El representante legal de una de las organizaciones que agrupa y brinda contención a quienes lo sufrieron, publicó este domingo un documento que repudia los dichos del obispo.
Buenanueva dijo que la práctica de trasladar a los religiosos acusados “ha sido habitual, no solamente aquí sino en todos lados” y agregó que «[la de los abusos] es una de la crisis más graves que tiene la Iglesia en los últimos tiempos». El religioso también opinó que «es necesario cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar a la Iglesia.»
El obispo además marcó una postura frente al celibato. «En sí mismo no es causa de que un adulto se convierta en un depredador sexual, pero sí es un importante factor de riesgo», señaló.
Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales en Argentina, repudió los dichos de Buenanueva mediante un comunicado que tituló Las declaraciones del obispo Sergio Buenanueva en La Nación son, realmente, lamentables , y que puede leerse a continuación.
Las declaraciones del obispo Sergio Buenanueva en La Nación son, realmente, lamentables.
Cuando dice “Hubo un sistema enfermo en la Iglesia que encubría los abusos», es de un cinismo atroz. No sólo hubo. Actualmente, el sistema de encubrimiento continúa.
Él mismo es parte del sistema ya que – como sostiene el ex sacerdote mexicano Alberto Athie – existen tres niveles de responsabilidad institucional.
El primero es el del cura abusador. El segundo, del obispo encubridor, el que aplica las normas pergeñadas en el Vaticano para proteger a los violadores. El tercer nivel, es el de aquellos que han elaborado premeditadamente el sistema, concentrado en el Código de Derecho Canónico, el auténtico huevo de la serpiente.
Ejemplo actual de la vigencia del sistema es el caso de los monjes del Cristo Orante, Mendoza, donde al denunciante le siguen ocultando el estado de la investigación canónica. Este acto de manipulación y auténtico abuso de poder, lo lleva a cabo un burócrata clerical que le encanta jugar al juez. Hablo del cura Ricardo Medina, juez del Tribunal Interdiocesano Bonaerense.
Siguiendo el orden de las declaraciones, cuando refiere que “la Iglesia argentina no tiene un registro de abusadores entre sus miembros”, está reconociendo una cuestión que forma parte de la estrategia institucional: el mantenimiento de los archivos secretos, caja de pandora donde van a parar, conforme el canon 1339 inc. 3 del Código Canónico, todas las denuncias y amonestaciones a los abusadores.
Es una obviedad que no quieren tener un registro de abusadores porque de inmediato quedaría reflejada su propia responsabilidad, su connivencia con los violadores.
Preguntarse ¿cómo fue posible que perdiéramos de vista que el bien para defender no era la buena imagen de la Iglesia, sino el bien de una persona que Cristo ha puesto en el centro de nuestra misión?, es una expresión digna del personaje de Moliere, Tartufo.
Semejante acto de hipocresía oculta cómo el propio Buenanueva es parte del mecanismo ilícito.
Lo refleja en otra respuesta al entrevistador: “-¿Se juega la supervivencia de la Iglesia en este tema? -Totalmente. La caída en la credibilidad hoy es el gran tema trabajado en la cumbre del Vaticano y quienes están aconsejando al Papa más de cerca lo plantean con crudeza.
Obviamente nosotros somos creyentes y creemos que Jesucristo está con nosotros. Aunque sea un resto de su Iglesia permanecerá. Pero esto mina la credibilidad de la Iglesia muy profundamente”.
La misma mentira puede apreciarse con respecto a los traslados. “-Es dramático: no había conciencia del daño que esto significa en la persona. Hay que pensar que muchas víctimas se han suicidado, eso es terrible”.
¿No había conciencia? ¿Hoy la hay? Preguntémosle entonces al obispo de La Plata Víctor Manuel Fernández, por qué sigue sosteniendo al cura Eduardo Lorenzo, denunciado por abuso sexual a un joven y nombrado a principios de este año en el colegio “Nuestra Señora del Carmen”, en Tolosa. O al obispo de Mendoza, Marcelo Colombo, quien esgrimió como fundamentos para pedir una prórroga de jurisdicción para juzgar al monje Diego Roqué – es decir, que le saquen el problema de encima – “la necesidad de ofrecer la más absoluta independencia e imparcialidad al acusado” y “evitar, conforme antecedentes que ya existen en la Arquidiócesis de Mendoza y con resultados negativos para la misma, la posible judicialización, en sede estatal, de las actuaciones de nuestro tribunal”.
Abog. Carlos Lombardi
