Argentina: Por qué Amnistía cuestiona el proyecto de libertad religiosa del Gobierno

La presentación por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de libertad religiosa comenzó a cosechar las primeras críticas de organizaciones de derechos humanos: Amnistía Internacional le envió una carta al presidente Mauricio Macri en la que manifiesta su «alarma y preocupación«, sobre todo por el artículo que habilita la «libertad de conciencia a personas e instituciones».

«Amnistía Internacional manifiesta alarma y preocupación por el Proyecto 0010/PE/2017 sobre Libertad Religiosa, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación», dijo la organización en un comunicado, al tiempo que remarcó que ese derecho ya está consagrado por los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional.

En el proyecto enviado por el Ejecutivo, la libertad de conciencia está contemplada en el artículo 7 y establece que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”, algo que también incluye a los funcionarios públicos.

Los cuestionamientos

Amnistía considera que esto es un «retroceso sustantivo porque revierte la excepcionalidad del instituto de la objeción de conciencia, pasando ésta a ser casi una regla».

La organización mencionó varios ejemplos sobre cómo este artículo podría aplicarse en la práctica:

– Un docente podría negarse a impartir una clase sobre la “teoría de la evolución” por encontrarse en pugna con su creencia religiosa, cercenando el derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación.

Pone en vilo la ley de Educación Sexual Integral, porque cualquier docente podría limitar la enseñanza religiosa a la moral sexual cristiana o moral de cualquier otra religión.

– Un juez de paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos, violando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas.

– Una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos aun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos.

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