Organizaciones religiosas firmaron un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación para promocionar una línea telefónica de ayuda a la mujer embarazada.
El 6 de marzo se cumplió un año de la presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo por parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Y casi como una afrenta al movimiento de mujeres que masivamente ocupó las calles, luchando para conquistar este derecho, justamente el mismo día pero un año después un grupo de organizaciones que se autodenominan “provida” lograron un avance en su derrotero antiderechos.
Al parecer, varias organizaciones religiosas, entre las que están Aciera (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina) y Jucum (Juventud Con Una Misión), firmaron un convenio con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación que conduce Carolina Stanley.
La presentación se hizo este miércoles en el Congreso Nacional, en el Salón de los Pasos Perdidos. Si bien no hubo legisladores que hayan manifestado haber participado de la gestión, Marta Rodríguez de la organización Jucum indicó al diario Página|12 que contaban con el apoyo de, entre otros, Carmen Polledo, Cornelio Schmidt, Jorge Enríquez y David Schlereth.
Lo que estas organizaciones lograron es que desde el Estado se financie con publicidad una línea 0800 a la que, en teoría, podrían llamar aquellas mujeres que cursan “embarazos inesperados”.
Sí, leyeron bien, el Estado que no es capaz de garantizar campañas para erradicar la violencia de género, que redujo a su mínima expresión la entrega de métodos anticonceptivos de manera gratuita, que bloquea la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, no dudó en apoyar a estos sectores antiderechos para que continúen con su campaña en contra del derecho a decidir de todes los cuerpos gestantes.
Fue Gabriel Enrique Castelli, Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, junto con Evelyn Rodríguez, titular de Fundación Vida en Familia, quienes firmaron este convenio para que el Estado “facilite” la promoción de la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable” en todo el país.
Lo que intentan hacer con esta línea telefónica gratuita es que se forme una red con mas de cien centros para “la derivación de casos que requieran acompañamiento a mujeres embarazadas en condición de vulnerabilidad”.
Es de esperar que la difusión de este número esté acompañada por publicidad mentirosa y con argumentos falaces. Los mismos que utilizaron estos sectores durante las jornadas de debate en el Congreso, cuando se trataba el proyecto para la legalización del aborto.
Hilando un poco mas fino, esta red podría transformarse en un entramado delator que hará sonar la alarma toda vez que alguna mujer se acerque a algún centro de salud para interrumpir un embarazo.
Este modus operandi no les es ajeno. La organización católica Grávida, por ejemplo, que está en los hospitales públicos se ocupa de tomar contacto con las jóvenes que solicitan una Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE), intimidándolas para persuadirlas y que desistan, vulnerando no solo su intimidad sino el derecho elemental a decidir sobre su propio cuerpo.
Nada bueno se puede esperar de estas organizaciones que, alidadas con los gobiernos de turno, como sucedió en Tucumán, torturaron a una niña de once años violada obligándola a parir y negándole con maniobras dilatorias la posibilidad de acceder a una ILE.
En abril se pondría en marcha el 0800 y en mayo lanzarían una capacitación para iglesias de todo el país “que asumirán este desafío de proporcionar a las mamás los elementos necesarios para la atención de sus bebés, además de brindarles acompañamiento y contención”, según dieron a conocer integrantes de esta “red”.
