Una Constitución argentina está en peligro de ser avasallada por una conspiración clerical. Advertía Lisandro de la Torre.
Las fenomenales movilizaciones que desbordaron las plazas y calles del país durante el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo y despenalización del aborto con la consecuente toma de conciencia de miles de personas, en su mayoría mujeres jóvenes sin antecedentes en luchas sociales, puede apuntarse como la primera consecuencia del mismo. Aunque no resulta arriesgado sostener que la iniciativa presidencial fuera pensada sólo como una mera maniobra de distracción ante el desmadre de las variables argentinas, principalmente económicas; la realidad volvió empecinadamente a recordarnos que es la única verdad, tal como lo predicaba Aristóteles 300 años antes del nacimiento de Cristo.
No pocos analistas consideran a la marea verde como el nacimiento de un nuevo sujeto social y político llamado a tener fuerte protagonismo en el futuro inmediato.
La otra consecuencia, a mi criterio, más destacable, es la aparición de los pañuelos naranjas, que se suman a los ya noblemente célebres blancos y a los recientes verdes. Nacen con la consigna: “Campaña nacional por un estado laico”. “Iglesia y Estado. Asuntos separados”.
Quienes enarbolaron la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, como así también gran parte de la población, atribuyen el fracaso de la iniciativa a la enorme presión ejercida por la Iglesia Católica, circunstancia que dispara el debate y pone en acto su papel en la vida política y su influencia en el estado.
“Ya sabemos que la iglesia no sólo presiona para intervenir en el armado y la sanción de las leyes sino también para entorpecerlas y seguir reproduciendo el patriarcado más retrogrado y machista, en un momento que ya no tiene cabida”. “Somos conscientes que estamos en una lucha importante e histórica como lo es la legalización del aborto. Pero sabemos que la iglesia es uno de los mayores impedimentos para lograr que el aborto sea seguro, legal y gratuito” asegura Barranco, una militante feminista.
Un mediático sacerdote católico argumentaba que los pobres no están de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo poniendo como ejemplo el voto negativo de la mayoría de los senadores que representan a las provincias del norte, donde residen gran parte de los sectores más marginados de la sociedad. El argumento es, a todas luces, falaz. No puede obviarse que es en dichas provincias donde la Iglesia Católica ejerce mayor influencia en la vida social, cultural y sobre todo en las decisiones políticas que allí se toman, incluidas las de sus representantes en el Congreso.
Esta institución que, no casualmente, ha sobrevivido durante más de 2000 años sobre la faz de la tierra, acumula una férrea vocación por tirar para atrás del saco de la historia. El pobre Copérnico a quien se le ocurrió contradecir la teoría geocéntrica que sostenía la Iglesia es una mera prueba de ello. Ni hablar de las atrocidades de la Inquisición, de las guerras santas. Pero, no es necesario irnos tan lejos, acá mismo, se opuso -entre tantísimas otras cosas- a la mismísima Revolución de Mayo, a la Libertad de vientres consagrada en la Asamblea del año XIII, a la instalación de cementerios estatales, a la abolición de la esclavitud, a la Ley de Educación común, laica, gratuita y obligatoria, al matrimonio civil, a la Reforma Universitaria de 1918, al voto femenino, a la patria potestad compartida (en 1949 y en 1985), a la Ley de separación de la Iglesia y el Estado en 1954, a la Ley de divorcio vincular (en 1954 y en 1987), a la eliminación de la educación religiosa en las escuelas y más recientemente a las leyes de educación sexual integral, de matrimonio igualitario, de identidad de género, de fertilización asistida y a la frustada ley de despenalización del aborto.
Ocurre que, según Lisandro de la Torre “El cristianismo modificó su carácter en los dos primeros siglos de su era -de muy confusa historia- y más acentuadamente después de Constantino. Una teocracia fastuosa sucedió a la sencillez conmovedora de los tiempos en que Jesús aparece predicando en la montaña”. “Los atractivos del mundo se sobrepusieron en definitiva a la visión suprema del reino de Dios y su justicia y los actos de los cristianos dejaron de corresponder a las palabras del Evangelio”.
La Constitución Nacional, pese a ser la Argentina un país laico, en su artículo 2º establece que: El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Qué significa “sostiene”?: el pago de sueldos, subsidios millonarios y entrega de terrenos públicos. El estado, es decir todos los ciudadanos, incluidos los no católicos, deben hacerse cargo de pagar salarios y jubilaciones de arzobispos y obispos, de seminaristas, de otorgar exenciones impositivas y partidas de miles de millones para subvenciones educativas a escuelas católicas, todo lo cual significa una erogación varias veces millonaria del presupuesto nacional, otorgando de este modo un estatus jurídico privilegiado al catolicismo respecto de las demás religiones. En la mayoría de los países occidentales, incluyendo a los vecinos Brasil, Chile y Uruguay, el Estado no financia a ningún tipo de culto.
Entre la Santa Sede y los gobiernos argentinos se firmaron concordatos a través de su historia, siendo el más importante el aprobado por el dictador Jorge Rafael Videla en 1979, que decretó por una ley de facto que el Estado se haría cargo de las asignaciones mensuales, jubilaciones y demás beneficios a arzobispos y obispos, norma que todavía sigue vigente.
Conforme la Conferencia Episcopal Argentina -que maneja los fondos que recibe a través de la Secretaría de Culto- los aportes directos que recibe la Iglesia Católica son los siguientes:
Asignación para los Obispos: La Ley 21.950 dispone para los arzobispos y obispos residenciales una asignación equivalente al 80% de la remuneración de un Juez de primera instancia (70% en caso de los obispos auxiliares).
Asignación para obispos eméritos: La Ley 21540 dispone para los obispos eméritos el pago de una suma equivalente al 70% de la remuneración de un Juez de primera instancia (60% para los auxiliares).
Asignación para parroquias de frontera: La Ley 22.162 impone el pago de una asignación para las parroquias de frontera o ubicadas en zonas desfavorables.
Asignación para seminaristas mayores: Según la Ley 22.950, se debe pagar a las diócesis y a cinco institutos de vida consagrada (Dominicos, Franciscanos, Mercedarios, Jesuitas y Salesianos), una asignación mensual por seminarista mayor, lo que constituye el mayor aporte cuantitativo directo del Estado a la Iglesia.
Jubilaciones para sacerdotes: La Ley 22.430 instituye estas jubilaciones graciables (sin ningún aporte previo) para los sacerdotes carentes de otro beneficio previsional.
Hay que agregar las exenciones impositivas que la Iglesia recibe y que exime a las parroquias, así como a los arzobispos y obispos, de pagar distintos tributos (ingresos brutos, ganancias, exenciones aduaneras, etc.).
A lo asignado en el presupuesto nacional deben agregarse las partidas incluidas en los presupuestos provinciales y municipales, así como también en las partidas de varios ministerios, donde se asignan cuantiosas contribuciones para los proyectos de asistencia social y caridad de la Iglesia Católica y las instituciones educativas de dicha religión, que multiplican en 10 o hasta 20 los millones que recibe directamente de la Secretaría de Culto. Algunos de los aportes están destinados a Cáritas, comedores, jardines maternales, becas de formación, manutención de templos, subsidios a la educación privada católica.
El caso de los aportes a los colegios privados católicos es el más oneroso. La cartera de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y los ministerios y secretarías de las 23 provincias destinan anualmente varios miles de millones de pesos a establecimientos educativos privados (alrededor del 20% del presupuesto educativo total en CABA, Santa Fe y Córdoba).
En CABA alrededor del 60% del presupuesto educativo está destinado a instituciones confesionales católicas. En 2014, 459 colegios privados religiosos reciben subsidios, destinados al pago de los sueldos de los docentes de las materias curriculares.
El favoritismo por las instituciones católicas es notorio. De las 167 escuelas primarias privadas laicas en CABA, apenas 32 reciben aportes por entre el 80 y 100% de sus presupuestos docentes, esto es 1 de cada 5, mientras que entre las 215 escuelas primarias privadas católicas, son 167 las que reciben entre el 80 y 100% del total, es decir casi 4 de cada 5.
Es la Provincia de Buenos Aires, la que destina la mayor cantidad de millones a los colegios católicos. El presupuesto para los colegios privados bonaerenses (el 70% de los cuales son religiosos) se reparte entre 3.649 instituciones. Es decir, los establecimientos educativos católicos reciben aportes estatales para cubrir entre el 80% y 100% de los sueldos de los docentes. Los establecimientos educativos católicos mantienen -y aumentan- sus privilegios pese a que cada vez más los padres envían a sus hijos a colegios laicos.
Si bien no existen cifras oficiales sobre el patrimonio de la Iglesia Católica en Argentina, se estima en decenas de miles los inmuebles que le pertenecen, entre terrenos, edificios, colegios, locales comerciales, hospitales y asilos. Una reciente investigación de la prensa italiana calculó que el 20% del patrimonio inmobiliario de ese país estaba en manos del Vaticano respecto del cual está exenta del pago de impuestos desde 1929 por disposición del mismísimo Benito Musolini.
La riqueza de la Iglesia Católica Argentina según Roberto Di Stéfano, uno de los expertos en historia eclesiástica más importantes del país, aumenta año a año gracias -además de los aportes ya mencionados- a la cesión de terrenos públicos a la Iglesia Católica por parte de autoridades nacionales, una gravosa asimilación de la doctrina que exige “el despojo de todo lo mundano”, pero en beneficio de quienes la pregonan. Un polémico y reciente ejemplo de esta generosidad ocurrió cuando la Legislatura porteña, gracias al voto unánime del PRO y buena parte de la oposición, le cedió de forma gratuita y permanente 15 terrenos, y entregó otros 3 por un plazo de 20 años. En total, unos 30.000 metros cuadrados.
Sólo a modo de ejemplo, un hecho poco conocido, en el 2013, Ernestina de Lectoure, viuda del mítico “Tito” Lectoure, legó el 95% del Luna Park a la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco y a Cáritas, es decir, al Arzobispado de Buenos Aires. Además del emblemático estadio, la Iglesia recibió de Lectoure obras de arte valuadas en millones, un lujoso departamento, locales comerciales, más de diez cuentas bancarias y una caja fuerte.
Conforme señala Di Stéfano, la atomización de las contribuciones y la ausencia de registros públicos convierten en tarea imposible cuantificar la cantidad exacta de dinero y bienes que dispone la Iglesia Católica, aunque sí puede afirmarse sin hesitación que no es una institución pobre y que bien puede hacerse cargo de sus propios gastos como lo hacen las Iglesias de los demás credos.
La advertencia de Lisandro De La Torre, lo era ante la derogación de la invisibilizada, progresista y laica Constitución santafecina de 1921. Tal como afirma Oscar M. Blando, avanzada en Latinoamérica, adscripta al constitucionalismo social como lo fueron la Constitución de México de 1917 y la de Weimar de 1919. Estableció las Bases de un Régimen Económico y del Trabajo de vanguardia: fijaba la jornada máxima de labor y el salario mínimo; destinaba una parte de la renta fiscal para la construcción de casas para obreros. Esa Constitución sancionada por unanimidad de los Constituyentes propuso un estado laico con neutralidad religiosa del Estado pero con garantía y respeto por la libre profesión de todos los cultos. Fue derogada por decreto.
Es preciso enfatizar que lo relatado acerca de la institución Iglesia Católica, lo es respecto a la Jerarquía eclesiástica, la que cuenta -justo es decirlo- con honrosas excepciones. También “Como dice un amigo, la Iglesia perdió la oportunidad de dejar el medioevo; otros queremos abrir las ventanas al mundo, aunque nos resfriemos, y estar del lado de las víctimas, las mujeres pobres. Y eso, creo, también es provida (aunque lo de “pro” me moleste)”: Eduardo de la Serna Coordinador del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres.
