Argentina. “La libertad religiosa solamente la puede dar un Estado laico”

Paraná ha sido el epicentro de una práctica que parece replicarse en el interior de la provincia y en Santa Fe. La realización de unas 80 apostasías de manera colectiva ha logrado meterse en la agenda con críticas al proyecto de ley del gobierno nacional sobre libertad religiosa. “La libertad religiosa sólamente la puede dar un Estado laico”, analizó Luján de Sexualidades Disidentes, agrupación que integra el colectivo de organizaciones que impulsa jornadas de renuncia a la Iglesia Católica. Para la militante, el motivo de la importante demanda se basa en la ausencia de información sobre el trámite y aseguró que están aportando a «recomponer ese derecho» al acceso de información «para que uno pueda decidir». Destacó dos de los puntos críticos del proyecto de ley oficialista: la legalización de la objeción de consciencia y privilegios a la Iglesia ante la Justicia.

Ningún gobierno se ha querido meter con la Iglesia Católica. Desde Alfonsín, pasando por Menem, De la Rúa y Duhalde, pasando por el matrimonio Kirchner y en la actualidad Macri, ninguno se metió con la institución que actuó en complicidad con la última dictadura cívico militar. Algún discurso encendido desde el kirchnerismo osó enfrentarse al entonces Jorge Bergoglio, pero esa postura se diluyó en elogios al convertirse en Papa Francisco. Ninguno cuestionó ni impulsó un debate a cerca del financiamiento público de una institución que no alberga a la totalidad de los ciudadanos del Estado argentino. Mucho menos se discutió la condición de «católica, apostólica y romana» que la Constitución Nacional le asigna a la República Argentina, a pesar de la existencia de otros credos y personas que no alojan sus creencias en ninguna religión.

Pero el gobierno nacional de Mauricio Macri se propone aún más privilegios para la institución eclesiástica. El proyecto de ley de Libertad Religiosa es impulsado por Cambiemos y tiene como portavoz al secretario de Culto Santiago De Estrada, exfuncionario del gobierno militar y denunciado como integrante del Opus Dei. En la letra del proyecto se pretende argumentar desde la libertad de culto, derecho ya garantizado por la propia Constitución Nacional.

«Para nosotros la única libertad religiosa solamente la puede dar un Estado laico y que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley», explicó Lujan en declaraciones con Radio UNER Paraná. En ese sentido, señaló que la iniciativa del gobierno les «parece un proyecto preocupante» y destacó dos puntos más críticos de la letra oficialista: la legalización de la objeción de consciencia y privilegios de resguardo a la Iglesia Católica ante la Justicia.

Legalización de la objeción de consciencia

En la práctica sucede bastante. Sujetos que no están de acuerdo con una práctica legal, priorizan sus creencias por sobre derechos adquiridos y evitan que estos sean garantizados tal cual lo prevé la ley: «Esto pondría una creencia personal por encima del ejercicio de un derecho». «El caso más grave de esto sería de una persona que representa al Estado en una función pública, como puede ser salud, se niegue a prestar un servicio que cumple un derecho porque va en contra de sus creencias personales», explicó Luján.

«Por ejemplo, realizar un casamiento a una pareja homosexual. Brindar algún acceso a servicios de salud. Los abortos no punibles no se están cumpliendo de por sí, hay menores de edad violadas que no pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo porque los médicos se niegan o estiran el proceso para que no pueda interrumpirlo, simplemente porque ellos no están de acuerdo. Esta ley legalizará esa práctica y dejaría más vulnerables a las personas que necesiten acceder a ciertos derechos», describió la militante. Es decir, de aprobarse esta ley y en el caso de mujeres que requieran de un aborto no punible porque está en riesgo su vida, dependerán de las creencias de los que deban garantizar su derecho.

Protección legal ante la Justicia

La letra de la ley señala que los ministros de culto estarán “exentos de la obligación de declarar sobre hechos que le hayan sido revelados en el ejercicio de su ministerio”. Esto alertó a distintas organizaciones que advirtieron sobre las denuncias de abuso y corrupción de menores y el encubrimiento denunciado de las autoridades eclesiásticas a los curas acusados de cometer esos delitos aberrantes.

«Así como está formulado es preocupante y un privilegio que no tiene razón de ser, menos habiendo casos de abusos infantil y el encubrimiento por parte de la Iglesia Católica», analizó Luján.

En la provincia están en curso distintas causas que investigan delitos de esta índole en manos de curas acusados de pedófilos y abusadores. El caso del cura Justo José Ilarraz, acusado de cometer -al menos- siete abusos mientras ocupaba el rol de docente en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, quizá sea el mayor ejemplo de un acto delictivo dentro de la propia institución católica.

El derecho de acceso a la información y la réplica en otros puntos de la provincia

«Nos sorprendió la cantidad de gente, pero entendemos que responde al acceso a la información que ahora están teniendo. Yo cuando inicié mi trámite de apostasía, me encontré de casualidad que existía la posibilidad. La gente se interesa porque nunca se lo dijeron nada al respecto y se sienten identificados por la necesidad que tienen de realizar el trámite», explicó la militante en relación a la importante demanda.

En Paraná ya renunciaron unas 80 personas y al menos diez más lo harán la semana próxima. Además, en concordia unas 10 personas han consultado sobre la posibilidad de llevar adelante una jornada y hubo consultas de otras cuatro localidades. «Lo que pasa en el interior, al tener un tinte más consevador la sociedad, los choques son más extremos en cuanto a ideas. Les sirve esto de hacer apostasías colectivas como para difundir, irrumpir en el debate y poder decir algunas cosas en ese marco», agregó Luján.

«A todos nos enseñan como seguir en la religión que nos metieron sin preguntarnos, pero no nos dicen como salir de la misma o desafiliarnos de sus instituciones. Es recomponer ese derecho a la información para que uno pueda decidir. Además, poner en debate los privilegios de la religión», finalizó.

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