Con la asunción al poder en febrero de 1932 del nuevo gobernador Luciano Molinas, uno de los primeros actos de gobierno fue la puesta en vigencia de la demorada Constitución de 1921. Ya en el preludio electoral ésta había sido la piedra de toque del fuerte cuestionamiento e involucramiento de la Iglesia Católica santafesina en dichos comicios a raíz del carácter laico que imprimía aquél texto al estado provincial.
En efecto, como expresión del reformismo constitucional que había animado su redacción en 1921 se consagraba la laicidad del Estado provincial manifiesta tanto en la ausencia de un preámbulo que invocara a Dios, la neutralidad religiosa del Estado según el artículo 6, así como el carácter laico de la educación común establecido en el artículo 161.
Sin demoras y más allá de la oposición de la iglesia, el gobierno de Molinas se dio a la tarea de construir un Estado provincial laico manteniéndose fiel a lo planteado por el marco legal que otorgaba la vigencia de la nueva constitución y que incluiría acciones tales como la ausencia de las autoridades políticas en actos religiosos, la investigación sobre el accionar de las escuelas católicas de artes y oficios, el proyecto de supresión de las exenciones impositivas a las instituciones religiosas, la exclusión de la enseñanza religiosa de las escuelas, entre las más polémicas. El conflicto se desató en Santa Fe y en Rosario y no pasó desapercibido tampoco en el interior provincial donde la prensa lugareña se convirtió en el principal espacio de cruces políticos e ideológicos.
Una Cruzada en el oeste santafesino
En medio de la nueva coyuntura política, el 9 de enero de 1932 apareció en Rafaela el semanario “La Cruzada”, con dirección y sede administrativa en la casa parroquial. Bajo la dirección del sacerdote Emiliano Cerdán reconocía como antecedente una publicación que se realizara desde la parroquia de la localidad de Susana, pero ahora su proyección estaba pensada para ponerlo en circulación en un espacio mucho más amplio, el flanco occidental de la provincia.
Aprovechando el sistema ferroviario que lo atravesaba en todas direcciones y la red de parroquias que reunía a la feligresía católica en la misa dominical se había armado un esquema de distribución que operaba con mucha eficacia. “La Cruzada” llegaría así a una comunidad de lectores que sólo en el departamento Castellanos, por ejemplo, se repartía en dieciocho localidades.
En el primer número se aclaraba que surgía como respuesta ante aquello que los curas venían alentando a los feligreses acerca de que no admitieran en sus hogares periódicos y revistas inmorales y antirreligiosas. “La Cruzada” se dirigiría así a un lector construido discursivamente desde el ideario de una familia cristiana centrada en la autoridad patriarcal y el referente que le ofrecería la iglesia, sin dejar pasar la oportunidad para emitir opinión y dar consejos sobre el compromiso político que deberían asumir la feligresía masculina.
La construcción del estado laico y un Revuelo de Sotanas
A poco de asumir las autoridades provinciales, “La Cruzada” fijó su posición aclarando que su lucha no tenía por destinatarios a las personas ni propuestas enunciadas en la plataforma electoral, sino que el foco del conflicto estaba en la cuestión laica por aquello de que eran ideas en franca oposición con nuestros principios religiosos.
La réplica no tardó en llegar desde “El Pueblo”, periódico rafaelino demoprogresista que tituló ante esta situación “Revuelo de Sotanas”, recordando la prédica de los curas de las zonas rurales que venía ya desde la campaña electoral y a los que calificaba como baluartes de resistencia al gobierno y a sus disposiciones. Por cierto, en este caldeado ambiente, fue la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas fiscales la que encendió los ánimos del semanario y esta vez contra los propios católicos que habían votado por la fórmula triunfante, regañándolos por haber desoído el consejo de la iglesia al asegurar que estas leyes no se pondrían nunca en vigor.
La pérdida de espacios de control social como ocurría con la instauración del laicismo educacional, debía compensarse con una estrategia para atraer al electorado hacia lo que fuera expresión del voto católico. El semanario comenzó así a incentivar la participación masculina en la recientemente creada Acción Católica para recuperar desde allí el voto perdido, recordando a sus lectores que a la hora de votar debían hacerlo por el mejor bien de la Religión y la Patria.
No se perdió oportunidad para destacar lo ocurrido con los actos del Cincuentenario de Rafaela, cuando ante la negativa de la asistencia de las autoridades el cura suspendió el Tedeum ante tamaña descortesía. Tratando de ser fiel al espíritu de cruzada que había inspirado su nombre, el semanario no desistiría en su ímpetu por recristianizar el orden temporal en un espacio todavía marcado por una fuerte ruralidad y que sentía amenazado por el laicismo de aquella constitución.
De ahí que alentara de manera entusiasta las peregrinaciones anuales desde los pueblos y chacras al santuario de Guadalupe, o dedicara grandes espacios a eventos que parecían devolver protagonismo a la iglesia como el Congreso Eucarístico de 1934. Como prensa confesional no se le escapaba tampoco el afán por disciplinar las conciencias a través de la catequesis mediática que reproducía con capítulos de la historia eclesiástica o la vida ejemplar de los santos.
No alentó, sin embargo, acciones destituyentes, recordando a sus lectores que hay otros medios de llamar a la cordura.
Un largo camino
Desde un contexto más amplio, durante el largo período de la hegemonía de la modernidad liberal o de la era secular entre las décadas de 1860-1930 en Argentina las medidas que se adoptaron en pos de la secularización de la sociedad, lejos de mostrar un comportamiento constante y ascendente, presentaron momentos de avances y otros de retraimiento. Este proceso reconoce un primer antecedente precisamente con el gobierno de Oroño en Santa Fe y sus medidas en pos del matrimonio civil y la secularización de los cementerios, las que no dejaron de precipitar su caída, luego vendrían a partir de 1884 las leyes laicas que impulsara el estado nacional como parte del proceso de modernización administrativa, y nuevamente la provincia santafesina se pondría a la cabeza de este ciclo inconcluso con el gobierno de Molinas y la aplicación de la constitución de 1921.
Si bien lejos estuvo aquél gobierno de querer imponer un estado ateo, sí pugnó por hacer prevalecer la primacía de la constitución y darse a la dura tarea de construir un Estado provincial laico, con instituciones prescindentes de la presencia eclesiástica pero respetuoso de las diferentes creencias de todos los habitantes. Una conjunción de intereses recurrentes terminaría en 1935 por interrumpir este momento de un largo camino donde las interacciones propias de una realidad situada como vimos no dejan de mostrar a su vez la complejidad en la que se dan las luchas por la producción e instalación de sentidos en sus diferentes escalas.
* Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos.
