Argentina intenta romper el muro antiabortista en Latinoamérica

La presidenta Fernández se plantea dar libertad de voto para la ley de plazos, que supondría un respaldo al movimiento despenalizador en Uruguay y Brasil

De una mujer, Cristina Fernández de Kirchner, puede depender en las próximas semanas que la despenalización del aborto, un tema que sigue siendo objeto en todo América Latina de un permanente tira y afloja, experimente un gran paso adelante o quede, una vez más, empantanado. "La presidenta argentina se ha manifestado en público en contra del aborto, pero no se trata de que ella tenga que votar a favor, sino simplemente de que deje libertad de voto a los diputados de su grupo, el Frente para la Victoria", explica, esperanzada, la diputada Cecilia Merchán, impulsora del proyecto de ley que debe ser discutido el 1 de noviembre.

"En ese caso, estoy segura de que habrá mayoría a favor de la despenalización y que daremos un paso decisivo en la mejora de las condiciones de vida de la mujer, no solo argentina, sino latinoamericana", asegura. Cristina Fernández, que se confiesa religiosa y que contó hace poco que había sufrido en su juventud un aborto espontáneo que le "marcó", se mantiene, por ahora, en silencio.

En 2008 el presidente uruguayo Tabaré Vázquez dio un formidable cerrojazo a las esperanzas de todos los grupos que luchan en América Latina por poner fin a una situación que cuesta cada año la vida de más de 4.000 mujeres, víctimas de abortos ilegales, y que lleva a decenas de miles de los cuatro millones anuales que se someten a cirugías clandestinas a padecer graves secuelas. Vázquez se saltó a la torera el voto mayoritario del Parlamento de Montevideo que, por primera vez, había aprobado una ley despenalizadora, e impuso su veto presidencial. Nadie cree que la presidenta Fernández de Kirchner, que entre otras cosas ha defendido el matrimonio homosexual, desee hacer algo similar en Argentina.

Los coletazos de la decisión de Tabaré Vázquez fueron durísimos, porque el veto, esgrimido además alegando su condición de médico, animó a todos los movimientos antiaborto en América Latina, que cuentan con un apoyo sin fisuras, no solo de la Iglesia católica, sino también de todas las iglesias evangélicas que crecen día a día en el continente.

Hace pocas semanas, en Colombia se vivió un nuevo intento de echar para atrás, incluso, la mínima legislación que, desde 2006, permite abortar en los tres clásicos casos de peligro para la vida de la madre, violación o malformaciones del feto incompatibles con la vida. Movilizadas por la Iglesia, cinco millones de personas firmaron una solicitud para modificar un artículo de la Constitución para que "se defendiera la vida desde la concepción misma". Por nueve votos contra siete, la comisión correspondiente del Senado se negó a "blindar" esa obligación. El voto decisivo fue el de una mujer, la senadora Karime Motta, que originalmente iba a apoyar la medida y que en el último minuto cambió su decisión.

En el caso de México, la batalla se decantó justo del lado contrario que en Colombia. El pasado 23 de septiembre, la Suprema Corte pronunció un fallo que convalidaba una reforma legal introducida en los estados de Baja California y San Luis Potosí, según las cuales "el derecho a la vida queda protegido desde la concepción".

Numerosas asociaciones de mujeres habían pedido que se declararan inconstitucionales esas reformas (que se han llevado a cabo hasta el momento en 18 de las 31 entidades federativas mexicanas) por ser contrarias al Estado laico mexicano, pero su demanda obtuvo un voto menos de los necesarios para prosperar. Así que el aborto seguirá siendo prohibido en todas partes, salvo en el Distrito Federal, donde una ley de abril de 2007 permite interrumpir el embarazo hasta la semana número 12. El debate estuvo, además, rodeado de escándalo, porque participó el propio presidente de la República, Felipe Calderón, que habló de su "compromiso con el derecho a la vida".

La creciente presión que ejercen los grupos religiosos en América Latina quedó también de relieve en Brasil, donde otra mujer, Dilma Rousseff, llegó por primera vez a la presidencia en enero de este año. Rousseff, que, al contrario que la mayoría de los brasileños, nunca ha hecho gala de creencia religiosa alguna, llegó a decir en 2007, cuando todavía no era candidata, que "el aborto debe ser despenalizado".

Pero esa opinión desapareció como por encanto durante la campaña electoral, pues sus asesores aseguraban que podría acarrearle serias consecuencias no solo con los católicos (Brasil tiene la mayor población católica del mundo, más de 125 millones) sino con las muy activas iglesias evangelistas, que suponen ya el 20% de los brasileños. Ni siquiera un líder tan carismático y adorado como Lula abordó el tema. De hecho, durante su mandato, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados votó abrumadoramente en contra de un proyecto de despenalización introducido por un pequeño grupo de parlamentarias. Las cosas quedaron como están: de dos a cuatro años de cárcel para las mujeres que aborten sin haber sido violadas o correr peligro de muerte.

En este panorama de casi regresión de las mínimas legislaciones aprobadas por muchos países latinoamericanos en los años 30 del siglo pasado, la influencia de Argentina podría ser decisiva, opinan multitud de asociaciones de mujeres, expertos y médicos abrumados por el enorme número de abortos clandestinos que se practican en América Latina y por sus graves consecuencias en la salud pública. "En América Latina, incluso en la inmensa mayoría de los casos de embarazos producto de violaciones no es posible realizar los abortos, que serían legales, porque las autorizaciones se posponen y dilatan por médicos y jueces que anteponen sus creencias y que dejan pasar los plazos hasta que esa mujer, o esa niña, está ya condenada a tener el hijo", se queja la diputada Merchán.

Nadie olvida dos casos que no son, en absoluto, únicos, ni tan siquiera infrecuentes, pero que se han convertido en paradigmáticos: la niña colombiana de 13 años violada por un vecino que fue rechazada en siete hospitales y a la que un juez denegó protección jurídica; y la niña brasileña de nueve años violada por su padrastro y embarazada de gemelos a la que la Iglesia excomulgó y que tuvo que recurrir a la justicia ante la evidencia de que algunos médicos preferían que corriera el riesgo de morir.

El debate en Argentina va a coincidir con un nuevo y terrible caso: muy pocos diarios han publicado la historia de una joven de 24 años, madre de tres niños, que se encuentra desde hace días entre la vida y la muerte en un hospital de Puerto Madryn (al sur de Buenos Aires) tras haberse practicado un aborto clandestino. Como tantas otras, la joven, víctima de una infección brutal, ha sido sometida a una operación para extirparle el útero. "N. M. S. está en condiciones desesperantes, con fallo renal, hepático y respiratorio", comunicó un enfadado coordinador del servicio de maternidad del centro hospitalario "Es otra víctima de un aborto inseguro. Son las mujeres pobres las que no pueden pagarse un aborto en las clínicas privadas y las que caen en manos de gente sin escrúpulos", criticó el médico. "Pocos días antes ingresó en ese hospital una niña de 11 años, embarazada. Afortunadamente, le van a hacer un aborto legal", comunica a El PAIS un periodista local.

Según datos oficiales, en Argentina mueren cada año unas 100 mujeres y niñas, víctimas de abortos clandestinos, que se han convertido en la primera causa de muerte materna. Se calcula que en todo el país se practican anualmente unos 460.000 abortos inseguros. Es posible que más de 70.000 acaben en el hospital.

El proyecto de ley que defiende Cecilia Merchán, una diputada de Córdoba, de 40 años, madre de una hija de 20, que representa el Colectivo Juana de Azurduy, contempla la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, tal y como propone la Campaña por el Aborto Gratuito. Cuenta con el respaldo de 16 universidades de todo el país y de grupos de católicos a favor de una nueva legislación. En el Congreso, relata Merchán, "hay presentados otros cuatro proyectos, pero todos ellos no proponen la despenalización, sino modificar el actual articulo 86 del Código Penal, que establece los tres casos en los que el aborto no se castiga". En la práctica, esos cuatro proyectos supondrían postergar, una vez más, el debate.

"Hemos conseguido instalar, por primera vez, el debate en el Congreso, con 50 diputadas y diputados que lo respaldan. Estamos seguros de poder reunir los votos necesarios. Solo hace falta que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se plantee que esto es un problema exclusivo del Congreso y conceda libertad de acción a sus diputados, al igual que dentro de la coalición radical", afirma Merchán. Al fin y al cabo, recuerda, ese mismo Congreso aprobó hace menos de un año el matrimonio igualitario que regularizó la situación de parejas homosexuales.

"Yo misma sufrí un aborto clandestino cuando tenia 20 años y estuve a punto de morir y de no poder tener hijos nunca más. Tenemos que avanzar. Este es el momento, si no, todo quedará empantanado otra vez y seguiremos sufriendo casos parecidos", explica Merchán.

Un delito en la mayor parte del continente

Argentina. Desde 1921 se permite el aborto en casos de violación de mujeres incapacitadas mentalmente y cuando está en peligro la vida de la mujer.

Bolivia. Solo es legal, previa autorización del juez, si el embarazo es resultado de "una violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto", y si la vida de la madre peligra.

Brasil. El aborto se castiga con entre uno y cuatro años de cárcel, salvo si la salud de la madre está en peligro o si el embarazo es fruto de violación.

Chile. El aborto es ilegal, sin excepciones. Se penaliza con entre tres y cinco años de cárcel. Desde 2007, se puede suministrar la píldora del día después a las jóvenes, a partir de los 14 años, y los médicos tienen obligación de atender y no denunciar a las víctimas de abortos clandestinos.

Colombia. En 2006, se despenalizó en tres supuestos: peligro para la salud de la madre, violación, y cuando el feto vaya a morir.

Cuba. Desde 1965, la mujer puede interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación sin justificar sus motivos.

Ecuador. Es ilegal salvo en caso de amenaza a la vida o salud de la mujer, o si el embarazo es el resultado de violación de una mujer disminuida psíquica.

México. En el Distrito Federal de México, se puede abortar hasta las 12 semanas. En el resto del país, solo está autorizado en los tres casos clásicos.

Nicaragua. Desde octubre de 2006, está penalizado bajo cualquier supuesto.

Paraguay. Desde 1937 se permite solo cuando está en peligro la vida de la mujer embarazada.

Perú. El aborto es legal cuando está en peligro la vida de la mujer. En la práctica, tampoco está garantizado el aborto terapéutico.

Uruguay. En 2008, el Parlamento aprobó la ley integral que despenaliza el aborto. Pero el presidente Tabaré Vázquez la vetó, en contra de su propia fuerza política (el Frente Amplio) y la opinión de la ciudadanía: un 60% está a favor de la despenalización.

Venezuela. El aborto está considerado como delito, pero existe un anteproyecto de normativa que propone la despenalización por plazos.

Protesta contra el veto del presidente uruguayo en 2008 a la despenalización del aborto.– A. STAPFF (REUTERS)

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