En sus redes sociales el pre candidato Nicolás del Caño a diputado nacional por el Frente de Izquierda exigió presupuesto para la educación sexual integral y la separación de la iglesia del Estado. Mirá las cifras del presupuesto que difundió.
Nicolás del Caño denunció que “el gobierno destina apenas $7,32 por cada estudiante de la provincia de Buenos Aires para la Educación Sexual Integral” y difundió los datos del presupuesto 2021. “El Programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral en todo el país es de $112.764.300, la Iglesia Católica recibe $203.572.246 por un artículo que se mantiene de la última dictadura militar” agregó. El presupuesto para el 2021 fue aprobado en Diputados y en el Senado por el bloque del Frente de Todos.
Del Caño, que en estas PASO encabeza la lista en la provincia de Buenos Aires junto a Romina del Plá, dijo que “queremos llevar al congreso la demanda de la juventud y el movimiento de mujeres: ¡Separación de la iglesia del Estado! ¡Presupuesto para la Educación Sexual Integral!”.
La Educación Sexual Integral es un reclamo de la comunidad educativa y del movimiento de mujeres que adoptó como consigna de lucha: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Siempre fue una pelea que integró el reclamo por la efectiva implementación de la ESI y un adecuado presupuesto. Algo que hoy no ocurre con las cifras que dio a conocer el candidato, que agregó: “una encuesta elaborada por el Proyecto #EsConESI informó que en la provincia de Buenos Aires solo el 12,57% de los estudiantes considera que recibió educación sexual de manera integral”.
Para millones de jóvenes se trata de tener herramientas sobre salud sexual y reproductiva para cuidarse, prevenir, tener la capacidad de elegir, y de disfrutar un encuentro con alguien. También se trata, ni más ni menos, de la problematización de aspectos de sus vidas, muchas veces dolorosos: desde atravesar situaciones de violencia de género, acoso por ser gay, lesbiana o trans, hasta sufrir discriminación en base a los estereotipos.
El monto que recibe cada año la Iglesia Católica a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es para “gastos corrientes” de esta institución, y significa que se destina a los sueldos de obispos y curas. Este financiamiento estatal a la Iglesia se sostiene con decretos de la dictadura militar de Rafael Videla en 1979 y que ningún gobierno constitucional eliminó. El Decreto Ley Nº 21.950 de la dictadura dice que “los Arzobispos y Obispos tienen un sueldo equivalente al 80% de la remuneración fijada para un Juez Nacional de Primera Instancia” y explicita que “Los fondos para el pago de estos beneficios provienen del Presupuesto nacional, que sanciona cada año el Parlamento”. Pero no son los únicos recursos que recibe del Estado: los obispos tienen un régimen especial de jubilaciones, exenciones impositivas, se subsidia a la educación privada religiosa, entre otros beneficios.
Cuando fue diputado nacional en 2018, Nicolás del Caño presentó un proyecto en el Congreso para terminar con la injerencia de la Iglesia en la educación pública. La iniciativa fue impulsada junto a Myriam Bregman (precandidata a diputa nacional en CABA), y a Nathalia González Seligra (diputada del PTS-FIT en ese entonces).
Desde el Frente de Izquierda también han cuestionado el Código Civil y Comercial que se votó en 2014 impulsado por el gobierno de Cristina Fernández y votado por su bloque. Uno de los cambios que impulsó el kirchnerismo en ese entonces fue para otorgarle más poder a la Iglesia Católica. Con la derogación de la ley 1420, de “educación común”, permitieron que cada provincia esté en condiciones legales de introducir a la religión como actividad y como contenido educativo.
Las Iglesias son voceras de discursos de odio y discriminación contra la diversidad, y se oponen tanto al derecho al aborto como a la educación sexual laica, científica e integral. Muchos candidatos y referentes de Juntos por el Cambio y los (mal) llamados “libertarios” también toman estas banderas, al igual que algunos del Frente de Todos (como José Mayans y Juan Manzur). Son estos sectores “antiderechos” quienes hoy se esfuerzan en trabar la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo, y en la implementación de la ESI en las escuelas. Sin embargo, el gobierno sigue decidiendo entregarle millonarios recursos y beneficios a la Iglesia, mientras destina apenas $10,7 anuales por estudiante en Educación Sexual Integral en todo el país.
Para redoblar la pelea del movimiento de mujeres y la comunidad educativa, se vuelve más necesario fortalecer en estas elecciones al Frente de Izquierda, que agrupa en unidad al PTS, PO, IS y MST. Quienes en el Congreso y las calles con el poder de la marea verde, luchan por lograr la separación de la iglesia del Estado y para hacer efectivos los derechos que conquistamos como el aborto legal.
