La decisión es sumamente grave y vuelve a poner en escena las arbitrariedades de los funcionarios públicos respecto a los derechos de las mujeres y cuerpos gestantes.
Uno de los argumentos que utiliza Peppo para fundamentar el veto a una ley nacional es que la guía técnica de la ILE, no garantiza la “objeción de conciencia” a los agentes de salud y que ello los obligaría a que participen de prácticas médicas contrarias a su moral y a su religión.
Asimismo en la resolución objeta la ley que establece la capacitación con perspectiva de género para los empleados de los tres poderes del gobierno.
Es decir que Peppo, quien llamó a apoyar a Jorge Capitanich reconocido antiderechos, se opone al aborto legal, a la interrupción del embarazo con las causales previstas en el Código Penal y por si fuera poco, se niega a que en su provincia los empleados del estado sean capacitados en materia de género de acuerdo a lo que establece la ley conocida como Micaela.
Recordemos que Chaco, además, es una de las provincias con más alto índice de embarazo adolescente, en donde el acceso a la salud es muy limitado, y en donde estas mismas jóvenes tampoco tienen acceso a la educación sexual ya que la ESI no se aplica.
Hace apenas unos días señalábamos que estas provincias, extremadamente conservadoras y plagadas de prejuicios, sumaban un nuevo factor que conspira contra los derechos elementales de niñes y jóvenes: la injerencia de las iglesias católica y evangélicas.
La vulneración constante de los derechos democráticos elementales por parte de gobernadores que se autodenominan “defensores de las dos vidas” no son una sorpresa. Sin embargo, y a poco de las elecciones, es fundamental no solo la organización sino fortalecer los votos a la izquierda.
