Argentina: condenaron a 45 y 42 años de prisión a los curas Corbacho y Corradi por abusos a chicos sordos en el caso Próvolo

Los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi fueron hallados responsables de «abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores». El veredicto se leyó a puertas cerradas. «Es un precedente no sólo para otros juicios que están encaminados, como la causa del Próvolo de La Plata, sino para que otros se animen a denunciar», dijo la hermana de una de las víctimas.

Poco después del mediodía, la justicia mendocina condenó a los curas Horacio Corbacho (59 años) y Nicola Corradi (83) a 45 y 42 años de prisión, respectivamente, por haber abusado sexualmente a niños y adolescentes sordos e hipoacúsicos en centros educativos gestionados por el Instituto Antonio Próvolo. En tanto, el jardinero Armando Gómez, de 49 años, fue condenado a 18 años de prisión. La sentencia, inédita por la magnitud de las penas en la provincia, fue festejada por las víctimas y sus familiares, quienes tras la lectura del fallo estallaron en abrazos y llantos que habían estado contenidos durante las 49 jornadas que demandó el debate. Sin embargo, como señaló Lucas Lecour, uno de los abogados de la Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos (XUMEK), que patrocina a las víctimas, estas condenas son el primero paso de un caso que tiene aún varios acusados por llegar a juicio.

La sentencia fue dictada por los jueces del Tribunal Penal Colegiado 2, Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli al cumplirse tres años desde que salieron a la luz los casos y se destaparon los hechos que tuvieron repercusión mundial, no sólo por los delitos denunciados sino por tratarse de la misma orden religiosa que tiene sede en Verona, Italia, donde entre 1950 y 1984 se registraron las primeras denuncias de abusos contra sacerdotes de esta institución. Uno de los tantos curas denunciados fue Corradi, quien junto a otros cuatro acusados fueron trasladado a la Argentina.

Por tratarse de delitos de instancia privada, el veredicto se leyó a puertas cerradas, aunque el Servicio de Información Judicial de Mendoza lo transmitió por Youtube. Afuera de los tribunales, un cartel decía: «Iglesias sin abus@s. 0 tolerancia. La verdad no se puede esconder«.

Por la tarde, el arzobispado de Mendoza se hizo eco y emitió un comunicado en el que se solidarizó con las víctimas. «El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor; por eso urge reafirmar nuestro compromiso con la prevención, la transparencia, la verdad y la justicia para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad», expresaron.

En este sentido, Erica, hermana de una víctima, de la que se mantiene el nombre en reserva porque será testigo en otra de las causas abiertas, dijo a Página/12 que «creemos que el fallo es un precedente no sólo para otros juicios que están encaminados, como la causa del Próvolo de La Plata, sino para que otros se animen a denunciar, porque después de tanto esfuerzo conseguir una sentencia ejemplar y casi única para una institución acostumbrada a encubrir sirve de estimulo para el resto, y también para que se puedan sentir en paz aquellos que habían denunciado en Verona y no encontraron justicia y ahora puede ver a Corradi sentenciado».

Contó que el cierre del juicio  «fue muy emotivo». «Hace tres años que venimos soñando con este día, y las sentencias fueron contundentes. Era lo que esperábamos para poder continuar, aunque falta el resto de los imputados. Pero es el puntapié inicial para reconstruir nuestras vidas. Es una mezcla de sensaciones, de revivir el dolor y alcanzar la justicia. Y encontrar justicia es un aliciente para el resto de las causas que esperan elevación a juicio, ya que quedan otros acusados, la monja japonesa (Kumiko Kosaka, imputada como encubridora)», y la ex directora Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, entre «otros profesionales que permitieron las situaciones y el silencio por años y años».

En la causa, que tiene una decena de víctimas, Corbacho había sido imputado por 16 hechos que incluyen «abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores», mientras que a Corradi lo imputaron por cinco casos y a Gómez por otros cuatro. En el caso de los sacerdotes las acusaciones estuvieron agravadas por el carácter de ministro de culto y por ser los encargados de la guarda de los menores de 18 años.

En el juicio, que comenzó el 5 de agosto y se realizó a puertas cerradas, las víctimas y uno de los acusados, el jardinero, que es sordo, contaron con la participación de intérpretes de Lenguas de Señas.

Los ex alumnos declararon a través de cámara Gesell -algunas grabadas y otras bajo la modalidad en vivo y en directo- con el acompañamiento del Equipo de Abordaje de Abuso Sexual (Edeaas), donde los once denunciantes relataron tocamientos, violaciones y ataques grupales, obligación de ver material pornográfico y todo tipo de maltratos sufridos durante años.

Para Lecour, la penas dictadas «dan cuenta de lo grave y aberrante que han sido los hechos denunciados porque no hay en Mendoza sentencias tan altas como estas». Y remarcó que un punto importante del fallo, es que «el Tribunal dictó medidas reparatorias integrales. Le ordena al Ministerio de Educación provincial garantizar que las víctimas puedan estudiar, asegurarles tratamiento psicológico gratuito y, a través del Ministerio de Desarrollo Social, el acceso a becas y programas de capacitación«.

Para el letrado, fueron clave para lograr las condenas las declaraciones de las víctimas y sus familiares, los peritajes psicológicos y físicos que daban cuenta de lesiones, y los libros secuestrados en el Próvolo donde quedó constancia de conductas sexuales llamativas y reiteradas de los chicos (como bajarse los pantalones en clase) que deberían haber disparado alguna alarma en la institución. Y remarcó que «si bien ninguna condena genera alegría, tenemos mucha satisfacción con el fallo, sobre todo porque esperamos que sirva para que otras víctimas que no se animan a hablar lo puedan hacer».

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