Desde la Legislatura bonaerense impulsan derogar exención impositiva para la Iglesia Católica. El proyecto fue presentado por el legislador radical de Cambiemos, Facundo Pérez, y cuenta con el apoyo de Guillermo Bardón que se presentó como coautor.
El diputado provincial Fernando Pérez presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para eliminar la exención del impuesto inmobiliario a los edificios pertenecientes a la Iglesia Católica, en el territorio bonaerense, un beneficio que otorga el Código Fiscal.
“Entendemos que los beneficios impositivos de los que actualmente gozan los obispados y arzobispados en la provincia de Buenos Aires es algo anacrónico y una interpretación excesiva e innecesaria del artículo de nuestra Constitución Nacional que habla de “cooperación” para con esa Iglesia”, explicó Pérez.
El diputado Guillermo Bardón, se presentó como coautor del proyecto.
El proyecto presentado por el legislador radical de Cambiemos, solicita la derogación del inciso c) del artículo 177 de la norma fiscal de la provincia de Buenos Aires. En el texto deja eximidos del pago del Impuesto Inmobiliario a los bienes inmuebles propiedad de “Obispados, arzobispados e Institutos de Vida Consagrada”, pertenecientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana.
“Nuestra Nación es un estado laico en cuya Constitución Nacional se contempla la “cooperación” hacia ese culto, oficial por cierto”, explicó y siguió: “Pero esa cooperación, no puede ser entendida como un beneficio extraordinario, que, además de discriminatorio hacia otros cultos, resulta anacrónico y disfuncional dentro de un Estado que multiplica día a día sus intervenciones sociales, culturales, sanitarias y de seguridad; todo ello con presupuestos que deben integrarse con recursos tan genuinos como justos”, añadió.
Es que con el histórico debate por la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso, las calles se vistieron de pañuelos celestes y pañuelos verdes como símbolos anti y pro aborto, respectivamente. Pero hubo un tercer color: el naranja, para mostrarse a favor de la separación entre la Iglesia y el Estado.
Varias figuras públicas se mostraron portando el pañuelo y personas en diferentes puntos del país se sumaron a apostasías colectivas. Es que la iglesia tuvo un rol determinante durante el debate, no solo que se denunciaron presiones de la institución religiosa, sino que luego la Iglesia reunió a legisladores oficialistas y opositores que votaron en contra para agradecerles.
El propio jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, informó en la Cámara de Diputados de la Nación que el Estado nacional destinará este año 130 millones en sueldos para la Iglesia Católica. A esta información se suman las declaraciones del monseñor Héctor Aguer en una entrevista pro radio Continental, donde sostuvo que “los 40 mil pesos, creo que esa es la suma, los gasto en darle a los pobres”.
Con todos estos factores, comenzó un nuevo debate, ¿el Estado debe pagar sueldos a los Obispos? Ante tal interrogante, propuestas. El diputado nacional Alejandro Echegaray, por ejemplo, presentó un proyecto de ley para derogar los decretos que establecen sueldos y pensiones para obispos, sacerdotes y seminaristas de la Iglesia Católica Apostólica Romana porque, sostuvo: “El Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan caridad sin rendir cuentas”.
Si el artículo 2 de la Constitución Nacional establece que “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, esto fue entendido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico, que no se trata necesariamente de sueldos.
Por otra parte, el movimiento LGTB lanzó una petición a la Cámara de Diputados para que “el Estado deje de financiar a la iglesia con dinero de todos los argentinos”. Y sostienen: “Para nosotros, la iglesia debería financiarse por medio de los creyentes y los que asisten a ella, haciendo que, los no creyentes (ateos o agnósticos) y los creyentes de otra religión no tengan que pagar una religión que no es de ellos, el esto podría disponer del dinero para por ejemplo la creación de hospitales, entre otras cosas que beneficien a todos y no solo a los creyentes de la religión católica”.
El debate está más abierto que nunca, la sociedad madura como para debatir temas que de orden religioso y lo suficientemente transformada como para poner de manifiesto que existen diferentes posturas respecto a un mismo hecho. Los movimientos feministas, organizaciones populares y políticas empujan para, al menos cuestionar, el destino de fondos públicos.
