Apoyo unánime a la ley de muerte digna en Andalucía

El PP vota a favor del texto, a excepción de tres artículos

El Parlamento de Andalucía aprobó ayer por unanimidad la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, la conocida como ley de muerte digna. La norma salió adelante con el voto de los tres grupos de la Cámara (PSOE, PP e IU), pero los populares forzaron que se disgregaran del texto los artículos 18, 21 y 27 para que se votaran por separado.

La ley andaluza es la primera de España que ordena los derechos de los pacientes terminales y las obligaciones de los profesionales que les atienden. Entre otros aspectos, eleva a la categoría de derecho las sedaciones paliativas, aunque acorten la vida, y obliga a los médicos a retirar o no instaurar medidas de soporte vital que "sólo contribuyan a prolongar en el tiempo una situación clínica carente de expectativas razonables de mejoría".

Los tres artículos a los que el PP se opuso recogen el deber de los médicos a abstenerse de imponer sus propias creencias sobre las del paciente; la obligación de los profesionales de limitar el esfuerzo terapéutico; y la regulación de los comités de éticas que se crearán en todos los centros sanitarios. Los populares querían que en los dos primeros casos la norma contemplara la objeción de conciencia de médicos y enfermeros, un derecho que ha venido reclamando la cúpula de la Iglesia católica y la de los colegios de médicos desde que empezó a tramitarse la ley, pero al que PSOE e IU siempre se han opuesto.

La parlamentaria socialista Rosa Ríos volvió a explicarle ayer a los diputados del PP lo que el Gobierno andaluz lleva meses explicando: que la objeción de conciencia es "una competencia estatal" y que, en cualquier caso, esta ley regula "buenas prácticas clínicas" y "derechos indisputables del paciente" ante los que el PSOE entienden que "no cabe la objeción".

A IU, que respaldó el texto íntegro, le hubiera gustado que el texto abordara la eutanasia y el suicidio asistido, pero los socialistas dejaron claro desde el principio que ambos supuestos son incompatibles con las leyes estatales vigentes. "Ni se quiere ni se puede regular sobre esos asuntos", aclaró Ríos. El parlamentario de IU José Manuel Mariscal pidió al Gobierno central que "sea valiente" y "legisle" en estas dos materias.

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