Apostasía colectiva en el país del papa Francisco

Miles de bautizados en Argentina renuncian a la Iglesia Católica tras la campaña del clero contra la legalización del aborto

La Iglesia católica argentina movilizó a sus fieles contra la legalización del divorcio en 1987, contra la aprobación de la ley del matrimonio gay en 2010 y contra el aborto legal este 2018. Como reacción al rechazo de la jerarquía religiosa a ampliar derechos sociales, miles de argentinos bautizados se han sumado en las últimas dos semanas a la campaña de apostasía colectiva para dejar de pertenecer a la Iglesia católica.

«Apostato porque la jerarquía de la Iglesia no me representa y no quiero que hable más en mi nombre. No puede ser que los senadores voten por sus creencias religiosas y no por la salud de miles de mujeres que arriesgan su vida en abortos clandestinos», señala Julieta Domínguez frente a la mesa instalada por la Coalición argentina por un Estado laico (Cael) frente a la Conferencia Episcopal Argentina, en Buenos Aires. La Cael entregó hoy cerca de 4.000 solicitudes de apostasía a las autoridades eclesiásticas en distintos puntos de Argentina.

Este colectivo nació en 2009, a raíz del debate sobre el matrimonio igualitario que tuvo como principal detractor al entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, hoy Francisco. El futuro Papa convocó en ese momento «a una guerra de Dios» contra el proyecto de ley, pero la perdió: Argentina fue pionera en América Latina en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. En ese momento hubo las primeras apostasías colectivas, pero la idea cobró más fuerza este año, cuando la Iglesia católica llamó a sus fieles a movilizarse en las calles contra la ley de legalización del aborto.

El 8 de agosto, el día en el que el Senado rechazó el proyecto que autorizaba la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, al pañuelo verde de los defensores de la legalización se le sumó uno naranja, el que exige la separación de Iglesia y Estado. La Cael instaló un pequeño puesto en los alrededores del Congreso al que no paró de acercarse gente para preguntar cómo debía realizar el trámite.

«Vino gente que decía ser católica pero que estaba en desacuerdo con lo que estaba haciendo la Iglesia. Cuando el padre Pepe dijo que las pobres no abortan hubo mucha bronca y dolor. Que el Papa nos compare con los nazis por abortar nos duele», señala Analía Mas, integrante de la Coel y secretaria de género y laicismo en la Federación argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FALGBT). «La apostasía es un acto individual, pero la hacemos colectiva como hecho político: vamos a salirnos de una institución que no nos representa», señala Mas, minutos antes de entregar las cajas con las solicitudes a la Conferencia Episcopal, que fueron recibidas por un secretario.

Para realizar el trámite se debe llevar una fotocopia del DNI, fecha de bautismo y nombre de la Iglesia en la que se realizó la ceremonia. Marcos se acercó el día 18 con todos esos papeles en la mano al punto de convocatoria, en la céntrica avenida Corrientes. Ese día cumplía 38 años. «Lo quería hacer como regalo de cumpleaños, pero cuando llegué había una fila larguísima y me fui. Vine hoy porque desde muy chico ya no creo en Dios, soy ateo, y pienso que la Iglesia no es necesaria para nada», dice este artista, quien asegura ser «la oveja negra de una familia muy católica».

Las autoridades eclesiásticas revisarán los pedidos uno por uno para aprobarlos. «En Jujuy nos dijeron que tuvieron muchos obstáculos y fue muy tensa la recepción. En Córdoba los sacaron del brazo, pero en otros lugares fue todo bien. Estamos pidiendo hoy también que unifiquen los criterios de la apostasía», agrega Mas.

Una de los objetivos de la campaña es que el Estado «deje de financiar a la Iglesia católica», pero el dinero que recibe no depende de la cantidad de bautizados que hay en sus registros. «La Iglesia no va a cobrar ni más ni menos si miles de fieles apostatan», explica César César Rosenstein, abogado y miembro de Cael. El jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, informó el pasado marzo que el Gobierno transfiere a la Iglesia Católica 130 millones de pesos anuales (4,1 millones de dólares) para pagar sueldos de obispos y otro personal eclesiástico. Para la Cael, se trata de una cifra incompleta, porque deja fuera los fondos millonarios destinados a pagar las escuelas subvencionadas católicas y las exenciones impositivas de las que goza este culto, entre otros.

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