Aplazado para julio el debate sobre la asignatura de religión en las escuelas

La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, remitió hoy a una segunda reunión con la Conferencia Episcopal Española (CEE), a finales de julio, para hablar con detalle del tratamiento de la enseñanza de religión y de las cuestiones que afectan a su profesorado.

En conferencia de prensa, la ministra calificó de "cordial" y "exploratoria" la reunión de hoy, en que se constituyó la comisión mixta entre el Gobierno y la CEE con vistas a un diálogo "estable y estructurado" sobre los asuntos educativos.

San Segundo insistió en que "lo más eficiente y sensato" es que la futura Ley Orgánica de Educación (LOE) recoja principios generales y que los detalles de la regulación de la enseñanza confesional y otros aspectos se concreten en desarrollos normativos posteriores, a partir de principios de 2006, como es una posible asignatura alternativa.

Recordó que la redacción del anteproyecto legislativo recoge que la religión sea de oferta obligatoria para los centros y de opción voluntaria para las familias.

Dijo que se trata de una "regulación mínima" y que es "difícil no estar de acuerdo en los principios", ya que lo que la ley orgánica recoge es el "respeto a la legalidad vigente", aunque es previsible que la CEE tenga sus opiniones sobre cuestiones de detalle.

"Debemos hacer compatibles -insistió- los derechos de las familias que desean que sus hijos reciban enseñanzas de religión y los derechos de aquellas que no" lo quieren.

Estas y otras cuestiones se abordaron en "términos generales", habrá que trabajar "entre todos para acertar" en la mejor regulación de la figura del profesorado de religión y ambas partes compartieron el interés por la regulación de la libertad de elección de centro, añadió.

Está última está "plenamente garantizada -aseguró- bajo los principios que han impregnado nuestra legislación en los últimos 20 años, que hacen referencia al derecho de las familias a elegir el centro que desean para sus hijos (…) y, como las sentencias de lo tribunales han establecido, esto significa que los centros no pueden elegir a los alumnos".

Sobre si la CEE había pedido la obligatoriedad de la asignatura confesional o que cuente para pasar de curso, respondió: "No ha habido ninguna manifestación de ese tipo", ni se habló del horario en que se impartiría.

En cuanto a si el proyecto legislativo sería enviado al Parlamento en los términos en que está redactado el anteproyecto, explicó que aún requiere algunos informes, no existe un texto definitivo y son posibles modificaciones.

Insistió en avanzar para mejorar la situación del profesorado, adecuada a la legislación laboral y a los principios constitucionales y a partir de las sentencias judiciales para reducir el grado de conflictividad al "mínimo".

En cuanto al profesor que ha denunciado que el Obispado de Tortosa no le ha renovado después de pedir un permiso de paternidad, defendió, a expensas de información detallada, que la situación de los docentes debe adecuarse a la normativa vigente (necesitan la "venia" de la confesión correspondiente), con respeto a toda la legislación y a los contratos para que su conclusión tenga causas objetivas.

Explicó que la CEE había preguntado por el contenido de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía para decir que "todos" están de acuerdo en que los principios de convivencia deben tener carácter transversal y que el ella, además, sigue convencida de que una materia concreta es "necesaria y positiva", impartida por profesores de Filosfía y Ciencias Sociales.

La representación de la Iglesia estuvo encabezada por el vicepresidente de la CEE, Antonio Cañizares, y el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, Antonio Dorado.

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