Anticlericalismo y laicismo

En los últimos tiempos, la Iglesia española, a través de su Conferencia Episcopal y de otros representantes cualificados, ha venido interviniendo con notable contundencia en asuntos que atañen, además de a sus prejuicios, creencias y dogmas, a la organización de la convivencia de los ciudadanos en un Estado aconfesional.

Tal ha sido el caso, por ejemplo, de aquellas materias que, como el aborto, la eutanasia o la manipulación genética, tienen que ver con el respeto de la vida humana o, más recientemente, de aquellas otras que, como el reconocimiento matrimonial de las uniones estables entre homosexuales, conciernen en exclusiva a la regulación de las relaciones humanas en la sociedad civil.

Todas estas intervenciones han provocado reacciones que, aunque provenientes de convicciones laicas o religiosas muy dispares, han coincidido, casi todas ellas, en la defensa de la autonomía del Estado aconfesional en el ámbito de sus competencias. Las cosas no han ido, por lo general, a mayores. Tras polémicas, a decir verdad, no muy encendidas, el Estado ha ido legislando, con más o menos acierto y atrevimiento, sobre todas esas materias, y el hecho de que su legislación haya contravenido la doctrina oficial de la Iglesia no se ha traducido en especiales convulsiones sociales. Diríase, por tanto, que la sociedad española se ha laicizado tan profundamente en los últimos años que da ya por descontadas tanto la legitimidad de la Iglesia para defender sus ideas como la autonomía del Estado para regular la convivencia ciudadana.

Sin embargo, este laicismo de la sociedad española podría ser más aparente que real. En efecto, las intervenciones episcopales en estos temas limítrofes entre sus propias creencias y las convicciones laicas de la sociedad civil no han sido tan inocuas como podría deducirse de su escasa influencia directa en los resultados. Han tenido, más bien, según yo creo, un efecto perverso que, aunque decepcionante para quienes las han promovido, tampoco dice mucho a favor de esa sociedad laica a la que han ido dirigidas.

Me explico. Con sus rotundas intervenciones, la Iglesia española no sólo no ha conseguido, como habría sido su deseo, suscitar un debate político y social en torno a cada una de las materias sobre las que se ha pronunciado, sino que ha causado precisamente el efecto contrario de abortarlo. Éste es, en mi opinión, el dato realmente significativo, que pone en cuestión el laicismo de nuestra sociedad. Porque, si el fracaso a la hora de provocar el debate debe hacer reflexionar a los obispos sobre las razones de su escasa influencia en una sociedad que se dice católica, su abortamiento inducido habría también de hacer pensar a esa misma sociedad sobre los motivos de su renuencia a encarar de manera autónoma asuntos por los que, más allá de sus creencias religiosas, debería sentirse concernida en sus supuestas convicciones laicas. Pero, por lo que hasta ahora hemos visto, en esta sociedad nuestra tan declaradamente laica, parece seguir todavía en vigor, aunque con el significado inverso, aquel dicho tan clerical de ‘Roma locuta, causa finita’, toda vez que ha bastado con que se haya pronunciado la Iglesia sobre un asunto concreto para dar por agotado el debate mediante el expeditivo expediente de adherirse a la solución contraria.

Así pues, el laicismo de que hace gala la sociedad española podría no haber pasado de lo que no es sino mero anticlericalismo. Según éste, los asuntos de transcendencia ética no suelen abordarse desde perspectivas no dogmáticas o no religiosas, sino sencillamente se zanjan, sin debatirse, en un determinado sentido, porque sobre ellos se ha pronunciado en el contrario el estamento clerical. De este modo, en las sociedades más anticlericales que laicas, incluso aquellos problemas que tienen indudable contenido ético -como son los que afectan a la vida humana por sus dos fronteras: la inicial del origen y la final de la muerte- quedan tan contaminados por la intervención clerical que se hacen indisponibles para un tratamiento ético exclusivamente laico. Los problemas mismos, y no digamos ya sus soluciones, se convierten en asuntos que sólo conciernen al creyente, y el solo hecho de pararse a debatirlos indica una preocupación de carácter exclusivamente religioso.

Sin duda, la dominación que el pensamiento clerical ha ejercido durante tanto tiempo sobre la ciudadanía española es la causa última de esta renuencia respecto del debate de asuntos cívicos que tienen, a la vez, transcendencia moral. Ha ocurrido así que en nuestra sociedad, pese a las múltiples intervenciones episcopales o quizá precisamente por su causa, apenas si se han producido debates sobre los temas mencionados que no se hayan reducido al legítimo rechazo de las interferencias que sobre ellos ha querido ejercer la Iglesia.

En una situación de mero anticlericalismo, la ventaja la lleva siempre el pensamiento clerical, al que no se le contradice con argumentos, sino que simplemente se le excluye por razones de competencia. Con ello, el victimismo se erige por sí solo en argumento de defensa. En cambio, en una situación de auténtico laicismo, los asuntos de transcendencia ética se debaten desde la más pura racionalidad, sin ninguna injerencia externa, y la sociedad laica va armándose de sus propios razonamientos autónomos. Así, y por lo que se refiere al caso concreto del reconocimiento del carácter matrimonial de las uniones estables entre homosexuales, habría podido quedar claro que las objeciones del pensamiento episcopal nada tienen que ver con ética alguna, sino que obedecen en exclusiva a prejuicios derivados de tabúes ancestrales. De hecho, ni los obispos han sido capaces de apelar a ningún argumento ético para oponerse al anunciado proceder del Estado, limitándose sus razonamientos a puras especulaciones antropológicas o sociológicas. Frente a ellas, un concepto puramente laico de la dignidad y de la libertad de la persona, así como de la a-moralidad de las relaciones sexuales libres y responsables entre personas adultas, habría sido más que suficiente para defender el derecho del Estado a regular de este modo la convivencia civil de sus ciudadanos.

Lo mismo cabe decir de aquellos otros asuntos, de mayor enjundia ética, que tienen que ver con la vida del ser humano tanto en su origen como en su estadio terminal. Al legislar sobre estos extremos, una sociedad laica no puede basar su actuación en la mera afirmación de su autonomía respecto de las intromisiones externas, sino que ha de sopesar y defender racionalmente las alternativas con razonamientos de ética laica. Pasar, en suma, del anticlericalismo al laicismo, y dotarse de un cuerpo de convicciones autónomas que sean capaces de orientar, de manera justa y digna, la vida en común. Sólo de esta forma podrá la sociedad española hacer frente con éxito a las intromisiones ilegítimas de un poder que, como el de la Iglesia, se resiste a renunciar a la hegemonía que durante demasiado tiempo ha ejercido sobre su pensamiento.

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