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Antiabortistas terroríficos

La proyectada reforma legal de la interrupción voluntaria del embarazo está generando la reacción de los sectores más retardatarios y anacrónicos de nuestra sociedad, que no la objetan con argumentos, sino que tratan de abortarla -valga el término- mediante la exhibición de tabúes y estereotipos terroríficos.

Así, hace varias semanas, el domingo fijado para las concentraciones en contra del aborto, sentí instintivamente miedo en la calle Larios, de Málaga, ante la imagen de un hombre uniformado de falangista, con la camisa azul mahón y los correajes de rigor, cara al sol, junto a unas mesas con octavillas y panfletos que proclamaban el "derecho a vivir", "la vida es un derecho", "no existe el derecho a matar: existe el derecho a vivir".

A ese clima de terror contribuye que un colegio concertado de Logroño, el de las Adoratrices, haya utilizado en contra del aborto fotos del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, rodeados de restos de fetos descuartizados, supuestamente tras haberse practicado un aborto. O que otro colegio concertado, el Monte Tabor, de Pozuelo (Madrid), perteneciente a la fundación católica Tiempos Más Nuevos (¡!), organizara recientemente charlas obligatorias para alumnos desde 3º de ESO hasta 2º de Bachillerato "en defensa de la vida", amenizadas con la proyección de un vídeo con imágenes de fetos en la basura y la emisión de frases como "cada cinco minutos se tritura un feto".

De una forma u otra, la Iglesia está presente en la campaña contra el aborto, calentada por los grandes carteles colocados por los obispos en las calles, en los que se proclama que el lince está más protegido que los bebés. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, se mostró eufórico hace unos días por el éxito de la "campaña del lince". Y el propio presidente de los obispos, Antonio María Rouco, resaltó recientemente en Roma la "originalidad visual" de los carteles del lince y el bebé.

Rouco vinculó cínicamente la posición de la Iglesia de "hacer oír su voz siempre" en favor del derecho a la vida. Pero, ¿cuándo se ha opuesto seriamente la Iglesia católica, o sus acólitos, a la principal perpetración del derecho a la vida como es la pena de muerte, que de algún modo ha avalado cuando ha sacralizado regímenes políticos, como el de Franco, que ejecutaron a cientos de miles de personas, o cuando predica en Estados Unidos contra el aborto, mientras da por buena la pena capital? ¿Cómo es posible que la Iglesia -y con ella, la derecha más ultramontana- invoque el derecho fundamental a la vida, pero concentre toda su energía en la protección del feto?

Las Cortes Constituyentes, cuando abordaron, ¡hace casi 32 años!, el derecho fundamental a la vida -estaba en vigor la pena de muerte y el aborto voluntario era delito siempre- constitucionalizaron la abolición de la pena capital, mientras dejaron para el legislador ordinario la regulación del aborto, aunque no sin polémica. El debate se centró en si el titular del derecho a la vida era "la persona" -como estableció la Comisión Constitucional del Congreso-, en cuyo caso tal derecho sólo se reconocería al nacido. Alianza Popular consiguió en el pleno identificar el sujeto del derecho a la vida con el término "todos", para incluir bajo esa palabra al feto e imposibilitar el aborto. En el Senado, el independiente Isaías Zaragoza logró añadir al enunciado "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física", las palabras "y moral", lo cual favorecía, según él -y nadie le contradijo-, que el sujeto de ese derecho fuera la persona.

El Tribunal Constitucional (TC) mantiene desde 1985 que "los no nacidos no pueden considerarse (…) como titulares del derecho fundamental a la vida (…), lo que, sin embargo, no significa que resulten privados de toda protección constitucional". Esa protección al nasciturus obligó en 1985 a modificar el inicial proyecto de ley de despenalización parcial del aborto.

Es probable que la reforma legal que se prepara ahora, con la novedad de la ley de plazos -que hace descender la tasa de abortos en los países europeos que la tienen-, supere el filtro del TC, si finalmente la recurre el PP, como ha anunciado su líder, Mariano Rajoy.

El aborto es un asunto muy serio y preocupante, cuya regulación, perfectamente compatible con el apoyo a la maternidad deseada y gozosa, debe resolver con responsabilidad, justicia y sensatez los derechos en conflicto. Frente a la oposición que pueda suscitar una regulación tan sensible a las ideologías y creencias de cada uno, hay que advertir que, al igual que el divorcio y otras decisiones familiares o personales, abortar nunca es obligatorio.

En todo caso, el aborto es más una salida que una solución. Si resultan terroríficas las campañas antiabortistas, tampoco tendría sentido reclamar el aborto -un mal menor en el mejor de los casos- como un objetivo liberador cuya práctica colmara de felicidad a las mujeres. El maestro de periodistas Eduardo Haro Tecglen expresó en 2005 su "odio" al aborto, porque le parecía "dañino para la mujer", y añadía: "Pero en este grupo de odios abstractos, a hechos y no a personas, odio tanto o más su penalización y la persecución a la embarazada contra su voluntad".

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