Ante la reducción de unidades concertadas y públicas en Jaén

¿Es lógico suprimir tres unidades públicas en Linares y ninguna concertada?

Desde que a mediados de marzo, ASADIPRE, (Asociación Andaluza de Directores/as de Infantil y Primaria y Residencias Escolares), emitiera un comunicado apoyando la decisión de las autoridades educativas de suprimir algunas unidades concertadas en Andalucía (de ellas 3 en la provincia de Jaén: Bailén, Úbeda y Linares) se han sucedido numerosas reacciones a este comunicado así como a la propia decisión administrativa, protagonizadas por diversos portavoces en representación de la enseñanza concertada.

Sin ánimo de entrar a rivalizar entre ambas modalidades de enseñanzas, pública y concertada, como vienen haciendo con cierta asiduidad estos portavoces, siempre en contra de la enseñanza pública, y tras permanecer varios meses en respetuoso silencio, quisiera como presidente de ASADIPRE en la provincia de Jaén realizar las siguientes consideraciones:

1º.- El descenso de natalidad no solo afecta a los centros públicos, también a los concertados. Así en Linares, por ejemplo, en el actual proceso de escolarización, el número de solicitudes a centros concertados ha decrecido un 10% (34 solicitudes menos que el curso pasado), y en los públicos, un 12% (31 solicitudes menos). Pese a ello, los defensores de la escuela concertada no comprenden que se pueda suprimir una unidad con este carácter en la ciudad, pero si entienden que desaparezcan 2 públicas, ante un descenso similar. Parece ser que lo normal debiera ser que se eliminen 3 unidades públicas y sigan las mismas unidades concertadas, siguiendo la misma dinámica de las últimas décadas.

Desde que se implantó la LOGSE, hace algo más de 20 años, en Linares, las unidades concertadas han pasado de 11 a 13, (12 a partir del próximo curso), mientras que en los centros públicos han pasado de 23, en sus mejores momentos, hasta las 13 que habrá el próximo curso. Así, en Linares, el peso de la enseñanza concertada en relación a la pública ha pasado de ser del 33% hace dos décadas, a ser el 48% en la actualidad y eso a pesar de haberse suprimido una unidad para el próximo curso. ¿Es lógico pues que, ante el descenso de natalidad, sea únicamente la enseñanza pública la que asuma este coste como ha venido sucediendo año tras año?

2º.- Otro argumento muy esgrimido por los portavoces de diversas plataformas defensoras de la enseñanza concertada es el criterio de hacer prevalecer la libre elección de las familias, de forma que sus hijos puedan acudir a estos centros sin más limitaciones que la oferta educativa vigente hasta la fecha, de forma que, si hay demanda suficiente, no se reduzca ninguna unidad concertada.

Vayamos por partes; el curso pasado hubo 339 solicitudes para 325 plazas, (un 95´8% de las familias interesadas, podía conseguir una plaza concertada), en el actual proceso de escolarización ha habido 305 para 300 plazas, (un 98´3% de las familias pueden acceder a estas plazas); es decir, a pesar de suprimir una unidad, la probabilidad de conseguir una plaza concertada es mayor que antes, luego nuevamente comprobamos que el descenso de natalidad también afecta a los centros concertados. Vuelvo a preguntarme, ¿es lógico suprimir tres unidades públicas en Linares y ninguna concertada?

Por otra parte, quisiera pararme un poco en el hecho de la mayor demanda de los centros concertados frente a los públicos. En Andalucía, de acuerdo a los datos ofrecidos por la Consejería, de todos los centros que obtienen más solicitudes que plazas, el 53% son públicos frente al 47% de los concertados. Y todo ello a pesar de que los centros concertados cuentan con una doble ventaja frente a los públicos: la 1ª es que ofrecen en el mismo centro, en la inmensa mayoría de los casos, toda las enseñanzas obligatorias ahorrando a las familias la preocupación que le supone el tránsito de primaria a secundaria, situación por la que sí deben pasar las familias que optan por la pública. La 2ª, también incuestionable, es que los centros concertados suelen ubicarse en las mejores zonas de las grandes ciudades, mientras que prácticamente ninguno de ellos se ubica en zonas marginales o barriadas conflictivas, cuya población escolar casi siempre es atendida en centros públicos. Cuando comparamos los poquitos centros concertados que hay ubicados en estos lugares, las diferencias de predilección familiar son casi inexistentes.

Estoy seguro de que si se igualara esta doble variable: oferta de las mismas etapas educativas y ámbito territorial y socio-económico de influencia, el anterior porcentaje aludido (53% – 47%) sería mucho
mayor a favor de la enseñanza pública.

3º.- Existe otro argumento muy explotado por los portavoces de estas plataformas que es comparar el gasto económico atribuido a un puesto escolar público (6200 €) frente al coste en un puesto concertado (3000 €). Evidentemente puede ser cierto pero sin duda el gasto del primero se ve incrementado por la necesidad de atender a cientos de pequeños núcleos rurales o a la atención al alumnado de zonas de atención especial donde los centros concertados no llegan, probablemente por su escasa rentabilidad.

Si comparamos un centro concertado de alguna ciudad con un público de su mismo entorno las diferencias no son tales, puesto que el concertado recibe además del sueldo de su profesorado un montante económico similar al que recibe un centro público. Puede que, en estos casos, la pequeña diferencia que existe radica en que los centros públicos contamos con una mayor dotación de profesorado, especialmente el destinado a atender al alumnado con necesidades educativas especiales o que presenta desventajas sociales. Otra cuestión, que no entraré a valorar, es por qué casi todo el alumnado que presenta este tipo de déficits es atendido en centros públicos y no en los concertados.

4º.- Por último, se cuestiona desde los mismos foros la profesionalidad de los docentes públicos, a quienes culpan de la escasa demanda social de los centros donde ejercen su labor. Con el mismo argumento, afirman que la profesionalidad de las personas que trabajan en los centros concertados está garantizada, pues las familias solicitan sus centros.

Con independencia de la demanda social de los centros, la profesionalidad de los docentes, en mi opinión, varía de acuerdo a otras variables más allá del colegio donde ejerce su labor. En cualquier caso, habría que preguntarse qué sistema de acceso atribuye mayor profesionalidad, si la superación de una durísima fase de oposición, en trasparente rivalidad con otros muchos opositores, además de la superación de un año de prácticas, o la que le confiere la selección a la práctica docente tras la simple entrega de un currículo y una protocolaria entrevista de trabajo. Quede lejos de mí poner en duda la profesionalidad de los docentes que ejercen con dedicación su tarea educativa en los centros concertados, pues me consta que la inmensa mayoría la realizan con entusiasmo y dedicación, pero por favor no cuestionemos la profesionalidad de los docentes que la ejercen en la enseñanza pública con, al menos, el mismo entusiasmo que aquellos, pero posiblemente y en muchos casos en ambientes educativos más complejos y difíciles donde además del entusiasmo deben poner en valor su profesionalidad y compromiso personal.

Hasta aquí mi exposición, en la que he intentado con datos estadísticos y objetivos contradecir los argumentos de los portavoces que se alzan en defensa de la enseñanza privada concertada utilizando,
muchas veces, simplemente la descalificación hacia las personas que ejercemos nuestra profesión en los centros públicos.

Finalmente quiero puntualizar que puedo entender el enfado de los centros concertados afectados, pero no la desproporcionada respuesta ejercida por la enseñanza concertada en general por la supresión de 7 unidades en toda Andalucía, sobre todo porque no creo recordar su solidaridad con las docenas de colegios públicos, que año tras año, han ido viendo decrecer su número de unidades y que, si la situación continúa así, están abocados a su desaparición.

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