Décadas después de que México se independizara de España (1821), el Partido Conservador, de la mano del alto clero mexicano, enfrentó al partido Liberal, cuyo trabajo legislativo dio a luz la Constitución de 1857 y, años después, las Leyes de Reforma, de marcado contenido anticlerical, que no religioso.
La Carta Magna de 1857 decretó la educación laica en las escuelas de gobierno, sin prohibir las escuelas parroquiales. Más tarde, en 1917, se promulgó en la ciudad de Querétaro nuestra actual Constitución, que establece en su artículo 3º el carácter laico de la educación en México.
A partir de entonces se prohibieron las escuelas católicas que se habían multiplicado durante la dictadura de Porfirio Díaz, quien a pesar de ser liberal “favoreció a la Iglesia católica en la medida en que entendía que su acción facilitaba la gobernación del país”, refiere el escritor Manuel Suárez Cortina.
La Constitución de 1917, que el pasado 5 de febrero cumplió cien años de haber sido promulgada, no arremete contra los derechos religiosos de la Iglesia Católica, como en su momento sostuvo el Episcopado Mexicano, señalando que el Código de 1917 “hiere los derechos sacratísimos de la Iglesia Católica, de la sociedad mexicana y los individuales de los cristianos, proclama principios contrarios a la verdad enseñada por Jesucristo, la cual forma el tesoro de la Iglesia y el mejor patrimonio de la humanidad, y arranca de cuajo los pocos derechos que la Constitución de 1857 reconoce a la iglesia como sociedad y a los católicos como individuos” (El Universal, 8 de febrero de 1926).
Los tiempos actuales son otros; sin embargo, la animadversión clerical sigue siendo la misma hacia la educación laica, a la que convenencieramente responsabiliza de todos los males que nos aquejan.
Y lo digo porque, cada vez que la violencia se dispara en alguna región de México, aparece uno o más clérigos de la Iglesia Católica invocando el retorno de la educación confesional a las escuelas públicas. El ejemplo más inmediato es la declaración que el pasado 14 de mayo hiciera el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, quien luego de criticar a las personas que pretenden deshacerse de sus enfermos o ancianos, calificó como excelente la educación impartida en la escuela como en el hogar, para luego proponer que esta educación se fortalezca con las enseñanzas que brinda la religión.
Aparte de las declaraciones clericales en su momento, la Conferencia del Episcopado Mexicano elaboró en junio de 2012 la carta pastoral “Educar para una nueva sociedad: reflexiones y orientaciones sobre la educación en México”. En dicho documento, los obispos dejan en claro que su objetivo es que la educación religiosa retorne a las escuelas públicas, algo que, si sucediera, constituiría un retroceso que echaría por tierra todo lo que en materia de laicidad se ha logrado en los últimos 150 años.
La pretensión de regresar la educación religiosa a las escuelas públicas llevó a los obispos de México a gestionar la reforma del artículo 24 constitucional, cuya paternidad “se le atribuye a pactos del entonces precandidato Enrique Peña Nieto con el obispo presidente de la CEM, entonces Carlos Aguiar Retes, contando con el aval de Felipe Calderón y sus huestes panistas, refiere el investigador Bernardo Barranco (La Jornada, 3 de julio de 2013).
Esta violencia es resultado de lo que se ha dejado de hacer en el seno familiar, donde los padres de familia deberían de realizar una labor permanente en el tema de formación de valores, algo que en el hogar puede hacerse conforme a la religión de cada persona, sin que la ley lo prohíba.
