El paso de la romería del Rocío por espacios naturales viene causando daños de consideración año tras año, de una manera que se califica de “tradicional”. Las administraciones públicas, también tradicionalmente, hacen la “vista gorda” ante estos perjuicios, no realizando nada efectivo por impedirlos ni por sancionar a sus causantes.
En un comunicado, Andalucía Laica asegura que “nos parece evidente que la excepcionalidad concedida graciosamente a las hermandades del Rocío supone un fraude, un incumplimiento de las leyes y normas que velan por el medio ambiente”.
Este año se atisbaba un destello de dignidad democrática gracias a que el Ayuntamiento de Aznalcázar, con su alcaldesa socialista a la cabeza (pero con la oposición del PP), aprobó el pasado 4 de noviembre la Ordenanza Municipal reguladora del uso público y aprovechamiento de espacios forestales. Según esta ordenanza, las hermandades rocieras que pernoctaran o sestearan en los pinares de Aznalcázar deberían entregar una fianza de 3.000 euros, cuya devolución dependería de la ausencia de daños durante su estancia; además, debería pagarse una cuota de 25 euros por cada vehículo que pasara. “Bien por el Ayuntamiento de Aznalcázar”, dicen desde Andalucía Laica, aunque añaden que “no por nada heroico, sino por cumplir con su deber”.
Las hermandades rocieras sevillanas han rechazado por unanimidad, “en un gesto de prepotencia”, que se les imponga la ley como a todo ciudadano, y han dicho que no pasarán por el municipio aznalcaceño. La respuesta de las administraciones públicas no se ha hecho esperar.
Sin embargo, no ha sido la respuesta digna que cabía prever en un Estado democrático, como hubiese sido “mantener la ley sin ceder a chantajes”, se quejan desde la organización laica. Por el contrario, el Ayuntamiento de Aznalcázar, la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía, han protagonizado lo que AL define como “toda una bajada de pantalones conjunta: el Ayuntamiento ¡deroga a toda prisa los aspectos de la ordenanza que afectaban a las hermandades rocieras!, y la Diputación y la Junta le echan un cable para costear la reparación de los daños causados (previsiblemente) por las hermandades, de manera que no repercutan sobre estas las malas consecuencias de sus actos”.
El comunicado de AL asegura que Ayuntamiento de Aznalcázar, Diputación de Sevilla y Junta de Andalucía “acaban de protagonizar, de esta forma, todo un episodio de confesionalismo y de iniquidad antidemocrática”.
En Andalucía Laica, ante esta situación, se preguntan : “¿A quiénes sirven estas administraciones, a todos los ciudadanos, o a los rocieros? Parece que a las autoridades públicas hay que recordarles que el medio ambiente es de todos, mientras que las creencias y lo que conlleven, no. La costumbre por la que las hermandades rocieras deterioran el medio ambiente sin cortapisas y sin coste alguno, es, ciertamente, una tradición, pero una tradición perversa; y también es una lamentable tradición la traición de las administraciones públicas al bien común y al conjunto de la ciudadanía, debido a su dejación de responsabilidades”.
El comunicado finaliza lamentando que “se dice que esta marcha atrás del Ayuntamiento de Aznalcázar, con el apoyo de la Diputación de Sevilla y de la Junta de Andalucía, obedece a motivos electorales. Ojalá los votantes supieran recompensar como merecen a quienes defraudan sus intereses y pervierten la democracia”.
