Análisis de la Memoria Justificativa de Actividades de 2011 presentada por la Conferencia Episcopal Española

Alrededor de las (pocas) cifras que ofrece la Conferencia Episcopal hay mucha mercadotecnia y propaganda y ninguna transparencia

Ver memoria económica de la iglesia 2011

            Un año más la Conferencia Episcopal Española (CEE, en adelante) ha dado a la publicidad (pues de publicidad se trata, exclusivamente) su última Memoria Justificativa de Actividades correspondiente al ejercicio 2011. Y lo ha hecho, no sólo a través de los múltiples medios de comunicación y propaganda de que es propietaria (televisiones, radios, periódicos en papel o digitales), sino también contando con la inestimable colaboración de los medios de comunicación de las cadenas estatales y autonómicas públicas (radio y televisión) y de los medios generalistas de (des)información e (in)comunicación de la caverna mediática.

            Y a la vista de los datos ofrecidos en la Memoria de 2011, no puedo por menos que repetir los tres párrafos con que comencé el informe que realicé, allá por agosto de 2010, a propósito de la Memoria correspondiente al ejercicio 2008:

            “Siendo Gonzalo Puente Ojea embajador de España ante la Santa Sede, solicitó al Gabinete de Presidencia del Gobierno socialista, en 1986, información sobre las partidas presupuestarias a favor de la Iglesia católica (Ic, en adelante). Dicho Gabinete, junto con la citada información detallada por Ministerios, adjuntó un párrafo que no tenía desperdicio: “Además de la financiación directa con cargo a los Presupuestos del Estado, la Ic obtiene una importante financiación indirecta mediante las exenciones de impuestos o gravámenes que debería abonar conforme a la Legislación Fiscal en vigor. No se ha todavía calculado la cifra a la que asciende este beneficio fiscal, si bien se procurará obtener una estimación aproximada de la misma.”

            Han transcurrido 25 años y todavía sigue pendiente que el Gobierno de España elabore una estimación de las exorbitantes cantidades de que se beneficia la Ic y todas sus sociedades e instituciones, como consecuencia de las exenciones y bonificaciones fiscales al amparo de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Y ello en sus tres niveles administrativos: central, autonómico y local.

            Conviene recordar que estas cuantiosas sumas se hurtan a los Presupuestos de estas tres administraciones y, por tanto, no están disponibles para financiar servicios de interés general, que beneficiarían a tod@s l@s ciudadan@s, independientemente de sus creencias y convicciones. Todo ello en beneficio de una creencia particular y de la Institución que dice representar: la  Iglesia católica.”

            Desde su mismo título, el objetivo de la Memoria de 2011 queda meridianamente claro: tan sólo se trata de justificar las actividades. Así pues, no se encontrará en ella ninguna información que permita hacerse siquiera una somera idea de los cuantiosos recursos económicos recibidos de (o eximidos por) las distintas administraciones públicas. Y obviamente tampoco encontraremos nada acerca del uso de estos recursos, que quedan atrapados en el agujero negro de la más absoluta opacidad.

            No obstante, los cuantiosos medios de que dispone la jerarquía católica han permitido añadir dos novedades a la Memoria de 2011: por un lado, la auditora PwC ha realizado un Informe de aseguramiento razonable del ejercicio, que figura al principio, y por otro, se ha incorporado a la Memoria alguna información del informe que en su momento encargó la  CEE a dicha empresa auditora, a propósito de la Jornada  Mundial de la  Juventud de agosto de 2011.

            Parece evidente, a cualquier observador desapasionado, la necesidad que tiene la institución eclesial de dotar de credibilidad a las cifras que aporta, toda vez que la información que realmente interesaría a l@s ciudadan@s español@s no aparece por ningún lado, como antes he señalado.

            No obstante conviene tener claro lo que no es el Informe de aseguramiento razonable: no significa que se hayan auditado las cuentas de la Iglesia católica (Ic, en adelante) conforme a la Ley de Auditoría de cuentas. Como es natural, la auditora no ha tenido a la vista en ningún momento “las cuentas” de la Ic (que no existen). La compañía auditora sólo ha trabajado con la información que la CEE ha tenido a bien poner a su disposición. A partir de ahí a formulado preguntas, realizado algunas reuniones, visitado algunas diócesis y parroquias y, finalmente, elaborado un informe que, en ningún caso puede entenderse como una auditoría contable. Y ello es así porque no existe nada parecido a una contabilidad integrada de la Corporación católica, con su cuenta de resultados anual, su balance, su patrimonio, etc.

            Así pues, deberemos seguir esperando transparencia en el seno de esta gigantesca corporación: la conclusión del Informe de PwC no puede afirmar más que los (pocos) datos que se han puesto a su disposición se han preparado “de forma adecuada y fiable”.

            Admito que a algunas personas (los seguidores de la institución eclesial) estos datos les puedan parecer suficientes e incluso excesivos. Por el contrario, para los millones de contribuyentes (de creencias católicas o de cualesquiera otras creencias, religiosas o no) que sufrimos los privilegios económicos de la Ic y la consiguiente succión de recursos públicos de los presupuestos del Estado, la mayor parte de los datos aportados en la Memoria de 2011 nos resultan indiferentes (actividad litúrgica, pastoral…), pues sólo tienen significado en la órbita específica de la actividad eclesial. Así pues, la mayoría de los datos aportados no tienen ningún interés, más que para los convencidos y, por otro lado, no se aportan los que de verdad nos interesarían a la mayoría de l@s ciudadan@s. En definitiva, con las palabras que usaba yo en mi informe de la Memoria de 2008, estas son las mismas cifras que, año tras año, impiden ver el bosque de la financiación de la Ic en España.

            1.- Ya desde la primera hoja de la Memoria, en que se aportan dos gráficos, uno del importe desviado a causa de las “X” en el IRPF (designado eufemísticamente “asignación tributaria”), y otro de las “declaraciones a favor de la Ic”, la intención de manipular la opinión pública queda al descubierto. La cantidad asignada desde 2008 es descendente (desde 252 M€ a 247 M€), sin embargo, para enmascararlo visualmente se utilizan anchos diagramas de barras de una altura similar, para que pase desapercibido, aunque en texto anexo se indica la circunstancia de la “ligera bajada”, es decir 5 M€ menos.

            Por el contrario, en 2011 hay casi 100.000 declaraciones menos con las “X” a la Ic, y para enmascararlo esta vez, se utiliza un gráfico lineal  cuya escala hace parecer enorme el ascenso de las declaraciones en los años precedentes (2007 a 2010). De esta manera la bajada de 2011 queda minimizada. En realidad, esta ridícula presentación no puede ocultar que a pesar de todo su aparato propagandístico y mediático, en torno al 66 % de l@s declarantes sigue sin poner la “X” en su casilla, como viene siendo habitual en la última década.

            2.- El siguiente cuadro, llamado Reparto de Fondos, refiriéndose al Fondo Común Interdiocesano (FCI, en adelante), en realidad no trata de ningún reparto de fondos, sino de los recursos recibidos y que parecen haber constituido el FCI 2011 (253 M€). Parece que de esos recursos, la jerarquía católica detrae 9 M€, para compensar el IVA que se ha visto obligada a pagar (¿hay pruebas documentales? ¿De qué ejercicios se trata?), y 6 M€ (¡!) para hacer frente a los gastos de sus campañas de propaganda. Así pues, llama la atención que una firma del prestigio de PwC no ponga orden en tamaño galimatías conceptual, puesto que no se refiere a ningún reparto de fondos, como el mismo cuadro aclara en su interior, sino a recursos recibidos  y a recursos disponibles.

            En este punto es pertinente comentar que si la Ic debía utilizar 38 M€ en 2008 para compensar el gasto del IVA, en 2011 tan sólo debe emplear 9 M€ para ello, lo que le permite disponer para otros gastos de casi 30 M€ más que en dicho año. Estamos hablando de casi 5 mil millones de las antiguas pesetas. Éste es un efecto directo del sistema de financiación pactado en 2006 con el gobierno del PSOE.

            Pero llama aún más la atención que la firma auditora asigne al FCI 2011 una cantidad (253 M€) que no se corresponde con la cantidad realmente devengada, debido a las “X” del IRPF de dicho ejercicio (247 M€). Además, se añade la cantidad correspondiente a la regularización (liquidación) del IRPF de 2009. En fin, ininteligible. En definitiva, de acuerdo al principio de caja, dicho cuadro no es más que el dinero del que dispone la Ic en 2011 para sus gastos. Vengan de donde vengan los recursos, sin tener en cuenta el período devengado. Causa, cuanto menos, extrañeza desde una óptica profesional, la forma  de presentar la  información en este cuadro.

            3.- A continuación, el siguiente cuadro, denominado Aplicación de la Asignación Tributaria al Fondo Común, explica a grandes rasgos, con qué recursos se forma el FCI y en qué los emplea, en definitiva, cómo se van a aplicar esos 233 M€ que tuvieron a su disposición para sus gastos en 2011.

            Pues bien, este cuadro ha sufrido un grave efecto prestidigitador, no señalado en el informe de PwC: a pesar de que el Fondo se forma con lo aportado por la “Asignación Tributaria” de las “X”, más lo aportado por las diócesis, en la Memoria de este año ha desaparecido cualquier mención a la aportación de las diócesis. Precisamente este punto era el que nos permitía esclarecer el grave déficit de éstas, pues en 2010 aportaron tan sólo 13 M€, mientras que recibieron 195 M€. Esto significa que las diócesis no cubren con sus aportaciones ni siquiera el 7 % de sus necesidades y, en consecuencia, me permitía concluir: a) que las diócesisaportan cada vez menos al Fondo Común  Interdiocesano y, por tanto, dependen del Estado cada vez en mayor medida, y b)que si no fuera por la financiación a través del Presupuesto del Estado (de tod@s l@s ciudadan@s), las diócesis católicas no podrían funcionar.

            Así pues, el cuadro que se presenta este año, permite deducir que se distribuyó a las diócesis en 2011, 197,7 M€, (casi 33 mil millones de las antiguas pesetas) del Fondo Común Interdiocesano para 2011, pero nada nos dice acerca de cuánto aportaron las diócesis a dicho fondo.

            En cualquier caso, lo que se pretende ocultar en la Memoria es que, en estos tiempos en que la lucha contra el déficit público y el recorte del gasto público se ha convertido en el objetivo principal de la política económica, el Estado sigue “alimentando”, año tras año, a unas instituciones privadas (las diócesis), que gastan quince veces más  de lo que recaudan (datos 2010) y que no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público. Y ello, en un Estado que se define en su Constitución, como aconfesional.

            4.- Desde que analicé la Memoria de 2008 sabemos que el FCI se distribuye en “Aplicaciones Generales” y “Envío a las Diócesis”. Las denominadas Aplicaciones Generales son gestionadas directamente por la jerarquía episcopal, y absorbieron 33,3 M€ en 2011, lo que significó el 14,3 % del FCI para dicho ejercicio. Esta rúbrica viene siendo razonablemente desglosada desde 2008, por lo que su aplicación es bastante conocida: sabemos que el 57% de esa cantidad, 18,9 M€, se dedica a pagar la seguridad social de sacerdotes y obispos, el 17 % (5,7 M€) se emplea en sus centros de formación (facultades eclesiásticas, Pontificia de Comillas y centros en Roma y Jerusalén), el 12,2 %,(4 M€), en actividades pastorales, tanto en España como en el extranjero, el 8% (2,6 M€), se aplica a la Conferencia Episcopal Española, 1 M€, el 3,2 %, a Conferencias de religiosos y el restante 1,4%, esto es 496.000 €, a instituciones de la Santa Sede (Óbolo de S. Pedro y Tribunal de la Rota).

            Con anterioridad a 2008 en esta información aparecía la mención directa a la “remuneración de los Srs. Obispos”, referencia que ha desaparecido en la actualidad, bajo la rúbrica más indirecta, institucional y opaca de “Conferencia Episcopal Española”. Desconozco el interés que pueda tener ocultar sus emolumentos, toda vez que permanentemente hacen gala de su frugalidad terrenal. Tal vez deseen mantener oculto algo tan políticamente incorrecto como que tod@s l@s español@s, sean cuales sean nuestras creencias y convicciones, estamos pagando el sueldo de los jerarcas católicos, que no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, de carácter público, pero que no se cansan de entrometerse en (torpedear, es más exacto) toda actividad política y legislativa que pretende reconocer o ampliar derechos civiles a distintos colectivos ciudadanos.

            En cualquier caso, casi el 67% de las Aplicaciones Generales, 21,5 M€, (casi 3.600 millones de las antiguas pesetas), se emplean en pagar la seguridad social de sacerdotes y obispos y en los emolumentos de éstos últimos.

            Teniendo en cuenta que las aplicaciones Generales ascendieron en 2008 a 26 M€ y que tres años después, en 2011 representaron 33,4 M€, el incremento en dicha partida en estos tres años desde que comenzó esta brutal crisis, ha sido del 28 %, lo que equivale  a haberse incrementado 10 puntos porcentuales cada año.  No está nada mal para una economía devastada por la crisis.

            5.- Otro efecto prestidigitador, derivado de la campaña de agitación y propaganda llevada a cabo por la CEE, es la desaparición de las escuetas rúbricas que explicaban las cantidades que se enviaban a las diócesis. Hasta la Memoria de 2009 podíamos saber que la parte del FCI que se enviaba a las diócesis se repartía entre unos gastos generales, la sustentación del clero, las actividades pastorales y los seminarios (ver cuadro en página siguiente). En 2008 se envió a las diócesis 140,5 M€, mientras que al año siguiente el envío fue de 190,8 M€, es decir, ¡se incrementaron los fondos, en sólo un año, cerca de un 36 %! No obstante lo más llamativo es que en 2009 se dedicó a sustentación del clero 28 M€ más que el año anterior, por lo que pasó esta rúbrica de 108 M€ en 2008, a 136 M€ en 2009, lo que significa que se incrementó el gasto en salarios del clero en  un ¡26 %! en tan sólo un año. Esta información era demasiado elocuente y ofrecía demasiada transparencia como para que se siguiera divulgando en años posteriores.

            Otro aspecto importante del desglose de las cantidades que se enviaban a las diócesis era saber qué parte se dedicaba a actividades pastorales. Dado que éstas deberían ser el fin primordial de la actividad eclesial, podría suponerse que la jerarquía católica dedicaba a ello la mayor parte de sus esfuerzos presupuestarios. La sorpresa es que en 2008 tan sólo se dedicaba a actividades pastorales el 11 % de todo lo que se enviaba a las diócesis y en 2009 esta rúbrica supuso el 16 %, muy lejos, en todo caso, del 71,5 % que se dedicó a sustentación del clero. ¿Cómo es posible que se dedicara tan exiguo porcentaje del total para una actividad, la pastoral, que se supone que es la motivación principal de la Iglesia? 

CANTIDADES ENVIADAS A LAS DIÓCESIS PROVENIENTES DEL FCI                                       (en millones de euros)

            Si como la propia Memoria declara, la actividad pastoral “constituye la misión esencial de la iglesia”, pues consiste en “el acompañamiento personal de los fieles, asesoramiento espiritual y colaboración en su período de formación permanente”, así como que “se centra, de manera especial, en los niños y jóvenes, en los matrimonios, en el catecumenado de adultos y en las persona de mayor edad”, es difícil entender que se le dedique tan sólo el 16 % del total que se envía a las diócesis, o el 13,8 % de todo el FCI en 2009, (para 2011 es imposible calcularlo dado que no se ofrecen las cifras).

            No se explica, desde la coherencia, el porqué de esta opacidad y la razón por la que la propia Ic infravalora los recursos que dedica a las actividades pastorales. Ya en el análisis que realicé para la Memoria de 2008 avancé una suposición: por más que haya muchos seglares y voluntarios trabajando gratuitamente en estas actividades, es fácil comprender cuál es el verdadero motivo que se esconde tras esta cicatería: la Ic no tiene casi 80.000 sacerdotes y religios@s en España para realizar prioritariamente lo que tan pomposamente llama “actividad pastoral”; en realidad, para la actividad pastoral que declara sobraría el 90 % de estos efectivos.

            Si el verdadero objetivo fueran las actividades pastorales, éstas deberían absorber más del 50 % de los recursos de las diócesis y el clero, sus funcionarios, no debería suponer más de un 30 % del presupuesto total de las diócesis. ¿Entonces, cuál es el verdadero motivo para mantener este “ejército” clerical, aparentemente ineficiente?

            La respuesta sólo puede ser que el objetivo de la Ic es mantener una extensa y profunda red de sacerdotes y religios@s, cuya estructura pueda garantizar  la difusión de su  particular moral e ideología y, en definitiva, la presión y el control político y moral sobre el  mayor número de ciudadan@s posible. Y para ello debe influir desde sus púlpitos, desde sus universidades, desde sus periódicos, desde sus emisoras de radio y televisión, con sus campañas de agitación y propaganda. Sin olvidar su influencia “vicaria”, es decir, la que no tiene origen en la actividad directa de los curas y religiosos, sino que se produce a través de periodistas, intelectuales, creadores de opinión y políticos afines, en todo tipo de medios públicos y privados.

         Para ocultar esa información es por lo que ha debido omitirse este desglose a partir de 2010, y por lo que en la Memoria de 2011 no se incluye ninguna cifra concreta, más allá de algunas explicaciones puramente literarias. Y sobre esta flagrante omisión nada dice el informe de PwC.

            6.- A continuación, en una solo página con apenas 6 cifras resume la Memoria la actividad litúrgica en 2011, llamando la atención la cantidad de personas que asisten regularmente a misa: más de 10 millones. Esta cifra, como los ojos del Guadiana, ha venido apareciendo y desapareciendo de la web de la conferencia Episcopal en los últimos años. Igualmente, en las memorias de 2008 y 2009 no se ofrecía ninguna estimación de este evento, pero a partir de la Memoria de 2010 se incorpora definitivamente. En todo caso, en vano buscarán en qué parámetros está basada dicha estimación. No hay ninguna referencia,  y la ficha surge una vez más, por arte de magia.  Se ignora qué “procedimientos de comprobación y obtención de evidencias suficientes soporta esta información” avalada por PwC, como todas las demás que se ofrecen en esta Memoria. Simplemente es un dogma de fe que, a fuerza de repetirlo, acaba siendo creído por todos los fieles.

            Los 292.143 bautizos declarados suponen, respecto a la Memoria de 2010, un descenso del 16,5 % en el número de niños bautizados. Y este es un hecho que debemos celebrar todas las personas que defendemos la libertad de conciencia.

            ¿Pueden imaginarse a un recién nacido al que sus padres, por afinidad ideológica, afiliaran al PSOE, le hicieran el carné del PC, lo apuntaran al PP o lo hicieran socio de una organización atea? Sin duda sería un acto brutal, pero sobre todo, estúpido. Pues  estos actos son de la misma naturaleza (atentados a la libertad de conciencia individual y por tanto, anticonstitucionales) que el “bautizo en la fe católica”. Y esta situación se produce ante la aquiescencia de los tres poderes básicos del Estado: el Parlamento, el Gobierno y la Judicatura.

            El recién nacido, como todo menor de edad, es sujeto del derecho humano de libertad de conciencia (libertad ideológica y de religión) reconocido en el artículo 16 de la Constitución Española (CE, en adelante). Y la titularidad plena de los derechos fundamentales del menor está reconocida, desde 1996, por el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Pero es un sujeto particular, por cuanto no puede ejercer dicho derecho. De ahí la necesidad de que se produzca una tutela por parte de los padres, mientras ese proceso de formación de la conciencia tiene lugar y se va construyendo su madurez física e intelectual.

            Ahora bien, como señala el art. 39 de la CE, la finalidad de la patria potestad es procurar el desarrollo de la personalidad del menor de cara a favorecer su autonomía. De manera que si, como declara el propio Tribunal Constitucional (en su Sentencia 141/2000), los poderes públicos, y especialmente “los órganos judiciales”, deben velar porque el ejercicio de la potestad de los padres se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses que, por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el interés “superior del niño”, ¿dónde reside el interés del recién nacido por formar parte de, o adscribirse a, una religión concreta?¿Cómo puede ser tan brutalmente constreñida la personalidad de un recién nacido, marcándole de manera indeleble, como reconoce, tan  cínicamente en ocasiones, la propia Iglesia católica? ¿A quién beneficia esta práctica abusiva y ventajista y autoritaria, sino a la propia Ic, que perpetúa su semillero de creyentes, atrapándolos mucho antes de que tengan uso de razón y puedan elegir por sí mismos? ¿Cómo poner coto  a esta práctica deleznable que vacía de contenido el potencial ejercicio del derecho fundamental de libertad de conciencia por su verdadero titular, el recién nacido? Todas estas preguntas reclaman una respuesta urgente de los poderes públicos.

            El capítulo de primeras comuniones, 250.916 en 2011, se ha reducido en un 11 % respecto a 2010. No hay mucho más que comentar salvo que en un año no tan lejano como 1995 alcanzaban las 327.000. Así pues, en un horizonte temporal amplio, el descenso parece notable.

            Las 67.313 bodas que se celebraron en 2011, suponen un descenso del 10 % respecto al año anterior, y confirma su tendencia notablemente descendiente (el 66 % de bodas católicas menos que en 2007). En todo caso, para situar en su contexto la secularización de la sociedad española actual, debemos aclarar que de acuerdo a las estadísticas del propio Instituto Nacional de Estadística, en 2011 el 65 % de las bodas celebradas fueron civiles y el 33 % religiosas.

            Queda, por último comentar la cifra ofrecida para las exequias, que con 386.017 ofrece un incremento del 25 % respecto al año anterior. Como en los casos anteriores, no se explicita cómo, ni de dónde, se obtiene dicha cifra, así como tampoco se ofrece ninguna explicación de su evolución.

            En todo caso, y sin que se aporte ninguna referencia estadística respecto al origen de estas cifras, podemos afirmar que se confirma el permanente descenso de estas actividades confesionales en relación con las estadísticas demográficas oficiales españolas: a) en 2011, los bautizos católicos representan “sólo” el 62 % del total de nacimientos en España en dicho año; en comparación con porcentajes entre el 70 % y el 80 % de hace una década, el descenso es significativo; b) aún más significativo es el retroceso en las bodas católicas, pues en dicho año, y con las propias cantidades aportadas por la CEE, significaron el 41 % de todas las bodas celebradas en España, con un retroceso de más de 20 puntos porcentuales en tan sólo una década (ya hemos visto anteriormente que para el INE, las bodas religiosas representaron sólo el 33 % del total); y c) sin embargo, el número de exequias que declara la Memoria (386.017) es sencillamente increíble, pues representa el 99,5 % de todas las defunciones que se produjeron en dicho año en nuestro país. Dado que la fuente de estas cifras aportadas por la Memoria es la Oficina Estadística de la CEE, cabe dudar de su fiabilidad, dada la disparidad con las cifras oficiales.

            7.- Como en años anteriores, resulta curioso observar una paradoja: a pesar de que la Actividad Pastoral en las diócesis es el concepto al que menos recursos económicos dedica la jerarquía católica, ocupa nada menos que 7 páginas de la Memoria, más que cualquier otro concepto.

            El marco general que debemos tener en cuenta es de casi 80 mil religios@s (entre sacerdotes y otr@s religios@s) distribuidos por toda España. A esta cantidad debemos añadir más de 85 mil catequistas, cuyo método de cálculo, o fuente, no se ofrece en la Memoria. Por último, el panorama se completa con la existencia de 22.842 parroquias distribuidas por toda España (ver cuadro a continuación):

            Como afirmaba en mi análisis de la Memoria de 2008, este panorama configura un extenso entramado reticular, a lo largo y ancho del país, con más de 79 mil personas realizando, a tiempo completo, actividad pastoral y, en muchas ocasiones, política (por supuesto, la política establecida por la Conferencia Episcopal), todo ello a costa de los contribuyentes de todas las creencias y convicciones (ateos, agnósticos, indiferentes o de otras religiones).

            8.- Por segundo año consecutivo se ofrecen cifras de la actividad católica en los centros penitenciarios. Cabe comenzar advirtiendo que tod@s l@s reclus@s deben tener derecho  a la asistencia que, en virtud de sus particulares creencias, estimen oportuna, siempre que la misma no se realice con cargo al erario público. Cuestión diferente es que deban establecerse políticas públicas en materia social, deportiva, de formación o psicológica, cuya responsabilidad y financiación, por definición, debe recaer en el Estado, toda vez que es éste el que les ha privado de libertad.

            Sin embargo, merced a los Acuerdos con la Santa Sede, la iglesia católica realiza actividades religiosas en los centros penitenciarios, financiadas por el Estado, así como todo tipo de actividades sociales de reinserción, deportivas, de formación y de asesoría. Parece ser un ejemplo más (junto con la enseñanza y la sanidad, como los más destacados) de dejación de responsabilidades públicas, y de privatización de una asistencia, que sólo a los poderes públicos compete. El efecto final, como siempre, es utilizar una necesidad básica de cuya prestación no puedes escapar, (al igual que  en la enseñanza, o la sanidad) para imprimir el marchamo católico a los “servicios” que presta. En mercadotecnia se  denomina “fidelizar” a los “clientes”, es decir, garantizar su fidelidad futura. Si además, se pasa de tener 142 capellanes en 2010 a 184 en 2011, el resultado está asegurado.

            9.- En el siguiente cuadro, en el que se exponen las Horas de Dedicación Pastoral por Actividad, se omite como es habitual en la Memoria, cualquier referencia a la fuente estadística o metodología del cálculo o de la estimación. En todo caso, se mantiene que tres distintos tipos de “agentes”, sacerdotes diocesanos, seglares y voluntarios, han dedicado 49,08 millones de horas (¿?) a dicha actividad. Respecto a los dos últimos, nada hay que comentar, pues su trabajo es voluntario y no remunerado, aunque realizan, a pesar de ello, el 30% de todas las horas dedicadas a esta actividad. Conviene recordar que en 2008 ya realizaban el 23 % de las horas totales.

            No obstante, la Memoria afirma que los sacerdotes diocesanos realizan 34,3 millones de horas de actividad pastoral, fundamentalmente en “servicios sacramentales” y, en menor medida, en dedicación a enfermos y catequesis. Esta aparente ingente actividad debe matizarse, pues si la asociamos a los 19.621 sacerdotes existentes, y les atribuimos jornadas diarias de 8 horas, supone tan sólo una dedicación de 9,9 meses de 22 días (con dos días libres a la semana). De esta manera, en el supuesto, completamente inverosímil, de que trabajaran en hipotéticas jornadas de 8 horas, durante 5 días a la semana, según los datos ofrecidos por la CEE, los sacerdotes no trabajarían ni siquiera 10 meses al año. ¿A qué dedican su tiempo el resto del año? En fin, elcaso es que 34,3 millones de horas dedicadas por 19.621 sacerdotes a la actividad pastoral (que parece ser “su trabajo”) no son suficientes, siquiera, para justificar un año de trabajo. Este asunto, ni siquiera ha merecido un comentario en el Informe de Aseguramiento Razonable realizado por PwC. También ignoramos qué procedimientos  y obtención de evidencias soporta la información presentada.

            10.- Afortunadamente, un aspecto que critiqué en la Memoria de 2008, que se ofrecieran ratios de “intensidad pastoral” o de “pastoral recibida”, cuestión que rayaba en el absurdo, cuando no en la irrisión, ha desaparecido de las Memorias desde 2010.  A mi juicio, no era más que un burdo intento de aportar un cierto “cientifismo” a su actividad, además de presentar la actividad pastoral católica como un servicio público y, por tanto, de carácter general. Y esa pretensión estaba completamente fuera de la realidad.

            No obstante, se sigue ofreciendo la información de que las actividades pastorales, sacramentales y de atención personal ofrecidas por la Iglesia católica, “contratadas en el mercado supondrían un importe de 1.957 M€”, pero que gracias a su eficiencia sólo le cuesta a la Ic, 818 M€. No aclara la Memoria cuál es el “mercado” de primeras comuniones, o el de bodas religiosas, o el de bautizos o el de exequias religiosas o, tal vez el de catequesis,… En todo caso, no cabe duda de que se trataría de un “mercado monopolístico”, en el que no estaría incluido nadie que no fuera católico y cuya única “oferta” de productos estaría proporcionada por un único “empresario”, la Conferencia Episcopal. ¿A eso se refiere la Memoria cuando habla de “mercado” de estas actividades?

             En vano encontrarán ninguna aclaración de qué actividades pastorales incluye, las que se canalizan a través de las parroquias o las que figuran en las “aplicaciones generales” o, tal vez se refiera a ambas. Tampoco encontrarán datos sobre qué costes se computan (directos, indirectos, amortizaciones de inmovilizado,…). Tampoco a qué parroquias o territorios son imputables. En fin, ninguna información se ofrece en la Memoria y, por tanto, debemos “creernos”, como un “dogma de fe” católico la cantidad que se ofrece en ella.

            Pero algo no cuadra. Aunque la propia Memoria silencia qué parte del FCI de lo que se envía a las diócesis se emplea en actividades pastorales, sabemos por la información ofrecida en 2009 (último año que se ofreció esta información) que representa en torno al 16 %. Esto significaría la cantidad de 31 M€ en 2011, que sumados a los otros 4 M€ de las aplicaciones generales, nos permitiría cuantificar, con sus propios datos, un gasto en 2011 de 35 M€ en las actividades pastorales. Insisto: con el propio criterio de la Memoria. Hasta 818 M€ en que cuantifica la página 21 de la Memoria dichas actividades existe una enorme diferencia.

            Pero no seamos cicateros. Supongamos que todo el importe que se envía a las diócesis se dedica a la actividad pastoral (aunque no se eso lo que dice la Memoria). Supongamos que todos los gastos generales, el sustento del clero y los Seminarios se aplican a dicha actividad. En 2011 se han enviado 197 M€ a las diócesis, procedente del FCI. Esta cantidad dista igualmente un abismo de los 818 M€ en que la Memoria cuantifica lo que se gasta en  este tipo de actividades. ¿Significa esto que la jerarquía católica acumuló durante 2011 un déficit por la prestación de estas actividades de 621 M€? No se aclara en la Memoria cómo se apaña la Conferencia Episcopal para enjugar un déficit de esta magnitud, o parecida, año tras año.

            En definitiva, la nula credibilidad de estas cifras, sin ninguna base estadística ni documental, convierte la cantidad de supuesto ahorro (¿ahorro para quién?) en una completa invención.Estos números no significan nada, pero a la Ic le sirve para ofrecer una apariencia de que “rinde cuentas”. En fin, resultaría cómico este “montaje mediático” si no resultara tan patética la burda manipulación de una memoria que pretende “justificar actividades” de una manera tan ramplona e inverosímil. En fin, esta magnífica superchería se cierra con la antológica frase de que cada euro que se “invierte” en la Iglesia (confundiendo gasto con inversión), “rinde  como más de dos veces y media (2,73) en su servicio equivalente en el mercado” (sic). Causa perplejidad que esta Memoria 2011 haya merecido a PwC la conclusión de que “ha sido preparada de forma adecuada  y fiable, en todos sus aspectos significativos”. Sin comentarios.

            Como ya indicaba en mi análisis de la Memoria de 2008, la evidencia permite afirmar que la CEE lanza datos y cifras de una forma que provocaría la vergüenza de un estudiante de primer curso de Ciencias Económicas, aunque este año ha sufrido un intento de maquillaje “profesional” que causa sonrojo.  Ciertamente, pero ello no preocupa a sus Ilustrísimas, porque el objeto de la Memoria no es ofrecer cifras económicas sobre su actividad con un mínimo rigor. Su verdadero objetivo es elaborar dos cifras (inventadas) y tres ideas básicas, y centrifugarlas a través de sus potentes medios de (in)comunicación y (des)información, periódicos, emisoras, televisiones, boletines y múltiples revistas, con la inestimable colaboración amplificadora de la caverna mediática de ámbito estatal y autonómica. Una vez “machacada” la opinión pública con dichos mensajes durante 15 días, el objetivo está cumplido. ¿Quién se va a dar cuenta, o a quién importa que tales “informaciones” estén basadas en invenciones o supercherías?

            11.- La siguiente página 23, encuadrada en la actividad pastoral, siembra aún más confusión. Sin aportar ninguna fuente documental, afirma que el FCI aporta el 25 % de la financiación de las diócesis, lo que permitiría cuantificar para 2011, como gasto global de éstas, en unos 791 M€. De entrada difiere de los 818 M€ ofrecidos en la página anterior en 27 M€, que no es pequeña cantidad (casi 4.500 millones de las antiguas pesetas).

            Por otra parte, al estar encuadrada en la rúbrica “Actividad Pastoral”, da la impresión de que esta ingente cantidad de dinero se dedica íntegramente a dicha finalidad. Pero al exponer en qué se emplean estos recursos, en esta página 23, se mencionan gastos de rehabilitación y en nuevos templos por valor  de 97,5 M€, que no deberían incluirse en este apartado. Como no se aporta información adicional, resulta imposible conocer con una mínima precisión de qué estamos hablando cuando se menciona la actividad pastoral o el gasto de las diócesis.

            Asimismo, en el apartado “Recursos” de esta misma página se afirma que las aportaciones de los fieles son la principal fuente de financiación de las diócesis, alcanzando más de un tercio de sus recursos disponibles. Si sus recursos disponibles son 818 M€ (página 21 de la Memoria), o 791 M€, (página 23 de la Memoria), las aportaciones de los fieles oscilarían entre los 272 M€ y los 263 M€. Pero por lo que sabemos hasta la Memoria de 2010, porque para 2011 se ha omitido esta información, es que la aportación de las diócesis al FCI estaba en torno a 13 M€, aportación que razonablemente debería de proceder de los fieles. Una vez más, con la propia información de la Memoria, las cifras no cuadran. Esta es toda la información sobre recursos y empleos que ofrece la Memoria, procedente de los datos económicos diocesanos. Y el Informe de PwC no contribuye a su aclaración.

            12.- La rúbrica encuadrada como “Actividad Educativa” merece especial atención, dada la importancia que la jerarquía católica ha atribuido siempre a conformar las mentes de las personas, a influir en la formación de opinión y a participar en la formación de élites católicas en todos los sectores importantes de la sociedad, con objeto de allegar a sus intereses el mayor número de individuos (en la política, en la judicatura, en la economía, en los medios de comunicación y en el deporte). Con el tiempo, estas personas acabarán formando parte de los grupos de presión más  determinantes, influyentes y poderosos  de la sociedad.

            Comienza este apartado afirmando que en 2011 existían 2.635 centros de enseñanza católicos (concertados o no). Y llama poderosamente la atención que en tan sólo tres años (desde 2008) se hayan reducido éstos en un ¡57 %!, pues en la Memoria de 2008 declaraban la existencia de 6.041 centros católicos. Aunque esta drástica reducción pudiera sugerir algún brusco esfuerzo “racionalizador” (al modo de lo sucedido con las sucursales bancarias), pues l@s alumn@s encuadrados se han incrementado en un 4 % desde 2008, hasta alcanzar  1.427.539 alumn@s en 2011, no parece creíble tamaña disminución en un lapso de tiempo tan breve.

            Otro aspecto que critiqué en mi análisis de la Memoria de 2008, referente a que se ofrecía la cifra global de personal, sin diferenciar entre las personas dedicadas a actividades docentes y las de otro tipo, ha sido corregido desde 2010, y para 2011 el cuadro básico de centros y personal ofrece la siguiente situación:

            Conviene realizar algunas observaciones en la comparación  entre ambos ejercicios: a) produce algún desconcierto que en las Memorias de 2008 y 2009 se ofreciera el número de todos los centros católicos, pero no de los concertados y en la de 2010 no se ofreciera la cantidad total de centros católicos, pero sí la de concertados; en todo caso, por fin, para 2011 se han aportado ambos datos; b) de acuerdo con la información de la Memoria, en 2011 había 20 colegios concertados más que el año anterior, lo que supone un pequeño incremento del 0,8 %; c) mientras que el personal total se ha incrementado en un 2,3 %, el personal docente apenas varía, pues se incrementa en un 0,5 %; d) el personal religioso total, en relación al personal total, sigue su senda descendente, pues pasa de representar el 9,2 % en 2010 al 8,3 % en 2011, lo que significa un descenso de casi un  punto porcentual en un solo año; e) el personal religioso total ha sufrido un fuerte descenso en un solo año, pues se ha reducido un 6,7 %, aunque el personal religioso docente ha sufrido un descenso aún mayor, del 8 %; f) las cifras muestran un práctico estancamiento de los alumnos en los colegios religiosos en dicho año, a tenor del incremento del 0,1 % que ofrece la propia Memoria.

            En todo caso, lo más notable de esta página 25, que estamos comentando, es la “perla” que, como todos los años, nos regala la Memoria: “los centros católicos concertados suponen un ahorro al Estado de 4.091 millones de euros”. Antes de entrar en el asunto de fondo conviene realizar alguna reflexión cuantitativa: en el año 2010, existiendo 2.445 colegios católicos concertados (porque no se ofreció el número total de centros católicos), se afirma que se “ahorraba” al Estado 4.396 M€; sin embargo un año después, existiendo 20 centros concertados más (2.465, exactamente), parecería lógico que se “ahorrara” al Estado una cantidad algo mayor. Sin embargo se “ahorró” al Estado una cantidad bastante menor, esto es, 305 M€ menos. Esta paradoja sólo podría explicarse, según esta interpretación del “ahorro” que hace el episcopado, porque los centros religiosos no concertados, que en 2011, siempre según la Memoria, eran 170, hubieran descendido drásticamente. Pero nada concluyente podemos decir, porque como ya he señalado anteriormente, la Memoria de 2010 no ofrece el número total de centros católicos.

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