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Ana Botella declara que el Ayuntamiento ‘no se ha planteado’ cobrar IBI a la Iglesia

Las consecuencias de la decisión del Ayuntamiento de Zamora de comenzar a cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el que más dinero aporta a las arcas municipales, a los edificios de la Iglesia han llegado al Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa, Ana Botella, preguntada por este asunto ha dicho que "el Ayuntamiento no se ha planteado" cobrar este impuesto.

Además, dijo que esta cuestión "no es sólo afecta a la Iglesia Católica, hay otros edificios públicos". Por ejemplo, las embajadas, e inmuebles de la Administración General del Estado y de la Comunidad de Madrid tampoco pagan. Por ejemplo, el aeropuerto de Barajas no tiene la obligación de hacer ese abono.

En la Junta de Gobierno también se ha aprobado la cifra definitiva de dinero que Madrid pedirá de crédito al Gobierno para pagar a proveedores. De los 1.017 millones que había pedido en un primer momento, ha rebajado la cifra a 1.003,7 millones que servirán para atender 1.3450 facturas.

La rebaja de las previsiones iniciales se han debido, como ha explicado la delegada de Hacienda, Concepción Dancausa, a la baja de alguna de las obligaciones, la entrada de otras nuevas o símplemente que no han sido ratificadas.

Además, se ha dado el visto bueno al recorte de 128,9 millones de euros, previsto desde enero y que están incluidos en los 160,6 que se 'pulirán' del presupuesto municipal, según se recoge en el Plan de Ajuste.

A principio del año, el Consistorio decidó retener 128,9 millones para evitar que se gastasen las partidas afectadas que estaban presupuestada y que luego no hubiese dinero para poder pagarlas. Y es que, se hizo en previsión de que los presupuestos general del Estado dieran a Madrid menos dinero del que se tuvo en cuenta meses antes de que acabase 2011, cuando se aprobaron las cuentas municipales.

Luego, ese dinero se ha incluido en un Plan de Ajuste que este año planea reducir el presupuesto municipal en 160,6 millones. Este plan es una obligación que viene impuesta por el Gobierno central que sirve para que los ayuntamientos de España que han pedido dinero para pagar a los proveedores (Madrid lo ha hecho) digan como lo van a devolver en 10 años. Durante este tiempo el préstamo se abonará con un interés no superior al 6%, según ha precisado Dancausa.

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