Amnistía Internacional considera que todas las personas tienen derecho a decidir si quieren llevar o no indumentaria o símbolos religiosos sin tener que sufrir discriminación, violencia ni coacción, según las normas internacionales de Derechos Humanos.
En un comunicado, Amnistía Internacional se refiere así a la polémica suscitada en un instituto de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón que ha prohibido a una joven ir al centro con el velo islámico. Amnistía, que ha instado a las autoridades a que el derecho de expresión de la religión esté recogido en la ley de libertad religiosa, especifica que este derecho está recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Para el director de esta organización, Esteban Beltrán, la forma en la que deciden vestirse las personas "puede ser una expresión importante de su identidad y creencias". No obstante, Amnistía Internacional señala que en la legislación internacional el derecho a usar indumentaria o símbolos religiosos "no es absoluto" y que las restricciones deben cumplir tres premisas: estar previstas en la ley, abordar un objetivo concreto legítimo y ser necesarias para lograr esa finalidad.
Además, según el comunicado, estas restricciones no pueden imponerse con un fin discriminatorio, ni aplicarse de manera discriminatoria. En relación al código de indumentaria en las escuelas, Amnistía Internacional opina que hay que tener en cuenta el derecho a la educación, a no sufrir discriminación y a manifestar las propias creencias religiosas, así como la obligación de proteger a los estudiantes de la intimidación. A juicio de Beltrán, el hecho de que la expresión de una persona "moleste a otra no constituye una base para prohibirla".
En este sentido, la organización añade en la nota de prensa, que corresponde a la autoridad competente determinar si es necesario establecer una restricción y si lo hace, debe ser en función de hechos demostrables. "La conservación de la naturaleza laica del Estado no puede, en sí misma, ofrecer una justificación indiscriminada para la restricción", señala Amnistía, que subraya que si se utiliza la violencia para obligar a un menor a vestirse de un modo determinado, el "el Estado debe intervenir".
