Al menos dos personas mueren en una nueva jornada de protestas contra el régimen militar
Después del sangriento desalojo del campamento islamista de Raba al Audawia el pasado 14 de agosto, el panorama político egipcio parece completamente encallado. Las fuerzas de seguridad prosiguen su campaña de represión contra los Hermanos Musulmanes, mientras éstos insisten en organizar manifestaciones cada vez más exiguas para exigir un imposible: el retorno al poder del presidente depuesto Mohamed Morsi. Hasta ahora, los esfuerzos de terceros actores para facilitar una salida negociada al violento pulso que enfrenta al Ejército con el movimiento islamista han resultado infructuosos.
Una vez más, la jornada nacional de movilizaciones pro-Morsi del viernes desembocó en enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de la Hermandad, que dejaron dos muertos y decenas de heridos. En algunos puntos de la geografía egipcia, como el barrio cairota de Maadi o las ciudades de Assiut y Suez, se organizaron también manifestaciones de apoyo al Ejército en las que los concentrados sostenían fotografías de Abdelfattá al Sissi, ministro de Defensa y considerado el verdadero hombre fuerte del nuevo régimen.
La hostilidad hacia el histórico movimiento islamista entre un sector de la población egipcia es tal, que ni tan siquiera quiere permitir a los simpatizantes de la cofradía realizar concentraciones públicas. En varios puntos del país, las manifestaciones de los Hermanos Musulmanes fueron atacadas y dispersadas por civiles, no por las fuerzas de seguridad. Los disturbios más graves tuvieron lugar en las ciudades de Alejandría, Suez y Kafer Batij, en la provincia de Damietta, donde falleció Ibrahim Selim, un miembro de la Hermandad.
Los disturbios llegan un día después de que el ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, saliera ileso de un atentado con coche bomba contra su convoy. En el ataque resultaron heridas de diversa gravedad una veintena de personas. Una de ellas, un civil, falleció ayer en un hospital como consecuencia de las heridas. El intento de asesinato, el primero contra un dirigente político del país desde el golpe de Estado que derrocó a Morsi, no ha sido reivindicado. Aunque los Hermanos Musulmanes condenaron la acción, una parte de la clase política y de la sociedad egipcia les atribuye su responsabilidad.
“Estos ataques tienen como objetivo definir a los grupos y partidos islamistas como diabólicos”, afirmó a la cadena Al Yazira Amr Darrag, uno de los pocos líderes que no ha sido encarcelado, sugiriendo que el propio gobierno podría estar detrás de la acción para legitimar nuevas medidas de represión. Una de ellas, la ilegalización de los Hermanos Musulmanes, parece inminente. “La decisión del ministro ha sido ya tomada, pero no se dará a conocer hasta la semana que vienen en una rueda de prensa”, declaró Hani Mahana, portavoz del ministerio de Solidaridad Social, al diario oficialista Al Ajbar.
Después de operar durante décadas en las sombras, el pasado mes de marzo los Hermanos Musulmanes se registraron como una ONG en el ministerio de Solidaridad Social. El actual ministro, Ahmed Borai, ha llevado a cabo una investigación sobre las acusaciones que pesan contra la organización de que almacenó armas en su sede social, un asunto que también estudia un tribunal administrativo de El Cairo. Así pues, la disolución de la cofradía podría venir los próximos días tanto de una decisión gubernamental como de la justicia egipcia.
Sin embargo, de momento, el gabinete está dividido respecto a este asunto, quizás a la espera del resultado de nuevas negociaciones con los líderes de la Hermandad. El primer ministro, Hazem Beblawi, echó marcha atrás en su voluntad de ilegalizar la organización, y su portavoz insistió el viernes a la cadena BBC que la decisión aún no está tomada. La prohibición no implicaría, al menos de forma inmediata, la ilegalización de su brazo político, el Partido de la Libertad y la Justicia.
