Alianza Evangélica: nueva Ley de Igualdad de Trato debe incluir a evangélicos y no afectar la libertad de expresión

La futura Ley Integral de Igualdad de Trato y la No Discriminación no debe convertirse “en un subterfugio para blindarse de la crítica de los demás”, ya que esto podría poner en riesgo la libertad de expresión y de conciencia de los ciudadanos. Es lo que cree la Alianza Evangélica Española, que valora positivamente que se ayude a “fomentar la igualdad de oportunidades en el terreno de la presencia en la vida pública” entre los más discriminados, siempre que esto incluya a los evangélicos y no recorte la libertad de exponer respetuosamente las propias ideas y valores.

Hace diez días, el gobierno español explicaba los tres grandes objetivos del anteproyecto de lo que será la Ley Integral de Igualdad de Trato y la No Discriminación: dar más recursos jurídicos a quienes sean discriminados, identificar y estudiar las causas de discriminación, y sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre las discriminaciones que se están dando.

La titular de Igualdad, Leire Pajín, explicaba entonces que esta ley es necesaria porque “se trata de construir una sociedad que no humille a nadie y en la que nadie sea humillado: una sociedad donde sentirse seguro y amparado por la ley”.

Añadía que pese a que la Constitución ya habla contra la discriminación “por lugar de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, condición y opinión”, la iniciativa del gobierno socialista quiere ampliar explícitamente la protección a nuevas áreas. Por ello, ahora “también hablamos de edad, discapacidad, identidad sexual y enfermedad”, decía Pajín.

GOBIERNO QUIERE “GARANTIZAR” IGUALDAD
Por su parte, la portavoz del PSOE sobre temas de Igualdad, Carmen Montón, ha afirmado que esta norma debe ser calificada como una “ley de garantías” que tendrá la intención de proteger a los ciudadanos frente a cualquier tipo de discriminación, que “no quedará impune”.

Por tanto, se pondrían en marcha con la nueva ley “tanto mecanismos de prohibición y políticas de integración y respeto a la diversidad, como de apoyo a las víctimas y de reparación a través de la intervención judicial”.

Si se cumplen las previsiones del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, esta nueva ley entraría en vigor a partir de 2013. Discriminar a alguien podrá llevar a multas desde 150 euros en los casos más leves hasta 500.000 euros en los más graves.

CONCEPTO “DISCRIMINACIÓN” AMPLÍA SU SIGNIFICADO
El texto del anteproyecto de ley, que el gobierno asegura que está abierto a nuevas aportaciones de diferentes sectores de la sociedad, se adaptará a normativas europeas sobre discriminación. Por tanto, el concepto “discriminación” pasará a ser más sensible, y englobará nuevas formas denunciables, como la discriminación por asociación, por error, por discriminación múltiple, por acoso discriminatorio, inducción o instrucción y por represalias.

De esta forma, la ley pretende “sacar a la luz y visibilizar los problemas de discriminación que existen en la sociedad”. Está por ver si el Gobierno elaborará estadísticas públicas, por ejemplo, de denuncias por motivos de racismo, similares a las que tienen otros países de la UE.

Otra novedad que introducirá la ley es que el fiscal general del Estado designará a un fiscal de sala delegado para promover y coordinar las actuaciones penales que sancionen comportamientos discriminatorios en todo el territorio español. El ministerio fiscal dará, de esta forma, la misma importancia a la lucha contra la discriminación que la otorgada a los delitos en otras materias como la violencia de género o la seguridad vial, que también cuentan ya con fiscales especializados.

Además, para dar cobertura a la ley, el Gobierno creará un nuevo organismo, la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. En este, se coordinará a las entidades que trabajan en la actualidad en estas materias, como la Subdirección General para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, el Observatorio del Racismo y la Xenofobia, y parte de la Fundación Pluralismo y Convivencia y del Observatorio de Educación.

Entre las asociaciones que participarán en el proceso de consultas que el Gobierno quiere hacer antes de procesar la Ley, está la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que ha sido de las primeras entidades en celebrar la ley, porque se contemplará específicamente la discriminación por identidad de género y por enfermedad (lo que incluye a las personas VIH+).

AEE: “APOYO” MATIZADO Y DESEO DE COLABORAR…
La Alianza Evangélica Española (AEE) se ha unido al debate con un comunicado que reflexiona sobre la nueva ley en proceso. En un comunicado, destaca como “procedente” la iniciativa a favor de la igualdad de trato en la sociedad, y apoya su elaboración en términos generales, recordando que precisamente los evangélicos tienen una “larga experiencia de desigualdad en el trato”, después de “sufrir persecución durante cinco siglos en nuestro país por cuestiones de opinión, expresión y reunión”.

Sigue el comunicado que sería “injusto”, por tanto, que los evangélicos quedasen “fuera de la protección que brindará la nueva ley”. Explica la AEE, que “estamos a favor de que se tomen medidas para fomentar la igualdad de oportunidades en el terreno de la presencia en la vida pública y la asignación de recursos públicos para los colectivos que han sufrido discriminación”. Y matiza una vez más, como en anteriores ocasiones, que “los evangélicos no pedimos privilegios”, sino que “reclamamos equiparación e igualdad de trato”.

En la línea de la Igualdad de Trato que la nueva ley impulsaría, la AEE recuerda que “una de las peores formas de exclusión de un colectivo es la invisibilidad y aún peor es que cuando se hable de él, sea mayormente para denostar, denigrar o desinformar”.

…LA LEY NO DEBE RECORTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La forma en la que se plantea la futura Ley de Igualdad de Trato, sin embargo, plantea algunos peligros, considera la AEE. Entre ellos están el riesgo de que el concepto de no discriminación sea mal utilizado.

“Consideramos esencial que la Igualdad de trato no se consiga a costa de la pérdida de derechos fundamentales como son la libertad de expresión y la libertad de conciencia”, se remarca. “Ningún colectivo debe confundir la crítica, el desacuerdo y la divergencia lícita de opiniones con un maltrato”.

“Que otros ciudadanos puedan opinar negativamente de nuestras actividades y creencias y lo hagan en público de forma respetuosa, no es una incitación al odio”, enfatiza el texto.

RIESGO DE “BLINDAR” A COLECTIVOS
Por tanto, la ley “no debe dar pie a que cualquier colectivo aduzca que sufre ‘lenguaje agresivo’ o ‘incitación al odio’ como un subterfugio para blindarse ante la crítica de los demás hacia sus propias ideas”. Sería peligroso utilizar la medida para acallar, bajo la acusación de discriminación, las ideas u opiniones que sean diferentes a las de otros grupos en la sociedad. En otras palabras, “la Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación no puede ser discriminatoria”, dice la AEE.

La AEE también pide que la futura ley “respete el derecho de instituciones, organizaciones, empresas, etc. cuya ética esté basada en la religión o en una creencia filosófica, a imponer a los asalariados en el contrato de trabajo una forma de lealtad que sea coherente con el código ético de la organización”. Las organizaciones o empresas contratantes deben mantener el derecho a seleccionar su personal, en entre otros criterios, según su enfoque en cuanto a creencias y ética, algo que la Corte Europea de Derechos Humanos respalda, en su reciente sentencia del 23 de septiembre de 2010.

Un último punto polémico era la posibilidad de invertir la carga de la prueba en los juicios a favor de la persona que sufre la discriminación, para que sea el denunciado el que tenga que demostrar su inocencia. Si “se produjese la inversión de la carga de la prueba, además de derribar el concepto de presunción de inocencia, podría iniciarse una “caza de brujas” en la sociedad española del siglo XXI que supondría una regresión en derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución”, considera la AEE. Este punto, pese a que aplicado en otros países europeos, no parece estar en los planes del Gobierno español.

INTERÉS EN APORTAR A LA NUEVA LEY
El comunicado de la AEE concluye con la voluntad de colaborar y aportar al debate social sobre la Igualdad de Trato: “Desde la Alianza Evangélica Española, como miembros de las Alianzas Evangélicas Europea y Mundial, ofrecemos al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad nuestra colaboración para cooperar en el desarrollo de una Ley que se ajuste a los puntos vitales que antes hemos señalado”.

MÁS INFORMACIÓN
Puede leer el comunicado completo de la AEE aquí.

También puede leer el. anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y No discriminación.

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