Al Ministro de Educación, a propósito del «Pacto»

Agradecemos la remisión del borrador para un “Pacto Social y Político por la Educación” a la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid. Y por ello nos vemos obligados, aunque solo sea por educación, a remitirle nuestra opinión, una vez analizado el documento que nos presenta.

Tras leer las 38 páginas del borrador hemos constatado el carácter técnico del mismo y una total ausencia de los aspectos políticos (a pesar de ser un pacto político) que obvian el carácter laico que debe tener la escuela pública y que es el pilar principal que sustenta nuestra asociación.

No se dice nada de una escuela sin símbolos religiosos, algo que venimos reclamando desde hace varios años, y que nos está costando tiempo, trabajo y dinero (Su opinión es contraria a la nuestra como dejó ver en una visita a Valladolid donde expresaba el apoyo a los planteamientos de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León).[1]

Tampoco se habla del obstáculo que supone la asignatura de religión dentro del horario lectivo, que conlleva la discriminación y segregación del alumnado según sus creencias o no creencias. No podemos aceptar que se obligue a quienes no quieren recibir enseñanzas de religión a estar separados de su clase y a adaptarse al horario y exigencias de quienes desean seguir imponiendo esas enseñanzas en el horario lectivo, sufriendo el “castigo” de estar sin hacer nada en la Atención Adecuada Educativa.[2]

La religión interrumpe el funcionamiento común e integral del horario lectivo e impide que ese tiempo se dedique a desarrollar otro tipo de áreas o aprendizajes. Con la normativa actual, la religión ocupa una media de 945 horas en el conjunto de las etapas Infantil y Primaria y de 450 horas en la ESO, carga horaria superior a la de materias tan importantes como la educación física o artística.

El desembolso económico para pagar al profesor-catequista de esa asignatura, sueldo que pagamos todos los ciudadanos seamos creyentes o no, supone una forma más de discriminación hacia un sector de la ciudadanía.[3]

Hoy en España sigue existiendo la enseñanza de la asignatura de religión católica en los centros públicos, si bien es cierto que es una asignatura optativa. ¿Qué pasaría si en vez de Religión católica se impusiera una asignatura de Humanismo ateo y los niños/as tuvieran que elegir la asignatura que se propone como alternativa? La solución no pasa por implantar asignaturas de todas y cada una de las opciones espirituales existentes, sino por erradicar toda enseñanza religiosa, así como atea o agnóstica, de la enseñanza pública.

Las creencias religiosas, como las convicciones ateas y agnósticas, conciernen solo a algunas personas, aunque su número sea alto, y precisamente por ello tienen un carácter particular. El dinero público no puede por tanto ser utilizado para promoverlas. Debe estar reservado para servir al interés común de todos, excluyendo todo privilegio otorgado ya sea a la religión o a la convicción atea.

Es de interés general financiar los estudios controlados, con ayudas a los trabajos escolares para los alumnos/as con dificultades, crear bibliotecas, ayudar a la integración de los emigrantes allí donde las condiciones de vida son más difíciles. Por el contrario, no es de interés general financiar la promoción de algunas creencias o la construcción de lugares de culto que solo conciernen a quienes se adhieren a una religión determinada.

La Escuela Laica no tiene ningún tabú, y su función es extender lo más posible el campo del conocimiento. Está claro que los maestros/as deben respetar una deontología laica. En ningún caso deben servirse de su posición para imponer sus propias opiniones. Por ello ningún representante de las religiones está habilitado, en cuanto tal, para intervenir en la enseñanza laica.

La Escuela Laica que pretendemos construir no tiene sentido si no es Pública pues entendemos que la verdadera educación debe ser una educación en igualdad, y esa igualdad solo es posible en y por la escuela pública. Resulta sarcástico, en cambio, que la identidad de los centros de enseñanza venga fuertemente condicionada, de hecho, por la capacidad económica de un sector de la ciudadanía y , aún más , que sea el propio Estado el que subvencione con dinero público unos colegios privados, de hecho, elitistas y en algunos casos incluso constitucionalmente discriminatorios En una situación social de marcada desigualdad real, la escuela pública es la única capaz de proporcionar la igualdad de oportunidades a todo su alumnado y un horizonte común de posibilidades.

La Escuela debe ser pública, para que la disparidad de condiciones económicas no influya sobre el acceso al saber. Los objetivos deben estar claros: la libertad y la igualdad. Los medios también: evitar confundir la opinión con la verdad, la creencia con el conocimiento, además de evitar solapar moral y religión. Una escuela concebida de esta manera solo puede ser laica. Son las familias las que han de acatar, si tal es su deseo, el cuidado de procurar una educación religiosa a sus hijos/as, y no la escuela pública, cuya vocación es de naturaleza diferente, pues es universal.

Para la escuela pública, carente a menudo de los medios de los que disfruta la escuela privada, la exigencia de financiación reviste una importancia particular. No hay ninguna razón por la que privar a la escuela pública de una parte de los fondos públicos, pues se trata de una escuela abierta a todos.

La reivindicación por parte de las escuelas privadas confesionales de un carácter propio no tiene nada de ilegitimo, pero precisa que la libertad así reclamada no puede depender, sin caer en contradicción, de una demanda de financiación.[4]

El derecho de los padres a determinar la educación que quieren dar a sus hijos no debe estar en poder de ninguna asociación o iglesia particular, como pretenden quienes a él apelan, sino del Estado, que es el encargado de velar por el estricto cumplimiento de los derechos de igualdad y libertad de todos los ciudadanos.

El Estado aconfesional ha de distinguir muy bien entre escuelas públicas y privadas, permitiendo a estas últimas dar una educación conforme a sus principios particulares, pero también debe ejercer la inspección de los centros de enseñanza privados como un deber del Estado. ¿Cómo sino controlar el derecho de los alumnos/as de la concertada que no quieren religión, o la de aquellos centros que los separan por sexos impidiendo un derecho como el de la coeducación?

La Escuela Pública y Laica pretende atajar de raíz esta injusticia histórica, que algunos sectores clericales se empeñan en perpetuar. El ideal de la laicidad, aplicado a la escuela pública, se basa en el principio de la igualdad de trato de todos los alumnos, independientemente de su opción espiritual, sexo, raza o ideología política.

Por todo ello no entendemos el sistema público educativo que propone en el borrador que abarca tanto la escuela pública como la privada concertada y su equiparación en derechos y financiación. Si se reconoce que la educación es un servicio público no se puede admitir centros con ideario.

Pedimos, por tanto, que la escuela privada concertada sea subsidiaria de la pública, lo que implica su existencia únicamente donde haga falta porque la pública no llega y por tanto con carácter temporal.

Todo lo expuesto hasta ahora es el fundamento de la existencia de nuestra asociación y por tanto a lo que no podemos renunciar. Sabemos que tenemos la Razón, como la tenían Condorcet, Giner de los Ríos, Pestalozzi, Ortega y Gasset, Weber, etc…

Podemos hacer algunas otras reflexiones sobre otros puntos del borrador, que por su ausencia nos llama la atención como es:

el establecimiento de una ratio menor para mejorar la calidad de la enseñanza, si queremos una atención individualizada del alumnado y luchar contra el abandono escolar prematuro.
la gratuidad de las actividades extraescolares en la escuela pública.
un nuevo concepto que estamos empezando a plantear debido a la aparición de la llamada Escuela 2.0 como es el de Escuela Saludable donde planteamos la eliminación de la red Wi-fi sustituyéndola por el cableado.
Pero eso lo vamos a dejar para que lo desarrollen compañeros de otras organizaciones políticas, sindicales y demás plataformas a favor de una escuela pública.

Muchas Gracias por su Atención

Fdo.: Carlos Parrado Iglesias
Presidente de ACEL de Valladolid

Notas:
[1]Declaraciones en la prensa durante la visita realizada el 18 de noviembre de 2009: “veo razonable la postura de la Junta de Castilla y León de defender la competencia de los Consejos Escolares respecto a la existencia de símbolos religiosos en los centros escolares públicos”. El Norte de Castilla.
[2] ¿Debe fomentarse la lectura en los alumnos de Bachillerato que no van a religión?
[3] Ver: www.escuelalaica.com :Sección Estudios: “Religión en la escuela, peaje obligatorio”
[4] Abate Lemire: “Discurso en la Cámara de los Diputados” en Journal officiel del 12 de diciembre de 1921.

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