Al menos 48 municipios promueven recurrir la ley que la Iglesia usa para escriturar bienes

Un centenar de representantes locales alertan en la asamblea de Burlada de «la gran privatización» obra del Arzobispado. Instan a derogar por inconstitucional el reglamento hipotecario de la era Aznar

  La reforma de la Ley Hipotecaria decretada por el Gobierno de Aznar en 1998 puede tener sus días contados, y su derogación acabaría también con la escrituración masiva de propiedades públicas que desde entonces realiza el Arzobispado de Pamplona y Tudela. De hecho, hasta ahora han sido 48 los ayuntamientos navarros que han ratificado en Pleno la iniciativa para impulsar un recurso de inconstitucionalidad contra dicho texto legislativo, pero seguramente serán finalmente más de un centenar los municipios que se sumen a ella.

Así se constató ayer en la asamblea de municipios convocada por el alcalde de Huarte, representante de la comisión de ayuntamientos que lucha contra la escrituración de 1.087 edificios y otros bienes que ya ha ejecutado la Iglesia en Navarra. A dicha reunión acudieron ayer más de 100 interesados entre concejales, parlamentarios (al menos María Luisa Mangado, de NaBai) y particulares, además de al menos una treintena de alcaldes, entre ellos los de Huarte, Irurtzun, Bera, Alsasua, Etxauri, Oteiza, Orbaitzeta, Leoz, Esparza de Salazar, Oroz Betelu, Lerga, Imotz, Auritz-Burguete, Gallipienzo, Aguilar de Codés, Garísoain, Garínoain, Guesálaz, Unzué, Igantzi, Cirauqui, Ciriza, etcétera. En la asamblea se hizo balance de la propuesta lanzada por la comisión municipal en defensa del patrimonio, que alerta de "la gran privatización" que se está produciendo y que además "pretende seguir siendo costeada con el dinero de todos". Así las cosas, el acuerdo ya tomado por 48 consistorios y que puede aprobarse en al menos otros 70 (la asamblea se constituyó en 2007 con la adhesión de 117 municipios) insta al Gobierno foral a que facilite "información exacta de todo lo inmatriculado por la Iglesia desde 1946 hasta 1998", año en que se modificó la Ley Hipotecaria. Ya se sabe que desde 1998 el Arzobispado ha escriturado a su nombre 1.087 propiedades.

el recurso Otro punto aprobado insta al Parlamento de Navarra y al Gobierno a que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la Ley Hipotecaria, por ir contra el artículo 16 de la Constitución, donde se afirma que "ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal".

También se insta al Ejecutivo foral a que asesore y apoye jurídicamente a los municipios que quieran recuperar los bienes escriturados por la Iglesia, y a que asuma dicha defensa en el caso de entidades locales que por "desinterés o incapacidad económica" no puedan hacerlo. En la declaración se subraya que "los navarros deben conocer hasta qué punto siguen manteniendo casi en su totalidad unos bienes ahora privatizados", por lo que se exige al Gobierno que detalle las inversiones públicas realizadas en los edificios que la Iglesia ha escriturado a su nombre desde 1998.

efectos de la privatización Desde la comisión municipal en defensa del patrimonio, Javier Basterra (alcalde de Huarte por NaBai) advirtió ayer de que "la diócesis no ha dado marcha atrás, y en algunos pueblos se ha puesto precio a la utilización de las iglesias por parte de los ayuntamientos; se cobra entrada en algunos lugares, se han vendido bienes a terceros", e incluso algunos asistentes alertaron de que "hay inmobiliarias que tienen a la venta inmuebles en nombre del Arzobispado".

Por parte de la Plataforma en Defensa del Patrimonio, el tafallés José Mari Esparza Zabalegui se mostró optimista: "En estos dos años y medio, hemos vencido y convencido en la batalla ética y en el debate, y ya nadie defiende lo que ha hecho el Arzobispado, ni siquiera sus partidos más afines; incluso hay creyentes trabajando en nuestra plataforma". El conflicto, subrayó "no sólo es navarro, sino estatal, y EA ya ha pedido la relación de lo escriturado por la Iglesia en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y posiblemente Izquierda Unida lo exija en el Congreso". El presidente de la plataforma, Pedro Leoz, de 80 años, intervino para subrayar que "nuestros pueblos están levantando la bandera de la verdad y la justicia; el afán de enriquecimiento de la Iglesia es contrario al Evangelio".

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